28 septiembre, 2010
Los riesgos de desastres naturales siguen siendo altos en América Latina y el Caribe, sostiene el BID
| Más Información | Sergio Lacambra
Especialista senior de Desastres Naturales y Manejo de Riesgo del BID
slacambra@iadb.org | | | | | | Nuevos indicadores muestran algunos avances en la gestión del riesgo de desastres, pero la región necesita hacer más América Latina y el Caribe enfrentan costos económicos y sociales potencialmente paralizante en caso de desastres naturales y debe hacer más para reducir los riesgos y preparar las finanzas del gobierno para responder a eventuales catástrofes, según un nuevo conjunto de indicadores divulgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La nueva edición de Indicadores de Riesgo de Desastres y Gestión de Riesgos detalla las pérdidas económicas potenciales que podría sufrir en caso de un desastre natural un grupo compuesto por 17 países de la región, y evalúa asimismo la eficacia de esos gobiernos en la gestión de estos riesgos. Los indicadores muestran que los sistemas y las políticas de gestión del riesgo de desastres en la región, siguen siendo insatisfactorios. Los últimos resultados de los indicadores de riesgo se presentarán durante la Novena Reunión Consultiva del Fondo Mundial para la Reducción de Desastres y la Recuperación, que se celebrará en la sede del BID del 4 al 7 de octubre. El sistema de indicadores —desarrollado en 2005 con apoyo financiero del Fondo Fiduciario con Múltiples Donantes para la Prevención de Desastres del BID y el Fondo Especial del Japón—, permite a los países evaluar mejor sus riesgos, sirviendo como una guía útil para la formulación de políticas y acciones gubernamentales para reducir las pérdidas humanas, financieras y económicas, además de infraestructura, causadas por terremotos, inundaciones y otros fenómenos naturales. El BID está trabajando actualmente con 15 países de América Latina y el Caribe en proyectos relacionados con la gestión del riesgo de desastres. Las pérdidas humanas y económicas causadas por desastres naturales se han incrementado en esta región en el último siglo, como consecuencia del crecimiento demográfico, la urbanización no planificada, la sobreexplotación de los recursos naturales y, probablemente, los efectos del cambio climático. Terremotos, inundaciones y tormentas causaron US$34 mil millones en pérdidas económicas en 2000–2009, en comparación con las pérdidas de US$729 millones en la década de 1940. Por ejemplo, los indicadores muestran que si Perú se viera afectado hoy por un terremoto similar al que afectó a Chile a principios de este año, podría sufrir pérdidas económicas de hasta US$15.800 millones. Un caso similar podría causar pérdidas de hasta US$5.200 millones en México, 3.800 millones dólares en Colombia y US$3.500 millones en el Ecuador. “La región se enfrenta a niveles significativos de riesgo que, aparentemente, no están siendo considerados en su totalidad por los hacedores de políticas y la sociedad en general. De acuerdo a nuestras estimaciones, América Latina y el Caribe han mostrado niveles insatisfactorios de gestión de riesgos”, dijo Héctor Malarín, jefe de la División de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Gestión de Riesgos del BID. “A fin de mejorar su gestión del riesgo, los países deben actualizar sus políticas, y mejorar la integración entre los organismos que se encuentran ubicados en el nivel central y subnacional de los respectivos gobiernos, así como invertir para reducir, retener y transferir estos riesgos”. Los indicadores  El sistema de indicadores se compone de cuatro índices principales. El Índice de Déficit por Desastre (DDI, según sus siglas en inglés), compara las potenciales pérdidas económicas que un país puede enfrentar con la capacidad financiera del gobierno para hacer frente a estos costes. Honduras, Barbados y Nicaragua son los países que muestran un mayor déficit potencial, mientras que Trinidad y Tobago, Chile y Argentina tienen los niveles más bajos.
 El Índice de Desastres Locales (LDI, según sus siglas en inglés), evalúa los riesgos sociales y ambientales derivados de los recurrentes desastres de pequeña escala, a partir de las cifras de pérdidas humanas, el número de personas afectadas y los daños producidos a viviendas y cultivos. A diferencia del DDI, este índice toma en cuenta eventos que a menudo producen pocas víctimas y ocurren en zonas remotas, atrayendo rara vez la cobertura de los medios de comunicación. Sin embargo, la acumulación de las pérdidas causadas por las catástrofes recurrentes puede socavar el desarrollo a nivel local y nacional. El LDI puede ayudar a orientar las decisiones relacionadas con la utilización de la tierra, las redes de seguridad social y la gestión de riesgos a nivel local.
En el marco del LDI, Panamá, Costa Rica y El Salvador son los países que tienen mayor incidencia y los que más sufren periódicamente los efectos de los desastres de pequeña escala. Argentina, Colombia y Bolivia son los países que tienen una alta concentración de pequeños desastres que afectan sólo a muy pocas áreas locales.  El Índice de Prevalencia de Vulnerabilidad (IPV) evalúa las condiciones predominantes de vulnerabilidad en un país determinado mediante la medición de la exposición a las actividades humanas y económicas en las zonas propensas a los desastres, así como la capacidad de absorber los impactos de los desastres. Los tres indicadores compuestos que conforman este índice considera factores como el crecimiento demográfico, la densidad de población, la pobreza y el desempleo, la degradación del suelo causada por la acción humana, el equilibrio de género, el gasto social y el seguro de la infraestructura y la vivienda.
Según el IPV, Nicaragua, Honduras y Jamaica mostraron los niveles más altos de vulnerabilidad, mientras que México, Argentina y Chile exhiben los niveles más bajos.  El Índice de Gestión de Riesgos (RMI, según sus siglas en inglés) combina diversas medidas para evaluar la capacidad del país para identificar y reducir riesgos, responder y recuperarse de las catástrofes, y proporcionar protección financiera y una adecuada transferencia del riesgo. Según el estudio, todos los países analizados por el índice muestran niveles insatisfactorios en la gestión del riesgo de desastres.
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