El Comercio
RINCÓN DEL AUTOR
Otra bomba de tiempo a la vista
Por: Hugo Guerra
Sábado 25 de Setiembre del 2010
El Gobierno vuelve a equivocarse peligrosamente al tratar a militares y policías de manera injusta, discriminatoria e incluso inconstitucional.
En el anteproyecto del Presupuesto General de la República para el 2011, trabajado por la ex ministra de Economía Mercedes Aráoz, se persiste, efectivamente, en propuestas absurdas:
Primero, se postula la eliminación de la mal llamada cédula viva para los actuales pensionistas de FF.AA. y PNP, lo cual es demagógico porque en el Perú militares y policías tienen derecho adquirido a una pensión renovable debido a que su régimen laboral es totalmente diferente al de cualquier personal civil (incluso las normas los consideran como funcionarios de Estado y no funcionarios públicos). Esto se explica, entre otras cosas, por el riesgo de vida, disponibilidad permanente, no cobro de horas extras, trabajo en zonas de emergencia, no deliberancia, imposibilidad de sindicalizarse, etc. Además, los militares no tienen 14 sueldos al año ni CTS y su régimen es práctica común en casi todos los ejércitos del mundo porque jamás podrá haber una AFP para este sector.
Luego, se plantea la liquidación de la Caja de Pensiones Militar-Policial, sin recordar que desde el 2006 los ministros de Defensa Wagner, Flores-Aráoz y Rey trabajaron una propuesta de reestructuración salarial y pensional que se resume en una viable homologación de sueldos y con ordenamiento total a través de incrementos escalonados en 5 años. Para eso no es necesario que se liquide la caja, sino que el Estado le reconozca y pague progresivamente su deuda ascendente a más de 1.300 millones de soles (acumulados entre 1980 y enero de 2010), que el Fedadói le devuelva los 240 millones de soles recuperados de los corruptos y que los aportes se incrementen (de 6% a 15% a cargo del Estado, de 6% a 12% a cargo del personal, más un aporte adicional de los jubilados).
Solo manteniendo la vigencia de la caja se garantizaría un sistema previsional, sin afectar al tesoro público ni el derecho de los jubilados actuales, y estableciendo el fin de las pensiones renovables recién a partir de fecha futura.
La tercera propuesta, de recortar las partidas presupuestales para el VRAE es nefasta y sería una afectación maliciosa de la seguridad y la defensa nacional en la lucha contra el narcoterrorismo.
La cuarta propuesta, de suspender por dos años el ingreso a las escuelas de formación de las FF.AA., es peligrosa. La dotación de personal no se establece al azar, sino a partir de planes institucionales estratégicos de largo plazo, y de un análisis de las amenazas para el país. Por tanto, se afectarían directamente los lineamientos de la Política de Defensa Nacional a través de una ley presupuestal que, por la puerta falsa, modificaría inconstitucionalmente nada menos que el rol de las Fuerzas Armadas.
La quinta propuesta consiste en una disminución presupuestal el 2011 en más de 700 millones de soles, porque el eventual incremento salarial selectivo, proyectado antitécnicamente, implicaría recortar las partidas operativas de los institutos armados. Baste un solo ejemplo: si se aprueba el proyecto de ley, el Ejército debería reducir en 50% sus tropas del servicio militar voluntario, se tendrían que replegar las bases contra terroristas en el Huallaga, los puestos de vigilancia en el Putumayo, la cordillera del Cóndor, y no se podrían garantizar las elecciones generales del próximo año.
Reiteradamente el presidente García ha ofrecido solucionar el problema estructural de FF.AA. y PNP, el ex primer ministro Velásquez Quesquén se comprometió a no afectar a los jubilados, sin embargo, el nuevo Gabinete recibe –bajo forma del proyecto de ley presupuestal– una bomba de tiempo que afectaría desde las condiciones de vida hasta la moral del personal y sus familiares (en total más de dos millones de personas).
Los argumentos económicos esgrimidos son inconsistentes, las cifras oficiales incorrectas (por ejemplo se ha dicho que un general de división gana S/.13.817 y es falso porque nadie percibe más de S/.8.875, frente a los 7 mil dólares de un general chileno). Si a eso se suma el maltrato político, legislativo y jurídico que llevó a abortar una norma esencialmente buena pero desnaturalizada como el D.L. 1907 –que injustamente le costó el cargo de ministro a Rafael Rey–, cabe volver a preguntarse si todo este maltrato obedece a una cuestión ideológica, incomprensión de roles, odio, incompetencia o intereses ocultos.
La democracia en el Perú jamás será sólida si no integra plenamente a sus FF.AA. y policiales, porque en el mundo (y ojo que Costa Rica no es una excepción) no existe un solo Estado que pueda, realmente, prescindir de ellas, salvo que esté dispuesto a perder su plena soberanía.
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