Fiscalía investigará a 14 jueces y fiscales del Santa y de Áncash
Fiscalía Suprema de Control Interno encontró graves irregularidades en investigaciones de corrupción en casos relacionados al presidente regional César Álvarez. Se ha dispuesto la revisión de todos los casos archivados.
César Romero C.
Graves irregularidades en las investigaciones de corrupción en la región Áncash encontró el personal de la Fiscalía Suprema de Control Interno que visitó las sedes de la Fiscalía en los distritos judiciales del Santa y Áncash.
La visita de control duró 10 días y permitió recoger copias de carpetas fiscales y expedientes judiciales en investigaciones al presidente César Álvarez y funcionarios de la región Áncash y municipalidades de dicha zona.
Basado en dicha información, el fiscal supremo de Control Interno y fiscal de la Nación electo, Carlos Ramos Heredia, iniciaría investigación al menos a 14 magistrados de Chimbote y Huaraz.
Ramos Heredia recibió el miércoles 16 de abril un informe pormenorizado de los hallazgos. En la reunión estuvo presente la jefa de la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Santa, Ruth Mariel Gonzales Sánchez.
Se han descubierto irregularidades tanto a nivel de la fiscalía como del Poder Judicial. Las investigaciones estaban mal planteadas o no se realizaban las diligencias necesarias para esclarecer los hechos denunciados.
A LA OCMA
En otros casos, los fiscales no apelaban las resoluciones judiciales que rechazaban las denuncias o que cuestionaban las investigaciones mediante hábeas corpus o acciones de amparo.
A nivel judicial, muchas resoluciones de sobreseimiento de causa o de acciones de garantía no están debidamente fundamentadas o estas son insuficientes o no explican por qué se toma una u otra decisión.
La información referente a los magistrados del Poder Judicial será adicionalmente remitida a la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA).
El personal de la Fiscalía de Control Interno volverá a viajar al Santa y a Áncash para recoger información adicional, en especial de todos las investigaciones de casos de corrupción archivadosdurante estos años.
Pese al hermetismo con el que se maneja el tema, trascendió que entre los fiscales que serán investigados se encuentran el ex fiscal superior coordinador anticorrupción Pedro Reyes Calderón, José Olivos Cosio, Laureano Añanca Chumbe, Miriam Vilva Juárez, Ángel Chicle Flores y el fiscal superior Romel Paz Sánchez.
Romel Paz solicitó 20 años de prisión para los presuntos sicariosAlexis Reyes Camones, "Loco Alexis"; Arnaldo Ordinola Muñoz, "Nayo"; y Jaime Sánchez Cachay, "Piolín", por el atentado contra Ezequiel Nolasco, donde murió su hijo.
Sin embargo, cuando los jueces de la Sala Penal Liquidadora del Santa, Linda Vanini Chang, Pedro Rodríguez Huayaney y Roma Cruz Avilés, lo absolvieron, Paz se quedó conforme y no apeló para que el veredicto sea revisado por la Corte Suprema.
BECARIOS
¿Por qué Paz no apeló? Eso es algo que él deberá esclarecer en la investigación. Lo mismo tendrán que hacer los jueces superiores Vanini, Rodríguez y Cruz. Ellos formaron parte del selecto grupo de magistrados que viajaron, a fines del 2012, aSan Diego, California, a una capacitación pagada por laadministración Álvarez.
Otros jueces que están en la mira son Eloy Sotelo Mateo y Ever Gutiérrez. Eloy Sotelo, otro de los jueces becados por la región Áncash, excluyó al alcalde del Santa, Luis Arroyo, de la investigación del caso La Centralita.
Mientras que Ever Gutiérrez, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, por un lado demoró incorporar como actor civil a la Procuraduría en el caso La Centralista, y, de otro lado, en tiempo récord, excluyó del proceso a los llamados "periodistas comando".
Por el mismo tema deberán responder los jueces de la Sala de Apelaciones de Huaraz Carlos Rodríguez Ramírez, Betty Tinoco Huayaney y Demetrio Vela Marroquín, que excluyeron a César Álvarez.
Se actuará con celeridad, dice
"Vamos a actuar con celeridad y drásticamente en el Santa y Áncash para recuperar la imagen del Ministerio Público y terminar con la impunidad que parece reinar en la zona", afirmó el fiscal supremo de Control Interno y fiscal de la Nación electo, Carlos Ramos Heredia.
"Estamos iniciando ya procesos disciplinarios y en otros estamos en la fase de recojo de elementos que nos permitan definir si se actúa por negligencia o desconocimiento o es evidente una inconducta funcional que debe aclararse en una investigación", subrayó.
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Fiorella Nolasco estará el 29 en el Congreso ante la comisión del caso Áncash
Fiorella Nolasco, la hija de Ezequiel Nolasco, el asesinado ex consejero regional, será la primera invitada a la Comisión del Congreso que tiene a cargo la investigación al Gobierno Regional de Áncash.
Así lo informó a La República el presidente de ese grupo de trabajo, el legislador de Acción Popular-Frente Amplio, Mesías Guevara. Guevara dijo además que la presentación de Nolasco se programará para el próximo martes 29. "Ya está acordado y se le cursará la invitación", explicó Guevara.
Guevara informó que la sesión será reservada. "Esperamos poder transmitirle a Fiorella que puede confiar plenamente en el trabajo de la comisión", sostuvo. Añadió que le solicitarán a Nolasco toda la información en su poder.
La comisión recibió del presidente regional de Áncash, César Álvarez, una solicitud para presentarse y poder ofrecer su declaración. Sin embargo, la comisión investigadora acordó que Álvarez será citado todavía más adelante, luego de que termine esta primera fase indagatoria.
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José Hernández de Toro: "Yo no respondo por los demás sino por lo que hacemos nosotros"
Lupe Muñoz
El representante en el Perú de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), cuya institución fue contratada por gobiernos regionales y alcaldías para licitar una serie de obras públicas, algunas de las cuales son objeto de investigación, explica qué tipo responsabilidad le corresponde en las contrataciones.
¿Hasta qué punto la OEI es responsable de las licitaciones, contrataciones y adjudicaciones que le encargan gobiernos regionales y alcaldías?
La competencia la marca la legislación peruana. La Ley de Contrataciones del Estado prevé que las entidades del Estado acudan a organismos internacionales, como el OEI, para desarrollar este tipo de trabajo. Un proceso de inversión pública tiene tres etapas muy marcadas: primero la elaboración del expediente técnico; segundo, una vez que la entidad del Estado aprueba el trabajo de un organismo internacional, comienza por convertir el expediente técnico en unas bases de convocatoria, luego de lo cual se convoca el proceso y se otorga la buena pro al postor que cumple los requisitos técnicos y hace la mejor oferta económica.
¿La OEI firma el contrato?
Una vez que termina la tercera etapa se envía la documentación a la entidad del Estado que es la que firma el contrato con el postor ganador. Es la entidad la que tiene que hacer la supervisión de la ejecución del proyecto. Esa parte corresponde a la entidad del Estado.
¿Qué sucede si una entidad del Estado no está conforme con la obra entregada o el bien adquirido por la OEI?
Nosotros ya no tenemos intervención. Lo que nosotros garantizamos es que al hacer un proceso de selección (de la empresa) pedimos una carta fianza, con lo que evitamos que se filtren los aventureros y solo queden las empresas más solventes. La carta fianza es una garantía de fiel cumplimiento del contrato. Lógicamente, si la empresa no cumple, o la entidad pública no le exige el cumplimiento, eso ya queda fuera de nuestro ámbito de responsabilidad. Entonces pueden hacer su tarea de fiscalización la Contraloría o la Fiscalía.
Precisamente, en el caso de la compra de las ambulancias por el Gobierno Regional de Áncash, un perito de la Contraloría encontró que los vehículos no cumplen requerimientos técnicos y la Fiscalía Anticorrupción ya abrió investigación sobre el hecho. ¿Ustedes no son responsables del resultado?
Lo que nosotros hicimos es otorgar la buena pro a aquella empresa que entregaba un producto que cumplía con todos los requisitos planteados en la licitación y que cumplía con el precio. El peritaje se hizo dos años después de entregados los vehículos y no conocemos el resultado. Nosotros ya no podemos meternos, sería una injerencia a la labor que le toca a la Fiscalía o la Contraloría si supervisamos si se cumplió con el contrato. Ya no es nuestra responsabilidad.
Entonces, ¿para la OEI la empresa que vendió las ambulancias, Nissan Maquinarias, cumplió con todos los requisitos?
Ellos hicieron una oferta en la que sus vehículos cumplían todos los requisitos que se planteaban, que a su vez eran los requisitos que señaló el Ministerio de Salud.
¿En cuántas contrataciones del Gobierno Regional de Áncash ha participado la OEI?
Hemos firmado 5 convenios entre el 2007 y 2010, entre consultorías –que son 300– y algunas licitaciones de obras importantes, entre 5 y 6 obras además de otras obras de menor envergadura.
¿Y de esas obras en cuáles han recibido algún tipo de denuncia?
En algunos casos se ha denunciado a la entidad pública por considerar que el proceso no es adecuado y se ha incluido a la OEI. Y no solo en el caso de la región Áncash. Serán entre 12 y 15 denuncias que ha habido en los últimos años. En casi todos los casos se ha excluido a la OEI de la investigación porque el trabajo que hizo no ha tenido ninguna irregularidad.
Pero cuando se presentan estas denuncias el gobierno regional responde que licitación la hizo la OEI, y ustedes dicen que su responsabilidad termina cuando otorgan la buena pro. ¿A quién el ciudadano debe pedir cuentas?
Yo no puedo responder por los demás, ni por otras entidades internacionales, ni por el gobierno regional, sino por lo que hacemos nosotros. Si una entidad dice "Yo no tengo nada que ver con esto", lo cierto es que los contratos lo firman las entidades públicas y ellas son las responsables del cumplimiento del contrato.
Y los responsables del cumplimiento del contrato son ellos.
Lo que yo puedo decir con toda claridad es que si una entidad quiere máxima transparencia, quiere eficacia, quiere rigor técnico en los análisis podemos colaborar con ellos y probablemente seamos una ayuda eficaz, pero si una entidad del Estado quiere eludir controles públicos, quiere direccionar una contratación pública, que no nos llamen porque con nosotros no va a contar.
¿Cuánto ganan por cada participación en una licitación?
Cuando se adjudica la buena pro, recibimos un porcentaje que es decreciente conforme aumenta el volumen del contrato y eso varia entre 2,5 % y 0,75%.
¿Qué hacen con el dinero recaudado?
Se invierten en proyectos de cooperación en favor de la sociedad peruana.
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IDL: Apra no quiere que se cambie a magistrados del TC
El abogado Carlos Rivera indica que varios de sus miembros simpatizan con el partido de la estrella y han emitido sentencias que favorecen a sus militantes.
María Elena Castillo
El Apra no apoya modificaciones en la actual composición del Tribunal Constitucional (TC), porque varios magistrados, que deben ser reemplazados por haberse vencido su mandato, simpatizan con ese partido y han emitido sentencias que les favorecen, advirtió el coordinador de abogados del Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera.
Indicó que el actual colegiado ha dictado resoluciones en temas de corrupción y de derechos humanos, que benefician a dirigentes apristas.
Puso como ejemplo el fallo que el año pasado emitió el TC en el caso de la matanza de más de un centenar de presos por terrorismo en el penal El Frontón en 1986, estableciendo que no es un delito de lesa humanidad.
"Se beneficia a los autores mediatos, pues si bien dice que se continúe el juicio que se sigue contra 33 miembros de las Fuerzas Armadas, indica que antes de emitirse el fallo debe aplicarse la prescripción, y que no se abrirá nuevos procesos por ese caso. Esto impediría un eventual juicio al ex presidente Alan García; a su entonces viceministro del Interior, Agustín Mantilla; y a los altos mandos de La Marina", refirió.
Además, en el caso de la masacre de 69 pobladores de la comunidad ayacuchana de Accomarca, en 1985, durante el primer gobierno de García, el TC dejó abierta la posibilidad de una libre interpretación sobre la prescripción del delito.
Rivera recordó que en el 2012, al resolver el recurso presentado por el ex vocal César Tineo Cabrera –quien declaró fundada la acción de amparo de Martha Chávez para que el Jurado Nacional de Elecciones acepte la inscripción de Alberto Fujimori para su segunda reelección–, el TC precisó que las garantías del debido proceso son imprescindibles en el ámbito parlamentario.
"García se aferró a este fallo para librarse de la investigación de la Megacomisión. No descarto que se sea una vía para excluir a otros funcionarios públicos involucrados en actos de corrupción", indicó.
Velásquez niega bloqueo aprista
El congresista Javier Velásquez Quesquén descartó que el Apra controle al Tribunal Constitucional y que por ello esté bloqueando que se nombre a sus nuevos integrantes, como aseguró el presidente del Congreso, Fredy Otárola.
Refirió que los actuales miembros no han sido elegidos en el gobierno aprista, sino en el que le antecedió.
"El señor Calle Hayen fue elegido con el voto de Daniel Abugattás, de Marisol Espinoza y del propio Otárola. Y él al igual que los demás magistrados del TC son personas honorables e imparciales", dijo.
Según Velásquez, ellos se oponen a que se nombre a un funcionario público, como es el caso del señor Francisco Eguiguren, actual embajador en España.
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Cuestionan uso político de gobernadores en este y en anteriores gobiernos
Luego de las denuncias que apuntaron a presuntas actividades proselitistas realizadas por varios gobernadores, el congresista Víctor Andrés García Belaunde reiteró, junto con otros políticos y analistas, que esta autoridad pública, representante del Poder Ejecutivo en el país, en la práctica no tiene ninguna utilidad social.
"Estoy convencido de que solo sirven para beneficio de los gobiernos de turno, a fin de hacer propaganda política", sostiene Belaunde.
En 2007, el congresista impulsó un proyecto de ley para suprimir los cargos de gobernador y teniente gobernadores, pero solo se desactivaron los de prefectos y subprefectos.
"No hay más necesidad de este cargo porque la Policía y los municipios están presentes en todo el país", aseguró Belaunde, en sintonía con el pedido de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), que salió a denunciar la duplicación de autoridad y de presupuesto que implica la presencia de los gobernadores en todo el Perú: 26 en las regiones, 160 en provincia y 1.643 en los distritos.
Por su parte, el sociólogo Javier Torres Seoane explicó que en zonas alejadas, del tipo caseríos, los gobernadores "asumen y representan los intereses de su comunidad", por lo cual constituyen un enlace necesario entre las instituciones nacionales y la población.
Pero, según él, es cierto que casi todos los gobiernos desvirtuaron sus funciones. "Fujimori los utilizó muchísimo, como un mecanismo de control político, vinculado con redes de clientelismo", recordó.
Agregó que incluso en el aprismo, si bien no llegó a esos niveles de captación política, "sí fueron uno de los soportes principales para movilizar población".
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Confiscan más de 500 kilos de cocaína y capturan a seis narcos en la región Junín
Más de media tonelada de cocaína fue confiscada por agentes antinarcóticos, y se capturaron a siete narcotraficantes en dos operaciones ejecutadas en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro, y en el control de peaje de la localidad de Huacrapuquio, de la provincia de Huancayo.
Una de las operaciones fue realizada en Satipo, cuando tres mafiosos identificados como Diosfele Castro Huallasco (22), Wilmer Ceras Zambrano (26) y Joel Janampa Reymundes (30) esperaban una avioneta para cargarla con 435 kilos de estupefaciente.
Mientras, en el distrito de Huayucachi, Junín, efectivos del Escuadrón de Emergencia intervinieron el camión de placa C0E-924 que transportaba 94 paquetes tipo ladrillos, con 100 kilos de alcaloide de cocaína. Allí fueron detenidos el conductor del vehículo Demetrio Garma Ruíz (53) junto a su vástago Frank Garma Flores (18) y el ayudante Wálter Arango Urrubur (38). Todos se encuentran investigados por la Divandro de Huancayo.
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PNP recuperó US$ 262 mil robados a una comunidad
Sabado, 19 de abril de 2014 | 4:30 am
La Policía de Carretera capturó a la banda 'Los Malditos del Norte Chico' y recuperó más de US$ 262 mil que habían sido robados a los miembros de la comunidad campesina 3 de mayo de Llacuash, distrito de Huallanca, provincia de Bolognesi, en la región Áncash.
Los asaltantes Eduardo Pichilingue Minaya (35) y Jonatán Arana Burcio (26) fueron intervenidos en los autos B8C-081 y F4Y-547, en uno de los cuales se halló una mochila con el dinero producto de la cesión de un terreno, donde la empresa Antamina iba a instalar torres de alta tensión. Los comuneros Wálter Espinoza Egúsquiza y Flavio Alcántara Espinoza aceptaron haber informado a los ladrones y, también, fueron detenidos.
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Liderazgo presidencial
¿De qué hablamos cuando se dice que falta en el país?
Junto con el debate sobre el divorcio entre una economía razonablemente exitosa y una política clamorosamente fracasada, se está discutiendo ahora sobre el liderazgo presidencial, específicamente sobre el déficit que, en este aspecto, mostraría el presidente Ollanta Humala.
Son dos asuntos distintos que, sin embargo, se vinculan ante la pregunta de si la 'mala política' acabará atrapando a la 'buena economía'.
Esto se explicaría por un grave debilitamiento del marco institucional que termina volviéndose un obstáculo insalvable para muchos asuntos del país.
Por solo mencionar tres rubros que hoy son muy preocupantes, y que fueron aludidos esta semana por Alfredo Torres como expresiones de falta de liderazgo presidencial: agravamiento de la corrupción como ocurre en Áncash, entre otras regiones; empeoramiento de la inseguridad que afecta mucho más la vida de las personas y de las empresas; o un nivel de trámites en todos los niveles del sector público que asfixia a la actividad empresarial.
Es en ese punto donde se vinculan el divorcio entre economía y política, con el liderazgo presidencial, en el sentido de que este último es indispensable para poder ejecutar el enorme esfuerzo requerido para poner en marcha las reformas que se requieren para fortalecer el marco institucional que es una condición para que estas puedan tener alguna posibilidad de éxito.
Lo curioso es que, con frecuencia, el debate público solo se focaliza en el falta de liderazgo presidencial, como un modo de criticar al jefe de Estado, pero no en la disociación entre las trayectorias de la economía y de la política, lo cual solo suele interesar a académicos y hasta a periodistas, pero no a políticos –que son, finalmente, la 'madre del cordero'– ni a empresarios, que serían uno de los afectados principales.
El tema se puso otra vez en el tapete por el artículo de Michael Reid en el último The Economist sobre el Perú, en donde se menciona que "el problema es que el propio presidente ha fallado en proveer al gobierno de un liderazgo político".
Siendo eso cierto, al igual que en la mayoría de predecesores del presidente Humala en el cargo, desde hace mucho tiempo, sin distingo de su orientación política, lo es también que la falla radica en la dificultad presidencial para proveer liderazgo al país en su conjunto.
Todo esto remite a un concepto de liderazgo que no es el tradicional usado por la mayoría, como la capacidad de mandar, sino al que, siguiendo la línea del profesor Ronald Heifetz, de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard, es capaz de movilizar a la sociedad en su conjunto hacia el logro de los objetivos fundamentales.
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Encuesta
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Delito de lavado de activos aumenta por la minería ilegal
En los 4 primeros meses del año, la Sunat incautó cerca de medio millón de euros y más de 180 mil dólares en el aeropuerto Jorge Chávez.
Patricia Chumo (graciela.chumo@peru21.com)
Se han descubierto inimaginables modalidades, como las denominadas 'alcancías humanas', que consisten en llevar dinero oculto en el estómago y hasta el camuflaje de billetes en compartimientos especiales de vehículos.
Sin embargo, estas intervenciones no han sido impedimento para que las mafias de lavado de activos continúen moviendo millones de dólares y euros, dinero que ya no solo proviene del narcotráfico sino también de un delito que crece en nuestro país: la minería ilegal.
Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), solo en los cuatro primeros meses del año se ha decomisado cerca de medio millón de euros y más de 180 mil dólares en el aeropuerto internacional Jorge Chávez.
Estas cifras resultan preocupantes si se tiene en cuenta que durante todo el 2013 se decomisó 225 mil euros y 1 millón 126 mil dólares.
Estos decomisos son una señal de que las mafias dedicadas al blanqueo de dinero están optando por la moneda europea. Una de las intervenciones más recientes fue la del ciudadano chino Lu Fei. El 22 de marzo, este extranjero pretendía viajar a Santiago de Chile llevando 326 mil euros ocultos en las manijas de su equipaje.
Para Gustavo Romero, intendente nacional de Prevención de Contrabando y Fiscalización Aduanera de la Sunat, "este decomiso constituye uno de los casos más resaltantes y grafica la creciente preferencia por la moneda europea en actividades ilícitas". Sostuvo que a la fecha se ha incautado 445,015 euros.
Así como el ciudadano chino, otras nueve personas han sido intervenidas intentando sacar e ingresar al país dólares ocultos en el doble fondo de sus equipajes, a través de la modalidad conocida como la 'momia' y con las cápsulas de billetes (son ingeridas por los mafiosos). Es decir, operan de manera similar a las organizaciones internacionales de narcotraficantes.
Romero explicó que cuando los viajeros no declaran una suma superior a los 10 mil dólares y la aduana lo detecta, esta entidad retiene el dinero. Luego, este es entregado a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).
MINERÍA ILEGAL
Pero ¿de dónde proviene este ilegal dinero? El narcotráfico era hasta hace algunos años el principal origen. Sin embargo, en los últimos meses se ha descubierto nuevas procedencias de dinero ilícito. Se trata de los casos de corrupción y de la minería ilegal, según dijo el funcionario de la Sunat.
"Hasta antes que se promulgara la Ley Penal contra el Lavado de Activos (publicado el 19 de abril del 2012), este delito era básicamente consecuencia del tráfico ilícito de drogas. Luego se ha abierto el panorama. Ya no interesa de qué acto ilícito provenga porque el lavado de activos ahora también puede venir de la minería ilegal, la corrupción y de 'n' delitos", dijo Gustavo Romero a Perú21.
Respecto a actividades ilegales, puso como ejemplo el caso de las exportaciones de oro. "Para comprar este mineral, que ahora se está exportando, se necesita una gran cantidad de dinero, millones de soles en algunos casos. Y la pregunta que le hacemos al exportador es cómo justifica el origen de esos fondos, de dónde obtuvo el dinero para comprar el cargamento de oro", manifestó.
"Lo curioso es que cuando se comienza a indagar, la mayoría de los intervenidos no puede revelar con claridad la procedencia de los miles de soles porque son personas que no tienen patrimonio, no tienen antecedentes en el sistema financiero, no tienen una mina. Entonces estos son indicios suficientes para iniciar un proceso de investigación por lavado de activos", recalcó Romero.
El incremento de casos relacionados al lavado de activos ha hecho que la Sunat cuente, ahora, con un programa de inversiones muy agresivo. Así ha adquirido modernos equipos para detectar el dinero ilícito (ver recuadro) y se prevé dotar de mayor tecnología a todas las sedes de aduanas a nivel nacional.
DATOS
- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS se creó para luchar contra el lavado de activos.
- Trabaja en estrecha relación con los fiscales que se encargan de los casos de tráfico ilícito de drogas.
- El Perú ocupa el segundo lugar en América Latina en incautaciones de dinero ilícito. La lista la encabeza Colombia.
- Para los agentes de Aduanas, existen ciertos indicios que hacen sospechar que una persona está trasladando dinero ilegal. Por ejemplo, estas suelen estar muy abrigadas pese a que se encuentran en un lugar cálido.
- También se fijan en sujetos de aparente baja condición económica que pretenden realizar viajes bastante costosos.
- Otras señas son nerviosismo o extrema preocupación por el equipaje. Esto también ocurre en casos de narcotráfico.
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Lavado de activos: Mafias usan otras vías para cometer este delito
Hasta hace poco, el aeropuerto Jorge Chávez era la principal vía para ingresar y sacar dinero del país. Sin embargo, esto ha cambiado. Resulta que las organizaciones criminales han encontrado diversas formas para también burlar los controles terrestres.
Hace unas semanas, por ejemplo, la Fiscalía de Lavado de Activos y la Policía decomisaron más de US$ 76 mil que habían sido camuflados en una de las puertas de un auto Nissan en el que iban Marco Chumbe Yanca, Daysi Fernández Murillo y Éricka Alcántara Mendoza.
Otro caso es el de Luis Cabrera Cabrera, quien fue apresado en el aeropuerto de Iquitos. En su equipaje se halló medio kilo de oro y 22 gramos de plata, por un valor superior a los US$28 mil. Cuando pasó por el control de rayos X, se detectó una caja con billetes de Brasil, dólares americanos, canadienses, así como billetes de Singapur, Hong Kong y Malasia, entre otros. Todo por un valor equivalente a los US$ 63,392.
La Sunat informó que en estas intervenciones por lo general no se detiene a la persona, pero sí se le quita el dinero. La diligencia es comunicada al fiscal para que decida la situación legal del sujeto que transporta los miles de soles, dólares o euros.
"Lo más probable es que notifique al intervenido para que se presente posteriormente y justifique la procedencia del dinero. En los casos que hemos tenido este año no ha habido ninguna detención", explicó Gustavo Romero de la Sunat.
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Gobierno diseñó una estructura especial para sus gobernadores
De pronto, los gobernadores se han visto beneficiados con una serie de gollerías que no contaban en otros gobiernos. Todo gracias a la estructura diseñada por el presidente Ollanta Humala, quien decidió darle autonomía a lo que hasta el año 2012 no era más que una dirección de menor rango.
[Gobernadores cuentan con donaciones a discreción]
Todo se inició con el Decreto Legislativo 1140, del 10 de diciembre de 2012, donde –en el marco de las facultades otorgadas por el Congreso al Poder Ejecutivo para la reforma en el sector Interior– se decidió dar autonomía a la entonces Dirección General de Gobierno Interior.
Con esto vino el cambio de nombre a Oficina Nacional de Gobierno Interior (Onagi) y el nombramiento de Dacia Nena Escalante en la jefatura. En el decreto firmado por el presidente Humala y el entonces ministro del Interior Wilfredo Pedraza se señala la necesidad de "la creación de un organismo público ejecutor, con autonomía administrativa, funcional, económica, y presupuestaria en el ejercicio de sus funciones, con calidad de pliego presupuestal".
[Walter Albán se 'lava las manos' por gobernadores]
En este paquete legislativo también se estructuraron todas las facultades que tendrían los gobernadores en materia de regalos. En el numeral 6 del artículo 6, se especifica que una de las funciones de la Onagi será "adjudicar los premios no reclamados para fines sociales". Algo que, hasta antes de dicho decreto, eran reclamados por el Instituto Peruano del Deporte (IPD), según lo establecido en el inciso 6 del artículo 84 de la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte.
COLCHÓN POLÍTICO
Para la oposición, esta estructura representa todo un diseño de proselitismo político desde el aparato del Estado que recién ha sido tomado en cuenta tras las recientes denuncias sobre la función de los gobernadores nacionalistas.
El legislador aprista Mauricio Mulder advirtió que esto es un plan largamente planeado como un "colchón político" con miras a las elecciones generales del año 2016.
"Es curioso cómo cambian de una dirección a una oficina autónoma que la adscriben a la cartera del Interior pero que no despacha con el ministro. En el Perú, esto solo ha ocurrido dos veces: en la dictadura de Manuel Odría con Alejandro Esparza Zañartu y en el caso de Alberto Fujimori con Vladimiro Montesinos", afirmó a Perú21.
PLIEGO INTERPELATORIO
Con esta autonomía otorgada por el Ejecutivo a la Onagi es que el ministro del Interior, Walter Albán, afirmó el pasado martes –ante la Comisión de Defensa– que no tiene injerencia alguna sobre la labor proselitista que estarían cumpliendo los gobernadores.
Pese a ello, ya se encuentra en trámite la moción de interpelación, con un pliego de 20 interrogantes, presentada por la bancada fujimorista.
El ministro Albán deberá responder detalles sobre cuántas veces fueron convocados los gobernadores a Lima y cuántos tienen afiliación al partido de gobierno. Aunque la moción también revela que varios gobernadores participaron en la inauguración de los denominados "Tambos" del Ministerio de Vivienda.
Asimismo, afirma que estuvieron en el Complejo Recreacional Adonis, en octubre de 2012, para el aniversario del Partido Nacionalista.
TENGA EN CUENTA
- El presupuesto de la Dirección General de Gobierno Interior, al segundo semestre del año 2011, era de 45 millones de soles. Para el 2014, la nueva Oficina Nacional de Gobierno Interior (Onagi) cuenta con 85 millones de soles.
- El ministro del Interior, Walter Albán, también deberá responder ante el Pleno del Congreso si la jefa de la Onagi, Dacia Escalante, estuvo con los gobernadores en la celebración por el fallo de La Haya.
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GFK: Un 40% de personas cree que hay inseguridad por centros comerciales
Para el 40% de las personas el establecimiento de centros comerciales en su ciudad ha generado un incremento en la inseguridad, reveló un estudio de la consultora GFK.
En zonas donde no se registran la presencia de estos establecimientos, como Tacna, Cerro de Pasco, Ayacucho, Iquitos y Tarapoto, el 25% considera que el lugar donde vive es más seguro que antes.
No obstante, a pesar de esta percepción de inseguridad, la población que vive en ciudades donde hay malls considera que tiene mayores oportunidades de recreación.
Asimismo, siente que sus ingresos mejoran y que hay un mayor progreso.
Este año se abrirían más de 10 nuevos centros comerciales en el Perú, de los cuales la mayoría se encontraría en el interior del país.
En 2013 se abrieron ocho establecimientos y se facturó US$6,250 millones.
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Caso César Álvarez: Compra en Áncash huele a sobrevaloración
"César, vamos a trabajar juntos para gastar ese canon minero", le dijo el presidente de la República, Ollanta Humala, al presidente regional de Áncash, César Álvarez, cuando presentaron los 106 patrulleros en la Plaza Miguel Grau de Chimbote, en medio de los militantes oficialistas, el 1 de agosto del 2012.
¿Acaso dicho gesto político avalaba también una compra que deja muchas sombras y dudas?
Entre el precio que pagó el gobierno de Áncash por los 106 patrulleros y lo que se encuentra en el mercado hay más de S/.2 millones de sobrepago.
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LOS DETALLES
En febrero del 2010, el Gobierno Regional de Áncash lanzó una licitación para comprar 106 camionetas, 104 equipos de comunicación y 56 motocicletas por la suma de S/.13'616,056.
Este monto fue cancelado por Richard Cabana, entonces gerente general de la región, "a fin de poder reformular los términos de referencia por motivos técnicos", como él mismo señalaba en su oficio del 8 de marzo enviado al director de Desarrollo y Asistencia Técnica de la OEI.
Y de hecho que fue "reformulado", pero para pagar más: en noviembre del 2011 el Gobierno Regional de Áncash licitaba la misma adquisición, pero ahora por S/.16 millones.
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LAS CAMIONETAS
Por cada camioneta, la región pagó S/.116,844 a la empresa Autoespar S.A.; sin embargo, el precio en el mercado es mucho menor.
Según la proforma de la empresa Automotriz Palace, una camioneta Toyota Hilux del año (como las presentadas en la Plaza Grau) cuesta $35 mil, equivalente a S/.94,500.
Entre los 106 patrulleros, la diferencia de la compra de la región y lo que ofrece el mercado es de S/.2'384,000 de más.
PERFILES
Pero esto no es lo único llamativo, porque la región mandó hacer 104 perfiles y ocho planes operativos para sustentar el gasto.
Esto data del 2008, cuando ese gobierno regional contrató a cuatro personas (Natividad Lloclla Saavedra, Mirella Haro Osorio, Edwin Valdivia Llamosas y Juan Bazán Barreto; cada uno por S/.13 mil) para que elaboren los 104 perfiles para el mejoramiento de las comisarías de casi todo Áncash.
Luego contrató a ocho personas más (Mirella Haro Osorio, Mauro Molina Salinas, Epifanio Minaya Miranda, Margot Garro Cortez, Roger Lujerio Mendoza, Antonio Huamán Osorio, Ketty Lázaro Flores y otra vez a Mauro Molina Salinas), cada una por S/.19,500, para que elabore planes operativos. Cada plan recogía 13 perfiles que ya tenían viabilidad.
LAS OBSERVACIONES
El reconocido economista Yuri Vivar dijo que no hubo la necesidad de fraccionar de esta manera los servicios. "Se debió hacer un solo perfil y un solo plan operativo", sostuvo.
Sobre el costo de las camionetas, Vivar observó que la región en la segunda licitación fijó un costo de referencia alto. "Si hubiera ánimo de gastar menos, esto se debió evitar con una subasta inversa, que permite que las empresas presenten propuestas por debajo del precio referencial", remarcó.
Además, subrayó que se pudo gastar menos porque cuando se trata de una compra corporativa (en cantidad), las concesionarias de autos pueden bajar sus precios hasta en un 10%.
DENUNCIA
El opositor de esta gestión regional, Juan Calderón, dijo que esto "demuestra la corrupción".
"Si Cabana anuló la primera licitación, es porque no encontró a un postor a su medida; de un momento a otro no se puede aumentar S/.3 millones, entre camionetas, motocicletas y equipos de comunicación", cuestionó.
Dijo que esta información la enviará a los congresistas ancashinos, a los medios de comunicación nacionales y también a la Fiscalía.
SACÓ CUERPO
Es llamativo que el coordinador de la Oficina de Convenios y Procesos de la OEI, Juan Ruiz Rodríguez, cuando comunicó la buena pro al gerente de Infraestructura del gobierno regional, Germán Martínez, literalmente sacó cuerpo: "... Cabe mencionar que el suscrito no ha presenciado la evaluación de la propuesta ni ha tenido participación alguna en su evaluación".
Lo mismo les comunicó a las empresas ganadoras Autoespar S.A. (camionetas), Colvi Com (equipo de comunicación) y Grupo Pana S.A. (motocicletas). En las bases de la licitación de adquisición, la OEI no consignó los términos técnicos.
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¡Escándalo!: "Línea 2 del Metro costaría US$ 1,500 mllns más"
Sáb, 19/04/2014 - 02:40.
POR REYNA CÁRDENAS ANDAZABAL
–Doctor Cornejo, ¿ha estado usted de acuerdo con la forma en que se llevó el proceso de licitación de la Línea 2 del Metro de Lima?
Lamentablemente no. Yo he estado en desacuerdo desde el principio con todo el proceso. En primer lugar porque, en lugar de hacer un concurso-oferta, se decidió hacer primero un concurso para los estudios y después un concurso para la obra. Ahí perdieron dos años. Lo segundo es lo que tiene que ver con el tipo de modelo constructivo que se ha adoptado: el de túnel profundo.
–¿Por qué dice que se perdieron dos años con este concurso?
Porque debido al concurso de los estudios, el de la obra recién pudo salir por lo menos 18 meses a dos años después de cuando debió salir. ¿Y con qué resultado? La empresa que fue contratada, una empresa italiana, terminó haciendo un estudio que no está completo. Es un estudio de factibilidad, lo que quiere decir que todavía faltan los estudios de ingeniería de detalle para el expediente técnico. Ahora el ganador del concurso va a terminar los estudios. De ahí a que empiecen las obras, calculo que demorarán todavía un año.
–El tema del túnel es uno de los que ha originado más controversia, pues se dijo que era muy caro y que había otras opciones mejores para Lima.
Lo que sucedió en este concurso es una cosa bien curiosa. Se acostumbra que el Estado, como contratante, les dé a las empresas que postulan la posibilidad de plantear mejoras técnicas o soluciones técnicas. En todos los concursos siempre se da eso. Por ejemplo, en la Línea 1 se ha dado. Eso que es absolutamente legal y normal, en este caso el Estado, a través de ProInversión, no lo ha permitido para el viaducto, es decir, los postores nunca pudieron dar su opinión acerca de cuál era la alternativa de viaducto más adecuada técnicamente.
–Y si se les hubiera permitido hacer sugerencias, ¿los postores hubieran podido plantear una opción distinta al túnel profundo?
Seguro que hasta el que ha ganado hubiera planteado una solución mixta, es decir, una mezcla de los tres sistemas constructivos que existen. En Ate hay suficientes terrenos para hacer viaducto elevado. En otros tramos se puede hacer trinchera cubierta (túnel superficial, a 6-7 metros de profundidad), que es más barata. Cuando la vía va acercándose por 28 de Julio hacia Paseo Colon, ahí sí me parece que hay que empezar a hacer un túnel profundo, porque estamos cruzando el centro histórico. Pero cuando va acercándose a la avenida Colonial, habría que salir a superficie. Además, en el caso del Callao, por la cercanía al mar, me parece que lo más prudente técnicamente hubiera sido un viaducto elevado allí, incluso por temas de seguridad.
–¿Y el tema del costo?
Por hacerlo así, 37 kilómetros de túnel subterráneo, yo calculo que la obra cuesta US$ 2 mil millones más que lo que hubiera costado con un sistema mixto. Con esa cantidad de dinero podríamos haber construido completito, o la Línea 3, o los trenes de cercanías de Ventanilla a Callao, o de Cañete hasta Villa El Salvador, para completar las redes que necesitamos.
"Siempre hay importantes variaciones de valor"
–Hace unos días el propio gerente de Cosapi –empresa que integra el consorcio ganador– admitió que el costo de la obra podría incrementarse por riesgo geológico, lo que implica un desembolso del Estado según el contrato. ¿Eso no nos sale más caro?
Pero por supuesto. Cualquier ingeniero, cualquier contratista sabe que del estudio de factibilidad al expediente técnico siempre hay importantes variaciones de valor, hacia arriba. En la factibilidad, no se han metido a fondo del terreno. Cuando usted ingresa al terreno recién descubre su naturaleza, encuentra las interferencias, los restos arqueológicos, en fin, ene cosas. Entonces yo dije 'cuidado', no se asombren de que este monto de US$ 6 mil y pico millones vaya a subir con el expediente. Yo incluso me atreví a decir que podía costar alrededor de US$ 1,000 o 1,500 millones más. Y ProInversión me dijo no, no va a subir porque esto es una concesión y en la concesión el empresario es el que asume el riesgo, y si sube el monto tendrá que pagarlo…
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Nuevas denuncias contra Ramos Heredia por corrupción en el MP
Sáb, 19/04/2014 - 03:05.
Más denuncias van apareciendo contra el electo fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, quien ha sido relacionado con toda una red de corrupción al estilo del gobierno regional de Áncash, pero esta vez para proteger al alcalde de Surquillo, José Luis Huamaní, por una presunta relación con actos de corrupción e incluso delictivos comprendidos en dos denuncias.
De acuerdo con el abogado Raúl Arca, ex procurador de dicha comuna y autor de las denuncias, Ramos Heredia, en su calidad de titular del Órgano de Control Interno del Ministerio Público, ejerció presión sobre el fiscal superior Teddy Cortez Vargas, de la Décima Fiscalía Superior de Lima, para que finalmente formule acusación contra los dos imputados en el caso del brutal asesinato de tres serenos en la sede del municipio en octubre de 2010, pese a que en un primer momento se opuso.
Arca sustenta su denuncia en un dictamen de marzo de 2013, en el que Cortez manifiesta a la Cuarta Sala Penal para Reos en Cárcel que no formulará acusación contra Humberto Luis Suárez Adrianzén y Juan Alfredo Rivera Orbegozo, acusados del triple asesinato, por considerar que no se encontraron indicios suficientes para hacerlo y remarcando que "no es su intención proteger delincuentes", solicitando en ese sentido que el caso retorne a la División de Homicidios de la Policía Nacional.
Posteriormente, con fecha 14 de junio de 2013, la sala que encabeza el fiscal superior emite otro dictamen en el que dispone –contrariamente al anterior– que se emita dictamen acusatorio contra ambos reos, de acuerdo con lo comprendido en el Expediente Nº 31728-10. Arca Araníbar afirma que fuentes de la Fiscalía le refirieron que Ramos Heredia presionó a Cortez para que proceda con la acusación y no se llegue a los verdaderos culpables, y que estos tendrían relación más bien con el alcalde de Surquillo.
La hipótesis sobre el triple crimen
La hipótesis que maneja el abogado –recordado por haber presentado una solicitud de vacancia contra Susana Villarán– es que el asesinato obedece a un "ajuste de cuentas" que tiene sus antecedentes en la campaña electoral del 2010, pues extrañamente el homicidio no tuvo como móvil el hurto. Sostiene también que al entrar a la Procuraduría empezó a hacer seguimiento al caso y halló irregularidades, y que por tal razón Huamaní lo sacó del cargo.
El abogado acusó a la titular de la Primera Fiscalía Anticorrupción, Norah Córdova Alcántara, por dilatar este último proceso.
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Luis Castañeda: "Yo no juzgo a César Álvarez"
Líder de Solidaridad Nacional dice que el congresista Heriberto Benítez es solo un invitado de su partido.
El ex alcalde de Lima y líder de Solidaridad Nacional, Luis Castañeda Lossio, intentó deslindar del congresista Heriberto Benítez, quien integra la bancada de su partido y defiende públicamente al cuestionado presidente regional de Áncash, César Álvarez.
Castañeda recalcó que Benítez no milita en Solidaridad Nacional, sino que es invitado y pertenece al movimiento que lidera Álvarez. "Benítez es de Cuenta Conmigo, el partido de César Álvarez, y fue elegido congresista por una asociación que hubo en la zona de Ancash", dijo el ex burgomastre. "Yo no juzgo a Álvarez, pero sí creo que se debe hacer una investigación exhaustiva. Solidaridad Nacional no apaña en absoluto a nadie", anotó en conversación con RPP.
El ex burgomaestre sostuvo que en este tema no busca realizar ninguna imputación, y que sí apoya que se realicen las investigaciones y que se determinen las responsabilidades a que hubiera lugar desde el Congreso de la República, el Ministerio Público o el Poder Judicial.
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Militar herido en el Vraem reclama condecoración ofrecida
El capitán EP José Luis Casas Carrión, quien fue herido y casi pierde la pierna izquierda en un enfrentamiento con terroristas senderistas en el Vraem durante la llamada Operación Libertad, acaba de regresar de EE.UU. luego de un largo proceso de recuperación en el hospital Johns Hopkins de Baltimore, Maryland.
El valiente militar, quien comandaba una patrulla que fue emboscada por los senderistas en abril del 2012 (en ese ataque fallecieron dos soldados, uno perdió la vista y dos quedaron mutilados), hace una invocación a las autoridades respectivas para que le entreguen la condecoración "Medalla al Defensor de la Democracia" que le fue ofrecido por su valerosa acción.
En efecto, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa y el Congreso de la República a través de la Comisión de Defensa propusieron que se otorgue dicha condecoración a Casas Carrión por su arrojo y valor, pues pese a estar gravemente herido siguió repeliendo el ataque de los terroristas.
Sus familiares indicaron que hasta el momento la Presidencia del Consejo de Ministros no ha cumplido con efectuar ese pedido.
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