| por medio de la presente les hacemos llegar un informe preparado por ProJusticia y la Resolución del Ministerio Público relacionado al caso de la Denuncia Constitucional contra el Dr, Efrain Anaya Cardenas, Ex Consejero del CNM por su presunta comisión de Delito contra la Administración Pública en la modalidad de Cohecho pasivo en agravio del estado quedando Archivado definitivamente todo lo actuado al no encontrar responsabilidad Atentamente
CESAR FERNANDO O´PHELAN PEREZ
PRO JUSTICIA
| | | CASO ANAYA: LA VIDA TE DA SORPRESAS, SORPRESAS TE DA LA VIDA… Como en la canción de Blades, lo que viene ocurriendo con el caso del ex consejero Efraín Anaya Cárdenas muestra que las cosas en la vida real no siempre parecen ser lo que son. Y es que luego de todo el escándalo generado alrededor de su encuentro con el fiscal postulante Tomás Gálvez Villegas el 30 de enero del 2010, y de su vergonzosa remoción del CNM por parte del Congreso de la República en abril del año pasado, resulta ahora que, de acuerdo al Ministerio Público, Anaya Cárdenas no habría cometido ilícito penal alguno. Así, el Informe Final de la Investigación No. 027-2010, expedido por la propia Fiscal de la Nación Gladys Echaíz el pasado 27 de enero, señala expresamente que NO HA LUGAR A FORMULAR DENUNCIA CONSTITUCIONAL contra el ex consejero Efraín Anaya Cárdenas, al no haberse comprobado la comisión del delito de COHECHO PASIVO PROPIO en agravio del Estado. Y en verdad, el informe va mostrando con detalle una serie de indicios que muestran que, más allá de la posible inconducta funcional que tuvo el ex consejero Anaya, no existió nunca el hecho "indubitable" de corrupción que todo el mundo le achacó en su momento, dando cuenta así que lo ocurrido con éste no fue sino un caso más de "linchamiento" político. El delito atribuido De acuerdo al informe, de los hechos que fueron recogidos en su momento por los medios de comunicación, la conducta mostrada por Anaya se enmarcaba dentro del tipo de cohecho pasivo propio, contenido en el art. 393º de los delitos contra la Administración Pública-Corrupción de Funcionarios del Código Penal. Si bien este tipo admite una serie de modalidades, la conducta clave para poder calificar una conducta dentro del mismo es que el agente haya SOLICITADO de alguna manera, sea de manera directa o indirecta, algún tipo de beneficio, donativo, promesa o cualquier otra ventaja. Por tanto, el cohecho es un delito de actividad, que requiere además que el agente sea consciente de su acto y que lo haga con el objetivo expreso de actuar u omitir un acto oficial que le corresponde como funcionario Público. Precisamente, las conclusiones del informe muestran, a partir de las declaraciones de las diferentes personas involucradas en los hechos objeto de investigación, que no se habría producido por parte de Anaya Cárdenas algún tipo de SOLICITUD de una ventaja o beneficio económico que debía ser cubierto por Gálvez Villegas, salvo un comentario sobre el poder económico requerido por un postulante para obtener una plaza que –además- solo es sustentado por dicho fiscal pero que no ha sido corroborado por ninguno de los implicados. Sin embargo, éste no es el único indicio que da cuenta de que no se habría producido un delito de corrupción por parte del ex consejero. Los indicios adicionales En realidad, el informe presenta tres indicios claves que, a nuestro entender, echan por tierra la figura de un posible hecho de corrupción. Tales indicios son los siguientes: 1. Se concluye que en ningún momento fue Anaya Cárdenas quien solicitó una posible reunión entre él y el fiscal Gálvez Villegas, siendo más bien éste quién utilizó a una tercera persona –el empresario Néstor Ricardo Delgado Romero- para lograr un encuentro con el entonces consejero para poder tratar su caso. 2. Luego de la reunión externa sostenida el 30 de enero en las afueras del Centro Comercial San Miguel, Efraín Anaya Cárdenas y Tomás Gálvez Villegas sostuvieron una reunión el martes dos de febrero en las oficinas del Consejo Nacional de la Magistratura, "donde trataron el asunto vinculado a su recurso de reconsideración sin que se desarrolle ningún hecho inusual" (sic). ¿Porqué el fiscal postulante no denunció entonces el hecho de corrupción? ¿Porqué no se refirió a esta reunión en la denuncia privada que hizo ante el consejero Aníbal Torres Vásquez? 3. El mismo fiscal denunciante manifestó nuevamente ante el Ministerio Público –como lo hizo antes en algunos medios- que "en ningún momento le fue solicitada (sic) o insinuada la entrega de prebenda o ventaja económica, ni beneficio de ninguna índole". Tratándose de una declaración proveniente de un fiscal adjunto supremo –y no de cualquier ciudadano-, es claro que estamos ante alguien que conoce perfectamente cómo se configura un delito de cohecho, por lo que sus palabras son claras al respecto. Frente a ello, el informe más bien da cuenta de un hecho que aún no ha sido debidamente evaluado: ¿Por qué el consejero Aníbal Torres Vásquez no denunció de inmediato el caso ante el CNM una vez que se enteró de la reunión sostenida entre Anaya y Gálvez Villegas? ¿Por qué no siguió el camino institucional de plantear una investigación interna? ¿Por qué prefirió sacar este hecho en cara a Anaya en una reunión del CNM? El papel jugado por Torres Vásquez en estas acusaciones es algo que debe ser esclarecido, dado que no ha habido de su parte una actuación transparente. Asimismo, la actuación del fiscal Gálvez Villegas no parece ser la adecuada para alguien que aspiraba a tan alto cargo. ¿Cuál era su ansiedad por lograr una reunión con Anaya Cárdenas? ¿Qué esperaba lograr de él que no pudiera conseguir de manera abierta y transparente? ¿A qué respondía su agitación, si ya conocía la mecánica de los procesos de selección del CNM e incluso muchos de ellos los había ganado, en apariencia de manera limpia? ¿Y ahora? Para muchos que tiraron la primera piedra, los resultados de este informe seguramente le sabrán a sebo de culebra. Y seguramente también muchos tratarán de rehuir su responsabilidad aduciendo que el informe está politizado, que no se hace nada más que limpiar a alguien cercano al gobierno, que se está tendiendo una nueva cortina de humo, etc., etc. Sin embargo, a nuestro entender el informe trata de echar una mirada objetiva a un caso que ya estaba politizado, y por el cual se despojó a un ciudadano que cumplía una función pública de su cargo, echando serios cuestionamientos sobre su conducta. Más aún, a raíz de este caso un proceso en curso de selección de jueces y fiscales supremos fue anulado, con lo cuales quienes podían haber optado a estos cargos vieron echadas por tierra sus esperanzas, a pesar del costo y del esfuerzo puesto en ello. Asimismo, el Consejo Nacional de la Magistratura se vio desprestigiado y entró en una crisis institucional de la cual recién está empezando a salir. La pregunta ahora es: ¿se pudo haber evitado todo esto? ¿Por qué en su momento no se optó por una posición más objetiva y neutral, esperando los resultados de una investigación en detalle e imparcial como la llevada a cabo por el Ministerio Público? ¿Por qué el CNM se autodestruyó enviando un informe negativo sobre lo ocurrido, que fue la base de la decisión del Congreso? ¿Qué mano negra estuvo detrás de todo esto? ¿Qué se esperaba lograr? Lo cierto es que el informe requiere de un pronunciamiento claro de todas aquellas instituciones que estuvieron involucradas, si bien en la actual coyuntura electoral es seguro que todos tratarán de echar tierra al asunto. Por tanto, Anaya Cárdenas seguirá siendo un sepultado político, uno más de los muchos que se encuentran enterrados en el suelo de nuestra democracia. |
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