Friday, February 21, 2014

[RED DEMOCRATICA] Un tal Ruben Blades,quita Tierras a los Indigenas, garantiza vender Panamá-Se venden islas y costas-

 

Un tal Ruben Blades,quita Tierras a los Indigenas, garantiza vender Panamá-Se venden islas y costas-
Panamá, lunes 19 de diciembre de 2005


 
proyecto INSULAR.Empresarios defienden la ley 132, pero ecologistas se oponen.

Se venden islas y costas

No existen estudios catastrales de tierras con derechos posesorios de miles de indígenas.
Ecologistas rechazan el proyecto insular, mientras que la Apede lo promueve por el desarrollo turístico del país.
LA PRENSA/Jihan Rodríguez
COSTA DE ORO. Bocas del Toro ha sido uno de los destinos predilectos y más populares en recibir la inyección de inversión extranjera. Pero la especulación sobre el precio de las tierras convirtió el negocio en algo turbio. 609043
Víctor D. Torres
vdagoberto@...
Sectores ambientalistas califican la Ley 132, aprobada la semana pasada en la Asamblea Nacional, como una "nefasta y antipatriótica ley" que, según ellos, privatiza las costas y las islas y provocará daños ambientales a la naturaleza.
Pero, para la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede), la ley favorece las inversiones inmobiliarias y una industria turística cuyos ingresos superaron los 9.1 millones de dólares en 2004.
La norma, que no ha sido sancionada aún, regula las concesiones para la inversión turística y la venta del territorio insular para fines de aprovechamiento turístico. El marco regulatorio fue concebido para que los extranjeros que tienen interés de invertir en actividades de carácter turístico, de adquirir un bien propio para aprovechamiento particular, vacacional o para residir en calidad de retirado en Panamá, lo puedan hacer con mayor facilidad.
"La Constitución tenía una limitante en su artículo 291, que no permitía a los extranjeros ni a las sociedades panameñas con capital extranjero invertir en proyectos", dijo Ricardo Eskildsen, vicepresidente de la Comisión Jurídica de Apede.
Con el proyecto de ley aprobado, los extranjeros podrán adquirir las tierras únicamente para aprovechamiento turístico en áreas declaradas de desarrollo especial, que reúnan condiciones especiales para la atracción turística. La inversión debe tener como propósito un impacto económico y garantizar la generación de un número de empleos significativos.
Eskildsen asegura que la ley insular resuelve un problema que permitirá realizar inversiones privadas y aumentar la capacidad para recibir y alojar turistas.
Inversores avistan islas
Pero algunos promotores e inversionistas actuales siguen preocupados. Jorge Pickard, corredor de bienes raíces de Island Realty, no se explica cómo se pretende aplicar una ley insular cuando ni siquiera se tiene un plan maestro para el desarrollo de las áreas.
Hasta el momento no se sabe cuáles tierras son residenciales o comerciales. Tampoco existen estudios de valor catastral de tierras ocupadas por miles de indígenas.
"Ojalá no se esté haciendo para favorecer intereses particulares", dijo José Luis Bordas, gerente general de Punta Caracol, uno de los destinos ecoturísticos más exclusivos de Bocas del Toro. "La ley es buena siempre que no se fomente la especulación en la venta de tierras como ha venido sucediendo en Bocas".
Producto de la fiebre de compraventa de propiedades en Isla Colón, Isla Bastimentos, Isla San Cristóbal, Isla Popa e Isla Pastores se ha disparado el precio de las propiedades y aumentado los casos de traspasos fraudulentos.
Ubaldo Vallejos, representante de un grupo de lugareños de Bocas, sigue preocupado por dos puntos que afectaría a la mayor parte de los moradores humildes del territorio insular pero que la ley parece haber abrigado: primero, el trámite que deben cumplir personas con derecho posesorio y de escasos recursos para solicitar su concesión formal. El periodo y los requisitos exactos serán incluido en la reglamentación de la ley.
Segundo, la prohibición de servidumbre a menos de 60 metros de playa que Vallejos considera una "distancia excesiva" porque mucha gente vive pegado al mar será revisado de acuerdo a la condición de cada morador con más de 10 años de ocupación de la servidumbre .
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Entre la especulación y la defensa de la ecología

El proyecto de ley pretende poner freno a la especulación de tierras, como ha venido sucediendo en Bocas del Toro, pero por otro lado abre las puertas a proyectos despiadados que acabarán con zonas isleñas salvajes y vírgenes que abundan en los territorios insulares de Panamá, advirtió Líder Sucre, director ejecutivo de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza. "Nosotros abogamos porque se mantenga el encanto natural, que es lo que precisamente ha atraído a algunos inversionistas que ya tienen proyectos en algunas islas", destacó. Sucre no se explica cómo se ofrecerán en concesión o se venderán tierras insulares, cuando éstas tienen una función de contrapeso para ayudar a garantizar el atractivo salvaje y la diversidad biológica . El ecologista Ariel Rodríguez (www.salvemoslascostasdepanama.blogspot.com) se opone a la ley porque privatiza las costas y las islas, y esto, independientemente de los supuestos beneficios, provocará daños ambientales de diversa naturaleza. Los ecologistas preparan una demanda contra el proyecto.
Los proponentes del proyecto señalan que la ley fue mejorada y recogió una serie de recomendaciones hechas por Anam. Los inversores deberán cumplir con un estudio de impacto ambiental antes de proceder con la obra. Queda prohibida la construcción sobre formaciones de coral, así como cualquier actividad que produzca la destrucción de ecosistemas. El documento prohíbe a los inversionistas la tala, el uso y la comercialización de los bosques de manglar.
Panamá, lunes 19 de diciembre de 2005


 

Orden en anarquía territorial

Incentivo para el turismo.
La Ley 132 establece que las concesiones que se otorguen en tierras de propiedad del estado sobre territorio continental e insular no afectarán derechos posesorios existentes que hayan sido otorgados por los municipios y por las autoridades correspondientes.
La enajenación de las áreas declaradas de desarrollo especial no podrá exceder del 50% de la superficie total del territorio de cada isla. Igualmente, los proyectos turísticos que se ejecuten en las áreas declaradas como de desarrollo especial no podrán exceder del 30% de la superficie.
Las tierras insulares en donde existan derechos posesorios o en donde se ubiquen proyectos que se hayan iniciado o que cuenten con los permisos correspondientes para su inicio, podrán ser objeto de enajenación directa sin cumplir con el requisito de convocatoria pública.
Según la norma aprobada, el Estado podrá resolver el contrato cuando se declare la quiebra judicial del comprador o por incapacidad financiera o técnica comprobada.
El proyecto crea la Sección de la Propiedad Insular en el Registro Público de Panamá, en la cual deberán registrarse todos los títulos relativos a la enajenación de territorio insular. Las personas naturales o jurídicas deberán consignar una fianza de cumplimiento de no menos del 10% del valor de las obras proyectadas.
Maximizando riqueza
Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la ley persigue incentivar de manera ordenada la inversión turística, sin afectar la propiedad privada, los derechos posesorios o el medio ambiente. Para ello, se amplía el término de las concesiones con fines turísticos a los inversionistas y se regulariza a todos los residentes en las áreas declaradas de desarrollo especial turístico por el Consejo de Gabinete.
El MEF agregó que entre las metas prioritarias del Gobierno figura el mayor aprovechamiento posible del territorio nacional y su riqueza histórica, natural y cultural.
El ministro de Turismo, Rubén Blades, dijo que el proyecto pone orden a la anarquía en la posesión de tierras.
"Había un enredo, tierras que se vendían una y otra vez y los inversionistas no tenía seguridad jurídica", afirmó Blades. "Es lo mejor (el proyecto) que ha podido pasar en Panamá".

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