i) El problema de la impunidad en España son sus causas, no sus consecuencias. Desde que el Equipo Nizkor hiciera público el 14 de abril de 2004 su documento "La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas", que fue el primero después de la promulgación de la Constitución de 1978 en plantear la cuestión de las víctimas del franquismo a la luz del derecho penal internacional y del derecho internacional de los derechos humanos, hemos elaborado y difundido regularmente declaraciones y documentos sobre el denominado "modelo español de impunidad". En relación con los hechos ocurridos como consecuencia de las denuncias presentadas en la Audiencia Nacional, también han sido varios los documentos de análisis que hemos emitido; en los mismos han participado además organizaciones de todo el Estado que, por decisión propia, no tomaron parte en dichas denuncias. En esas declaraciones preveíamos muchos de los hechos que se produjeron después, y, especialmente, el riesgo de archivo de las causas conforme al derecho procesal vigente. Entre las declaraciones emitidas destacamos: La "Declaración sobre la situación de las denuncias de víctimas del franquismo ante la Audiencia Nacional", hecha pública el 30 de septiembre de 2008, a la que siguió otra de fecha 20 de noviembre de 2008 titulada "Declaración sobre el incidente de competencia en la Audiencia Nacional: el crimen no puede ser origen del derecho". Se trata de dos documentos detallados donde tratábamos de explicar la situación creada a partir de los hechos procesales desencadenados por la actuación instructora del Juzgado Central de Instrucción Núm. 5 de la Audiencia Nacional. Por último, el 21 de febrero de 2010, publicamos el documento titulado "El caso contra el juez Baltasar Garzón muestra las contradicciones estructurales del sistema de impunidad español". Con estas declaraciones hemos dejado en claro la posición de todas las organizaciones que, por razones de estrategia jurídica, no participamos en las denuncias presentadas ante la Audiencia Nacional. La situación que se está produciendo en la actualidad en el Tribunal Supremo nos lleva a ratificarnos en todas y cada una de las declaraciones reseñadas. No obstante, dadas las circunstancias nos vemos en la obligación de reiterar algunos de los aspectos ya abordados. Thomas Paine en su obra "Los derechos del hombre", referencia indispensable para la ética de libertades civiles que emana de la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa, y que consideramos de especial relevancia en la situación actual, dice: "Conviene a sus propósitos [de aquéllos que se oponen a los valores republicanos y las libertades civiles] el exhibir las consecuencias omitiendo sus causas. En eso consiste uno de los recursos del drama. Si se exhibieran los crímenes de los hombres al mismo tiempo que sus sufrimientos el efecto escénico se destruiría fácilmente y el público se sentiría inclinado a aprobar, cuando no se desea más que su conmiseración." Por ello consideramos que, como parte del ejercicio de nuestras libertades, es necesario reflexionar sobre las causas estructurales que llevan a la situación actual, en la cual, las principales afectadas son las víctimas del franquismo que merecen y reclaman justicia y no conmiseración. En los últimas días se han producido hechos de una esencial importancia en el procedimiento que se sustancia en el Tribunal Supremo a raíz de la querella presentada por el denominado Sindicato "Manos Limpias" - organización de extrema derecha originada en los restos del partido franquista Fuerza Nueva-, la asociación del mismo origen político "Libertad e Identidad" y el partido político Falange Española de las JONS, de la que basta decir que es la única organización que dio origen a, y participó en, un régimen fascista y/o nacionalsocialista en Europa y que en cambio ha sido reconocida por altos tribunales en la Europa surgida de la Segunda Guerra Mundial, la misma Europa cuya historia dio origen al Sistema de Naciones Unidas y al derecho penal internacional reconocido por todos los países que integran esa organización. Por todo ello nos ratificamos en lo declarado desde 2004 en los siguientes aspectos que afectan a la situación actual: - 1) El Tribunal Supremo debe proceder a resolver la cuestión planteada por la querella en contra del Juez Baltasar Garzón de manera acorde al derecho penal internacional y concordante además con la historia de todos los países que han sufrido regímenes fascistas y nacionalsocialistas.
- 2) El reconocimiento de la legitimidad activa de Falange Española de las JONS coloca a España fuera del derecho europeo y, en la práctica, es un acto propio de lo que podríamos denominar un estado de excepción, en el sentido que el conocido doctrinario nacionalsocialista Carl Schmitt dio al término; ni siquiera la dictadura de los coroneles griegos obtuvo tal reconocimiento en los tribunales.
- 3) Rechazamos expresamente que sea posible en derecho alegar la representación de un régimen que, según las resoluciones de Naciones Unidas "En sus orígenes, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es un régimen fascista modelado sobre, y en gran medida establecido gracias a, la ayuda de la Alemania Nazi de Hitler y la Italia Fascista de Mussolini" y que, por lo tanto, no puede aceptarse su legalidad en sede judicial y, menos aún, en el Tribunal Supremo de un país que pretende cumplir las condiciones formales de un estado de derecho.
Por ello, consideramos meros subterfugios jurídicos y manifiestamente insuficiente el que se proceda a rechazar la participación de Falange Española de las JONS en el proceso abierto en contra del Juez Baltasar Garzón por meras formalidades procesales, obviando la resolución de la cuestión de fondo. - 4) Tampoco podemos aceptar en derecho el planteamiento del fiscal en su escrito de 22 de abril de 2010 en el que considera que Falange Española de las JONS carecen de "legitimación procesal", posición que ha sido apoyada públicamente incluso por el Ministro de Justicia del Reino de España por los mismos motivos que ya hemos expuesto.
Esta posición de la Fiscalía ha sido utilizada por medios de prensa como "El País" para manipular una vez más los tipos penales y dar así a entender que lo que estaba diciendo la Fiscalía es que Falange Española de las JONS carecía de legitimidad, cuando en ningún momento en este procedimiento, hasta el momento, se ha puesto en cuestión la legitimación de Falange Española de las JONS sobre la base de ser una organización que formó parte de la persecución sistemática de personas por motivos políticos que llevó a cabo el régimen franquista. En realidad, la posición de la Fiscalía ataca directamente la institución de la "acusación popular" reconocida en la Constitución Española y no es más que un grave intento de deslegitimar esta institución y eliminar la posibilidad de que mediante la misma se pueda llevar a alguien ante la justicia y, por supuesto, obvia la discusión de la cuestión de fondo. Es necesario aclarar que existen amplios sectores de la magistratura que llevan al menos 12 años elaborando proyectos de todo tipo para que la institución de la "acusación popular" desaparezca. Por eso no deja de ser asombroso que se aprovechen de una circunstancia excepcional como la presente para esconder estas intenciones de modificación "de facto" de la Constitución, que sin embargo niegan cuando se trata de reconocer los derechos de las víctimas del franquismo. Son los jueces quienes con sus decisiones basadas en el derecho aplicable y la jurisprudencia deben poner los límites objetivos a la utilización perversa de la institución de la "acusación popular". Existen, como en el presente caso, elementos jurisprudenciales y de derecho penal internacional suficientes para resolver este caso sin eliminar el derecho de representación ante los tribunales de justicia. - 5) Las causas que han llevado a esta situación que tanto asombra a los países europeos que consideraban que España "había hecho sus deberes" durante la transición democrática, no es la actuación del Juez Baltasar Garzón, sino el desconocimiento palmario del derecho penal internacional, la continuidad de la legalidad de un régimen dictatorial como el franquista y el total abandono de las víctimas del franquismo por parte del Estado, cuestiones todas ellas de las que han hecho gala los diferentes gobiernos democráticos y que han tenido su culmen épico en la aprobación de la denominada "Ley de la Memoria" por la práctica totalidad de los grupos parlamentarios representados en el Congreso, con la sola excepción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, cuyo diputado Joan Tardà representó esta honorable excepción y, por razones políticas totalmente contrarias a las víctimas del franquismo, el Partido Popular.
- 6) La denominada "Ley de la Memoria" es una ley de impunidad objetiva y, por lo tanto, de confirmación del modelo de impunidad español, y ello por dos motivos muy claros: primero, porque niega el reconocimiento jurídico de las víctimas al convertirlo en un mero "acto administrativo" y así está siendo aplicado por los juzgados de primera instancia e, incluso, defendido por asociaciones que promueven la "Ley de la Memoria"; y, segundo, porque reconoce la legalidad de las leyes franquistas y ésta es la base jurídica que dio pie a la presentación de Fuerza Nueva y Falange Española de las JONS en una querella ante el Tribunal Supremo, reconociéndoseles así la legitimación activa para defender a integrantes del régimen franquista. [Ver comunicado de 11 de octubre de 2007 titulado "Declaración ante el acuerdo parlamentario para presentar un nuevo proyecto de Ley de la memoria y la apertura de la ponencia en la Comisión constitucional del Congreso" firmado por más de 70 asociaciones y el complementario de 30 de octubre de 2007 titulado "Una ley aberrante"]
- 7) La cuestión de fondo sigue y seguirá siendo la misma que explicitamos en el punto 2) del documento hecho público el 01 de septiembre de 2006 titulado "Entre la cobardía moral y la ilegalidad". En el mismo decíamos, junto a más de 60 organizaciones, que: "El Proyecto de Ley no hace ningún reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo y, como consecuencia, no recoge ninguna de las demandas de las asociaciones de víctimas, ya que sólo habla de reconocimiento moral y compensaciones económicas, que no de indemnizaciones, y no es concordante con el derecho internacional de los derechos humanos, ni con las normas internacionales de reparación de víctimas. En este sentido, resulta conveniente recordar que los tratados internacionales suscritos por España forman parte del ordenamiento interno, esto es, los pactos y tratados sobre derechos humanos están reconocidos por la Constitución vigente, tratándose además de normas de nivel superior a la propia constitución."
Esta declaración fue ratificada por varias organizaciones el 11 de enero de 2010, en un texto titulado "Ante el segundo aniversario de la "Ley de la memoria" en el que, a raíz del segundo aniversario de la entrada en vigor de la "Ley de la Memoria", decíamos que esta ley era "insalvablemente ilegal" debido a que "El artículo 3 de la Ley proclama la 'ilegitimidad' de los tribunales franquistas aceptando, por ende, su legalidad y, como dijimos en un comunicado de 14 de agosto de 2007, esta postura doctrinal retrotraía la discusión al año 1930 en que los conocidos juristas y abogados D. Felipe Sánchez Román y D. Luis Jiménez de Asúa defendieron en una asamblea del Colegio de Abogados de Madrid la necesidad de dejar sin efecto el Código Penal de 1928, conocido como 'Código de Primo de Rivera', que fue aprobado por Real Decreto de 8 de septiembre de 1928. Su propuesta fue aprobada por mayoría del Colegio de Abogados de Madrid. La ponencia en cuestión afirmaba expresamente que 'El Código penal gubernativo, impuesto por Real Decreto de 8 de septiembre de 1928, previo acuerdo del primer Consejo de ministros de la Dictadura, adolece, por esta sola razón, de ilegítima procedencia, del más rotundo vicio de ilegalidad'". - 8) A pesar de las discusiones bizantinas y política e ideológicamente motivadas con relación a la "Ley de Amnistía", y a pesar de la vacua, irreflexiva, perversa y nula en derecho reforma de dicha ley que ha propuesto el Diputado Gaspar Llamazares, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, en una proposición de ley presentada en el registro del Congreso de los Diputados el 20 de abril de 2010, no cabe duda alguna en derecho internacional de que a tenor de la jurisprudencia emanada de los juicios de Nuremberg y de las resoluciones de las Naciones Unidas, la ilegalidad del régimen del General Franco está fuera de toda duda razonable en el derecho penal aplicable en la Europa surgida de la II Guerra Mundial y, por lo tanto, los crímenes cometidos no pueden ser amnistiados al reunir las caracteristícas de "crímenes de guerra" y "crímenes contra la humanidad".
- 9) Desde que hiciéramos público en 2004 nuestro documento "La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas", primero en analizar lo que hemos denominado el "modelo de impunidad español", hemos pedido la investigación penal de los crímenes del franquismo entre otros aspectos incluidos en el "Plan de Acción" contenido en el mismo. A su vez, tanto el Equipo Nizkor como las asociaciones que nos han apoyado, hemos hecho públicas numerosas declaraciones argumentando esta necesidad. En todas ellas hemos partido de que es necesaria la transparencia procesal y el cumplimiento del derecho a la justicia como única forma de reparación a las víctimas del franquismo. Por eso mismo exigimos que se apliquen en forma escrupulosa todas las normas del debido proceso como única manera de reconocimiento y de respeto a las víctimas y sus familiares.
- 10) Por último, ratificamos en esta oportunidad la declaración "Entre la cobardía moral y la ilegalidad" que hicimos pública, con el apoyo de la práctica totalidad de las asociaciones de víctimas del franquismo, el 1 de septiembre de 2006
El actual estado de cosas no es más que la consecuencia de la falta de responsabilidad ética, moral y legal de los grupos políticos parlamentarios que apoyaron la denominada "Ley de la Memoria Histórica", la cual no da solución legislativa a los principales aspectos de la cuestión de las víctimas del franquismo, dejando en la indefensión más absoluta a las víctimas y sus familiares y, más aún, pretende alejarles de la historia común europea y especialmente de las soluciones que se adoptaron en la materia en los países que sufrieron regímenes fascistas o nacionalsocialistas. - 11) Por todo ello, reiteramos la exigencia de que el Tribunal Supremo archive las actuaciones abiertas a causa de la querella presentada contra el Juez Baltasar Garzón y reiteramos también que las víctimas del franquismo lo que necesitan es justicia y no conmiseración.
El no reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo es, no sólo un acto de injusticia manifiesta, sino también un acto que desconoce la igualdad ante la ley y permite la legalización de facto de un régimen fascista que toda Europa creía finiquitado. Madrid y Charleroi, 23 de abril de 2010 Equipo Nizkor, Gregorio Dionis, presidente.
AFARIIREP - (Asociación de Familiares y Amigos de Represaliados de la II República por el Franquismo), Ana Viéitez Gómez, presidenta
Asociación para la creación del Archivo de la Guerra Civil, las Brigadas Internacionales, los Niños de la Guerra, la Resistencia y el Exilio Español. AGE (Archivo Guerra y Exilio), Dolores Cabra, secretaria general.
Colectivo de Solidaridad por la Justicia y Dignidad de los Pueblos: COLICHE, Lorgroño, La Rioja
Derechos Human Rights, Marga Lacabe, Executive Director
Grupo Verdad y Justicia de Valladolid, Orosia Castán.
Sodepaz Rioja, Logroño, La Rioja
ii) Manifestación de apoyo a Garzón: Preguntas y respuestas.
27 ABRIL
MANIFESTACIÓN DE APOYO A GARZÓN
Preguntas y respuestas La convocatoria ha sido realizada por partidos y sindicatos mayoritarios, como PSOE, IU, CC.OO., UGT, y otras organizaciones de la "izquierda oficial", es decir, la integrada en el Sistema. La participación en dichas concentraciones y manifestaciones, se presenta como "de apoyo al juez Garzón" y en consecuencia, contra el proceso abierto contra él por jueces pro-franquistas del Tribunal Supremo, por el supuesto delito de prevaricación al investigar los crímenes del franquismo. La convocatoria y participación en la manifestación, se nos quiere vender por los promotores (no solo a los que que estamos comprometidos con el mundo memorialista, si no a sus propios militantes y simpatizantes), como una escenificación de apoyo para acabar, supuestamente, con la impunidad sellada por la ley de Amnistía de 1977 y contra las decisiones de un alto tribunal, en el que se han fortificado los últimos servidores togados del franquismo. Quién no asista, o no apoye la manifestación en Murcia del sábado 27 de abril, parecería como que está a favor del procesamiento de Garzón y del mantenimiento de la impunidad franquista, resultando difícil zafarse de esta interpretación ¿no es verdad?  
Pues bien, los lectores de este comentario, deben saber que TODAS las siglas arriba expresadas, se corresponden con organizaciones que HAN APOYADO ACTIVAMENTE la llamada "Ley de la Memoria Histórica" (LMH), una ley concebida como de impunidad y punto final, que ratifica la vigencia de la Ley de Amnistía de 1977, y que ignora -a sabiendas- las obligaciones del estado español para aplicar la Ley Penal Internacional, en materia de persecución de la impunidad de "crímenes contra la humanidad", como los perpetrados por los sublevados en 1936 y durante la posterior dictadura de Franco. De trampa en trampa. Izquierda Unida, uno de los convocantes, ha sido pieza clave para que finalmente saliese adelante la LMH en 2007 que conocemos, a pesar de la oposición de la inmensa mayoría de las asociaciones memorialistas, una ley que permite que el franquismo, sus tribunales represores y sus sentencias, permanezcan siendo jurídicamente legales, por muchas "ilegitimaciones" inocuas que el gobierno se saque de la manga, sin otro efecto que las simbólicas e inoperantes "reparaciones morales". Que sepamos, a las víctimas del terrorismo, además de las "reparaciones morales" se les repara también "jurídicamente" con medidas de todo tipo, incluidas las económicas, que vemos aparecidas en el B.O.E., medidas que habiendo sido votadas unánimemente por todos los partidos, consideran ilegales y no "ilegítimos" los actos delictivos de que fueron víctimas. Recordaremos que fue IU, quién de la mano del acrobático jurista Jiménez Villarejo, introdujo el término "ilegitimar" en sus negociaciones con el gobierno, como un placebo leguleyo que hiciera creer a los menos avisados, que llamar "ilegítimo" al franquismo es igual que calificarlo de "ilegal". Sin embargo, si maltratar una mujer fuera solo "ilegítimo" ningún agresor iría a la cárcel por este motivo. Así, saltando de trampa en trampa y de complicidad en complicidad y mientras el PSOE pactaba con IU la LMH, los sindicatos mayoritarios "de izquierdas", tan activos ellos para poner el cazo a las millonarias indemnizaciones gubernamentales, por sus edificios incautados por el franquismo, mantuvieron prudentemente la boca cerrada, durante los tres años que duraron los largos debates parlamentarios y extraparlamentarios sobre dicha Ley, dejando en la más absoluta de las soledades a los que, desde las pocas asociaciones memorialistas y de víctimas del franquismo entonces existentes, clamaban ante la lenidad de las propuestas del PSOE y las claudicaciones humillantes de Llamazares y su silenciosa organización, quién a última hora retiró su "inquebrantable" exigencia para que se declarasen nulas las sentencias de los consejos de guerra franquistas. Para ese camino no hacen falta alforjas. Sin LMH, las asociaciones de víctimas estarían hace ya tres años personados ante el Tribunal Europeos de Derechos Humanos. Ahora lo tienen bastante más crudo, al tener el gobierno "socialista" la coartada de ese placebo conocido como LMH. La pregunta. Llegados a este punto, podemos preguntarnos: ¿qué se esconde tras esta convocatoria para el día 27? . La respuesta la tenemos en que los convocantes, pretenden exonerarse de sus graves responsabilidades, contraídas al haber apoyado la LMH de 2004 a 2007 y siguientes, hasta la querella contra Garzón, además de para echarle un cable al gobierno "socialista" en el caso Gürtel que instruyó Garzón, que corre el riesgo de entrar en vía muerta de caer en manos de los amigos togados de la trama pepera. La "madre del cordero" Con estos antecedentes, llegamos a la conclusión de que la "madre del cordero" de todo este embrollo, no es solo el aura franquista del juez Varela, emboscado en el supremo búnker de la Justicia, si no la Ley de la Memoria Histórica del PSOE, (del PSOE... y de sus aliados, no se olvide), puesto que ha sido el elemento dinamizante de este enrevesado proceso, al no ofrecer sorpresa alguna tal como se han desarrollados los acontecimientos. Veamos sinó: Falange Española, el sindicato y la organización fascista "Manos Limpias" y "Memoria e Identidad", querellantes contra el juez Garzón, son entes legales y su querella es técnicamente legal, porque el gobierno "socialista" se lo ha permitido, (IU no puso como condición en las negociaciones con el PSOE su ilegalización) mientras que en Alemania fueron los partidos conservadores, los que pusieron al partido nazi fuera de la ley. Cayo Lara escribió en "Público" el pasado día 10, que los crímenes franquistas no eran perseguibles penalmente "porque a los asesinos les amparaba la Constitución,(...) y la ley de obediencia debida". Han leído bien. Una ley recientemente anulada en Chile, por cierto. En un país democrático de verdad, y en una organización de estructura democrática y participativa, Cayo Lara hubiera sido llamado a consultas de inmediato, y jubilado fulminantemente por sus propias bases. Por contra, cuatro días después, estaba en la Universidad Complutense de Madrid defendiendo justamente lo contrario. Vemos así como toda esta farándula de políticos y sindicalistas, absolutamente desaparecidos hasta hoy del teatro de operaciones contra la impunidad, una lucha desigual afrontada resueltamente por AGE, el Foro por la Memoria, y otras muchas asociaciones estatales y territoriales de rescate de la memoria histórica, surgen ahora inesperadamente estos agentes mediáticos, para presentar a sus organizaciones como paladines de los derechos de las víctimas, mientras que han permitido con su acción u omisión, que con esa Ley -que ahora parece que no le gusta a nadie-, y que anda por ahí sin padre ni madre, se haga como con aquello de las lentejas: "si las quieres las tomas..." Yo iré a la manifestación. Sí, iré. Pero no para apoyar a Garzón, ni para adherirme a los lemas hipócritas de tanto trilero. Estaré allí en representación silenciosa de la memoria de mi abuelo Ginés, un maestro republicano cuya sentencia a muerte ejecutada, sigue siendo legal gracias estos saltimbanquis, que explotan los buenos sentimientos de los ciudadanos ignorantes todos estos "intríngulis", que honestamente se han creído que apoyar a Garzón, equivale a exigir al gobierno de España que cumpla con las leyes internacionales, bajo el lema irrenunciable de "Verdad, Justicia y Reparación". Los convocantes pretenden otra cosa. No se explicaría de otra manera que hayan esperado hasta ahora para hacerlo, después de presenciar impávidos, o asistir solícitos, al parto de una ley monstruosa de impunidad y punto final. Los esperamos en Estraburgo. ¿Vendrán?. 21 de abril de 2010. Floren Dimas
Región de Murcia
iii) La paradoja de Garzón. Los abajo firmantes nos vemos en la obligación de hacer ciertas precisiones ante las iniciativas llevadas a cabo por asociaciones de derechos humanos e intelectuales de diversos ámbitos geográficos para respaldar al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, imputado por delitos de prevaricación por los procesos que instruye por desaparición de personas durante la guerra civil y el franquismo. Antes que nada, tenemos que reconocer que nos encontramos en un terreno terriblemente resbaladizo. Terreno en el que se vierten denuncias contra sus acusadores que también se podrían achacar al ahora acusado, y solidaridades y palabras de apoyo para con éste que, desde nuestro humilde punto de vista, deberían ser matizadas. En efecto, hemos alzado la voz de forma rotunda contra la intromisión de los tribunales de justicia para bloquear iniciativas que tienen un evidente cariz político, la defunción de debates públicos vivos y necesarios por la acción de los estrados. En este caso concreto, la iniciativa en favor de las víctimas del alzamiento fascista, no la circunscribimos al impulso del juez Garzón, sino que consideramos que responde a la acción anónima, decidida y consecuente de cientos de asociaciones e individuales que han luchado denodadamente por el conocimiento y reconocimiento de la verdad y la justicia. Es a ellos a quien se corta el camino ante los tribunales de justicia. Por otra parte, no podemos sino remarcar que el reproche a la intervención inaceptable de la Justicia en el libre debate político es imputable también al propio Sr. Garzón. Paradójicamente, es ahora víctima de una politización de la justicia que él magistralmente diseñó e impulsó. Su apelación a la ambigüedad de las acusaciones que ahora se vierten contra él, la "patente desviación de los hechos objeto de esta causa" que denuncia en su recurso, o la instrucción "sesgada" de que se considera víctima, "que sólo cabe explicarse desde una idea preconcebida de este asunto, que le impide analizar con objetividad los hechos que contempla" no es sino su propia medicina, esa que se ve obligado a probar él mismo. Y que ahora denuncia por amarga. Pero es que además, se regala solidaridad a Garzón por parte de varias organizaciones, con el apelativo de "defensor de derechos humanos" sin repasar, su currículum al respecto. No es vano recordar que realiza su actividad jurisdiccional desde la herencia más envenenada recibida de la Justicia franquista, la Audiencia Nacional, sustituta del TOP -Tribunal de Orden Público-. Más aún, sabiendo perfectamente que las jurisdicciones especiales son la esencia de los regímenes totalitarios. La naturaleza arbitraria de este tribunal fue oportunamente señalada por el propio Relator para los Derechos Humanos en la Lucha Antiterrorista, Martin Scheinin. No es baladí apuntar que en su actuación ha impulsado casos contra medios de comunicación, asociaciones populares, partidos políticos e incluso defensores de derechos humanos, que se deben calificar como una agresión directa a la libertad de expresión y al derecho de libre asociación pacífica. El propio Comité de Derechos Humanos hizo recientemente patente su preocupación al respecto. No es gratuito traer a estas líneas que Garzón, en su actividad diaria al frente del Juzgado especial que dirige, da orden de detener a personas acusadas de terrorismo bajo el régimen de incomunicación, verdadero espacio de impunidad en el que se producen brutales torturas. Organismos como el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa -CPT-, el Comité contra la Tortura -CAT- o diferente Relatores Contra la Tortura del sistema de Naciones Unidas han reclamado reiteradamente la abolición de esta modalidad de detención, cuya aplicación lleva la rúbrica de este magistrado. No es trivial recordar que el juez, ahora elevado a la condición de defensor de derechos humanos por varias asociaciones, se ha mostrado impasible ante las denuncias de tortura que le narraban detenidos bajo su responsabilidad. Entre otros, el ciudadano vasco Josu Arkauz, cuyo testimonio de tortura fue considerado por el CPT "detallado y coherente" y que reprochaba al Juzgado nº 5 que no adoptó medidas "repetidamente recomendadas por el CPT" para evitarlas. Esta es la línea argumental seguida también en el caso de los detenidos en Catalunya en la llamada «Operación Garzón» durante los Juegos Olímpicos de Barcelona, caso ante el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentenciaba el 2 de noviembre de 2004 que las investigaciones de tortura no habían sido «los suficientemente profundas y efectivas para cumplir con las exigencias de los tratados internacionales». Conocemos, pues, la actitud de Garzón en el ámbito internacional, así como la conocemos en el doméstico. Sabemos de su interés por aparecer como el juez progresista, para poder así llevar a cabo una actitud represiva sin parangón, desde los despachos del tribunal excepcional de la Audiencia Nacional. Hemos visto de primera mano su pasividad con la tortura en sus quehaceres diarios, así como hemos podido constatar que su actividad en el ámbito internacional en el ámbito de los derechos humanos no es más que un ligero barniz, sin que sus acciones en ningún caso hayan pasado de ser testimoniales. Verificamos, por fin, los excesos de su tribunal, que denunciamos de la misma manera que denunciamos los excesos que otros tribunales comenten ahora con el juez Garzón. La admisión a trámite de la presente querella por querer investigar los crímenes contra la humanidad cometidos durante el periodo franquista, es atentatoria contra la declaración de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad por el Comité de Derechos Humanos de la ONU y contra el sentido común. Desde esa legitimidad, no podemos sino oponemos a la designación de este juez como defensor de derechos humanos, cuando su actuación ha sido, mientras le era favorable a sus intereses, idéntica a la que ahora denuncia. Madrid, 11 de abril de 2010 Firman: Jorge del Cura del Centro de Documentación contra la Tortura, Ramom Lôpez-Suevos Fernándes y Elvira Souto (Esculca-Observatório para a Defensa dos Direitos e Liberdades), Ramón Piqué (Associació Memòria Contra la Tortura), Eva Pous (Alerta Solidària), Montserrat Munté (Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura), Maite de Miguel y Eduardo Rivero (Independientes), Ane Ituiño y Lorea Bilbao (TAT-Torturaren Aurkako Taldea), Julen Arzuaga, Iratxe Urizar y Edurne Iriondo (Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokia), Andoni Hernández (Eskubideak Euskal Abokatuen Elkartea), José Ramón Pérez (Salhaketa -Araba), Carlos Hernández (Salhaketa -Bizkaia), Iñaki Rivera Beiras (Universidad de Barcelona), Gemma Ubasart i Gonzàlez (Universidad Autónoma de Barcelona-UAB), Amalia Alejandre (abogada, Madrid), José Manuel Hernández (abogado, CAES), Luis Ocaña Escolar y Emma Valiente (Grupo 17 de Marzo, Sociedad Andaluza de juristas para la defensa de los Derechos Humanos). Nota del Equipo Nizkor: Compartimos en su integridad al artículo que editamos más arriba y que fue publicado por el Diario Rebelión, Diario Gara y Kaos en la red.
iv) The problem of impunity in Spain is one of causes not consequences. Since 14th April 2004, when Equipo Nizkor published its report "The question of impunity in Spain and crimes under Franco", the first, since enactment of the Constitution in 1978, to address the issue of the victims of Francoism in the light of international criminal and international human rights law, we have regularly disseminated statements and documents concerning the so-called "Spanish model of impunity". With reference to the events which have occurred as a result of the lawsuits filed in the National Court (Audiencia Nacional), we have also issued various analyses on the subject. Numerous organizations throughout the country who have decided not to take part in the filing of such lawsuits before the National Court have participated in these documents. In our earlier statements we predicted much of what has since occurred and in particular the risk that the cases would be closed in accordance with current procedural law. From those statements, we highlight the following: The "Statement concerning the status of the criminal lawsuits pertaining to the victims of Francoism that were filed with the Audiencia Nacional", published on 30 September 2008 followed by the statement of 20th November 2008 headed "Statement on the issue of competence in the Audiencia Nacional : the crime cannot be the source of the law". Both of these documents discuss in detail the situation created as a result of the procedural consequences of the acts of the investigation judge of Central Investigating Court No. 5 of the National Court. On 21st February, we also published a document on the subject entitled "The case against Judge Baltazar Garzón exposes the structural contradictions in the system of impunity in Spain". With these statements we have made clear the position of the organizations who have not participated in the lawsuits for legally strategic reasons. The situation that is now developing in the Supreme Court leads us to ratify all of these statements. However, given the circumstances we find ourselves compelled to repeat some of the issues we have already addressed. As Thomas Paine said in his book "Rights of Man", an indispensible reference on the ethics of civil liberties born of the North American and French Revolutions, and in our view particularly relevant to this situation: "It suits his purpose (Mr Burke's purpose- the purpose of those who oppose civil liberties and republican values) to exhibit their consequences without their causes. It is one of the arts of the drama to do so. If the crimes of men were exhibited with their sufferings, stage effect would sometimes be lost, and the audience would be inclined to approve where it was intended that they should commiserate". We therefore consider that as part of the exercise of our liberties it is necessary to reflect on the structural causes which have led us to this state of affairs in which those mainly affected are the victims of Franco who deserve and claim justice, not commiseration. In the last few days some events have occurred of particular importance in the proceedings in the Supreme Court based on the lawsuit filed by "Manos Limpias" (an extreme right-wing organization which grew out of the remains of the Francoist party Fuerza Nueva), the group of similar political origin "Libertad e Identidad"; and the political party "Falange Española Tradicionalista y de las JONS" (literally: Spanish Falange of the Assemblies of National-Syndicalist Offensive), about which we need say no more than that it is the only organization which gave birth to and participated in the fascist and/or National Socialist regimes in Europe that, nevertheless, has been recognised by the high courts of the Europe which rose out of the Second World War, the same Europe whose history is in the origin of the system of the United Nations and international criminal law recognised by every country which is a member of that organisation. We ratify here those points from our statements of 2004 and thereafter inasmuch as they concern the current situation: 1) The Supreme Court should proceed to decide the issue raised by the case brought against Judge Baltazar Garzón in a way which is in accordance with international criminal law and consistent with the history of all those countries which have endured fascist and national socialist regimes. 2)The recognition of the legitimacy of the Spanish Falange of the JONS positions Spain outside the bounds of European law and in practice is itself an act characteristic of a "state of exception", in the sense that the well known National Socialist doctrinarian Carl Schmitt gave to the term; not even the Greek colonels enjoyed such recognition in the courts. 3) We expressly reject that it is possible in law to claim the representation of a regime which, according to United Nations resolutions "(a) In origin, nature, structure and general conduct, [the Franco regime] is a fascist regime patterned on, and established largely as a result of aid received from, Hitler's Nazi Germany and Mussolini's Fascist Italy", and the legality of which therefore cannot be accepted in a law court, and certainly not in the Supreme Court of a country which purports to comply with the formal conditions of a rule of law. For this reason, we consider it to be mere legal subterfuge and manifestly inadequate that the participation of the Spanish Falange of the JONS in the proceedings going on against Judge Baltasar Garzón be rejected for purely procedural reasons, avoiding the resolution of the fundamental point at issue. 4) Nor do we accept in law the arguments of the Prosecutor in his submission of 22 April 2010 in which he stated that he considered the Spanish Falange of the JONS lack "procedural legitimacy", a position which is publicly supported even by the Minister of Justice of the Kingdom of Spain for reasons we have already explained. The position of the Prosecutor's Office has been used by the media such as "El País" to manipulate, yet again, criminal terminology and to suggest that the Prosecutor's Office is saying the Spanish Falange of the JONS is not legal. At no time in these proceedings so far has the question of the legality of the Spanish Falange of the JONS been raised on the basis that it is an organization which participated in the systematic persecution of persons for political grounds which was carried out by the Francoist regime. In fact, the position of the Prosecutor's office directly attacks the institution of the "popular accusation" ("acusación popular") recognised in the Spanish Constitution; and this attack is nothing less than a serious attempt to question the legitimacy of that instituion, to eliminate the possibility of its application to bring someone to justice and, of course, to avoid the fundamental matter at issue. There are evidently large sectors of the judiciary who for the last 12 years have been developing all sorts of plans which would eliminate the institution of the "popular accusation". It is still surprising however that they would take advantage of such an exceptional situation as this to conceal these attempts to modify "de facto" the Constitution and yet deny the victims of Francoism their rights under the same Constitution. It is the judges who should put objective limits on the perverse use of the institution of the "popular accusation" with decisions based on applicable law and jurisprudence There are in this case more than enough elements of jurisprudence and international criminal law to decide the issue without eliminating the right of representation in the courts of justice. 5) The causes of the situation which so surprises the European countries who thought that Spain had "done its homework" during the democratic transition are not the actions of Judge Baltasar Garzón, but the obvious ignorance of international criminal law, the continued legality of the dictatorial regime of Franco and the complete abandonment of its victims by the State. These have all been concealed by the various democratic governments, who instead claim exemplary management of the issues surrounding Francoist victims and have culminated in the favourable vote for the so called "Law of Memory" by practically all the parliamentary groups in Congress. The only exceptions were the parliamentary group of the Esquerra Republicana de Catalunya honourably represented by the Deputy Joan Tardá and, for political reasons totally contrary to that of the victims of Francoism, the Partido Popular. 6) The so called "Law of Memory" is a law of objective impunity, that is to say, a law that confirms the model of Spanish impunity, for two very evident reasons. First, it denies the legal recognition of the victims by converting this into a mere "administrative act". It is being applied in this way by the courts of first instance and even supported by associations who defend the Law of Memory. And second, it recognises the legality of the Francoist laws and this is the legal basis which has enabled Fuerza Nueva and Spanish Falange of the JONS to officially become parties to the proceedings initiated in the Supreme Court by Manos Limpias, and thereby obtain recognition of their legitimacy to defend members of the Francoist regime. [See communiqué of 11 October 2007 entitled "Statement concerning the Parliamentary agreement to present a new draft Law of Historic Memory", endorsed by more than 70 associations and also the communiqué of 30 October 2007 "An aberrant law"] 7) The fundamental question is and will continue to be the same one we raised in point 2) of our document of 1st September 2006 entitled "Between moral cowardice and illegality". In that document we said, along with 60 organizations, that "The Draft Law does not provide any legal recognition of the victims of Francoism and, as a result, it does not address any of the demands of the victims' associations, given that it only speaks of moral recognition and economic compensation and not of indemnification and further is not consistent with international human rights law, or with international norms concerning reparation to victims. On this point, it is appropriate to remember that the international treaties which have been entered into by Spain form part of the internal legal system, that is to say, these human rights covenants and treaties are recognised by the Constitution currently in effect, and furthermore they constitute norms which rank in priority to the Constitution itself ". That statement was ratified by various organizations on 11th January2010 in another communiqué entitled "Concerning the 2nd anniversary of the 'Law of Memory'" in which we said that the law was "irredeemably illegal" given that in Article 3 it proclaims the 'illegitimacy' of the Francoist courts and thereby accepts their legality. As we said in our communique of 14th August 2007 this doctrinal position returns the discussion back to 1930 when the well known lawyers Felipe Sánchez Román and Luis Jiménez de Asúa argued in a meeting of the Madrid College of Lawyers that the Criminal Code of 1928 -known as the Code of Primo Rivera- should be annulled. Their proposal was approved by the majority of the College of Lawyers and expressly declared that "the Government's Criminal Code, imposed by Royal Decree dated 8th September 1928 following agreement of the first Council of Ministers of the Dictatorship, being the product of an illegitimate source, suffers from the profound flaw of illegality". 8) Notwithstanding the ideologically motivated, byzantine and political discussions that are held with respect to the "Law of Amnesty" and despite the vacuous, thoughtless, perverse and legally null reform of that law which Deputy Gaspar Llamazares (of the parliamentary group Izquierda Unida) has submitted, in a bill entered in the register of the Congress of Deputies on 20th April 2010, there is no doubt whatever in international law, that according to the jurisprudence derived from the Nuremberg trials and the resolutions of the United Nations, General Franco's regime was illegal under criminal law in effect in the Europe that arose from the Second World War. The crimes committed, therefore, cannot be the subject of amnesty as they are classifiable as "war crimes" and "crimes against humanity". 9) Since we published in 2004 "The question of impunity in Spain and crimes under Franco", the first such document to analyse what we describe as the Spanish model of impunity, we have sought a criminal investigation of the crimes of Francoism as well as other actions set out in the "Plan of Action" contained in that document. At the same time, Equipo Nizkor and the organizations who have supported us, have published several statements arguing for this need. In all of these we have based our arguments on the need for procedural transparency and adherence to the right to justice as the only method of making reparations to the victims of Francoism. For this reason, we demand that the norms of due process be strictly complied with as there is no other way to give recognition and respect to the victims and their families. 10) Finally, we take this opportunity to ratify our statement "Between moral cowardice and illegality" published with the support of almost every association of victims of Franco on 1st September 2006. The current state of affairs is no more than the consequence of the lack of ethical, moral and legal responsibility of the political parliamentary groups who supported the so called "Law of Memory", which offers no legal solution to the principal aspects of the issue of the victims of Franco. It leaves the victims and their families in a position of complete defencelessness and even seeks to distance them from Europe's shared history, and from the solutions adopted on these issues in the countries which endured fascist or national socialist regimes. 11) In view of the foregoing, we repeat our demands that the Supreme Court closes the current proceedings brought against Judge Baltasar Garzón and that what the victims of Francoism need is justice, not commiseration. The failure to give legal recognition to the victims of Franco, is not only a manifestly unjust act, it is also one which ignores the principle of equality before the law and permits the de facto lawfulness of a fascist regime which all Europe considered over and done with. Madrid and Charleroi, 23 April 2010 Gregorio Dionis, President Equipo Nizkor
Ana Viéitez, President of AfarIIREP - (Association of Relatives and Friends of the 2nd Republic Victims of Reprisals by the Franco Regime)
Dolores Cabra, Secretary-General of AGE (Association for the creation of an Archive of the Civil War, the International Brigades, the Children of the War, the Resistance and the Spanish Exile - Archive of War and Exile)
Marga Lacabe, Executive Director, Derechos Human Rights
Más Información: El problema de la impunidad en España son sus causas, no sus consecuencias.
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/declarts.html Escrito de Adolfo Scilingo pidiendo la nulidad de la sentencia por crímenes contra
la humanidad usando como argumento la Causa Especial contra Baltasar Garzón.
http://www.derechos.org/nizkor/espana/juicioral/doc/pamos2.html Proyecto de Ley modificando la "Ley de Amnistía" de 1977 presentada
por los diputados Gaspar Llamazares y Joan Herrera Torres.
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/llamazares6.html Proyecto de Ley modificando la "Ley de Amnistía" de 1977 presentada
por los diputados Francisco Jorquera Caselas y Olaia Fernández Davila.
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/bng4.html Vergonzosa interpelación del diputado Joan Herrera Torres sobre la denominada
"Ley de la Memoria" en la que demanda su modificación debido a su manifiesto fracaso.
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/herrera.html El juez Andrés Ibáñez sustituirá a Varela en la querella contra Garzón.
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/garzon113.html Organizaciones argentinas apoyan a las víctimas del franquismo pero no apoyan al Juez Garzón.
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/garzon112.html Verdad, justicia y reparación.
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/pedreno2.html De cuando El País defendía con entusiasmo el "borrón y cuenta nueva" de la Amnistía.
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/pais.html Garzón gana tiempo y consigue retrasar su suspensión al menos durante un mes.
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/garzon111.html Varela acepta tramitar la recusación planteada por la defensa del juez Garzón.
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/garzon109.html Escrito de recusación presentado por el Juez Garzón respecto del juez Instructor en la
causa que se sigue contra él en el TS.
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/garzon114.html El juez Varela expulsa a Falange del proceso contra Garzón.
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/garzon106.html El Fiscal pide que se considere que la institución de las "acusaciones populares"
no tiene legitimación procesal para instar juicio oral.
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/fiscalia6.html La asistente de Garzón en Nueva York deja al juez por mentiroso.
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/garzon104.html El Supremo cita como testigo a Botín en el caso de los cursos de Garzón en Nueva York.
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/garzon103.html El Supremo rechaza el escrito de acusación de Falange contra Garzón.
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/garzon102.html |
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