Ministro Urresti dice que es inocente pero cuatro testimonios lo acusan
Uno de los militares condenados por el crimen del corresponsal de Caretas Hugo Bustíos dijo que en 1988 Daniel Urresti era jefe de la sección de inteligencia y estuvo en la patrulla que disparó contra el periodista. La fiscalía tiene otros tres testimonios. El ministro afirma que irá cada vez que lo cite el Poder Judicial.
Tras varias horas que se supo que es investigado por el asesinato del corresponsal de Caretas Hugo Bustíos, ocurrido en 1988, el ministro del Interior, Daniel Urresti, negó esa imputación y dijo ser inocente.
"No hay una sola prueba en mi contra, soy inocente, mis manos no están manchadas de sangre", señaló en conferencia de prensa, en la que destacó que ha acudido a todas las citaciones del Ministerio Público y del Poder Judicial, y hará lo mismo cada vez que lo convoquen.
Cuestionó el testimonio de uno de sus acusadores, el del teniente coronel Amador Vidal. Dijo que estaría actuando en represalia porque emitió un informe en su contra por negligencia y por ello tuvo una mala calificación. Urresti dijo que "en el Ejército eso es lapidario".
Admitió haber trabajado en Ayacucho como oficial de inteligencia, pero recalcó que tiene derecho a la presunción de inocencia.
Refirió que antes de asumir el cargo de ministro le informó al presidente Ollanta Humala sobre la denuncia en su contra.
De esta manera respondió a la acusación fiscal que le imputa la presunta autoría mediata del crimen de Bustíos, cuando era jefe de la sección de Inteligencia S-2, en Huanta, Ayacucho.
Según el auto de apertura de instrucción, difundido por Ideeleradio, la fiscalía inició proceso penal contra Urresti luego de recoger pruebas que acreditan su participación en el asesinato de Bustíos y atentar contra la vida del también periodista Eduardo Yeni Rojas Arce, el 24 de noviembre de 1988.
Esta acusación parte del testimonio de Amador Vidal Sanbento, sentenciado en el 2007 junto al coronel EP Víctor La Vera Hernández, a 15 y 17 años de prisión, respectivamente, por ser responsables del crimen del periodista. Vidal Sanbento señaló que Urresti, alias "Arturo", comandó el grupo de militares que emboscaron y dispararon contra los periodistas.
"Cuando los periodistas llegaron donde se encontraba el jefe de Inteligencia Daniel Urresti Elera, el sargento primero reenganchado Johnny Zapata Acuña, alias "Centurión", y las otras dos personas, éstos comenzaron a disparar", dice su declaración.
La Fiscalía refuerza esta versión con testimonios de otras tres personas que identifican a Urresti como "Arturo": uno de ellos es Pedro Mujica León, destacado en Huanta en 1988, quien lo identificó cuando le mostraron su ficha del RENIEC. Asimismo, Edgardo Montoya Contreras, entonces adjunto de Logística, señala que la mañana que asesinaron a Bustíos salió del cuartel un vehículo bajo el mando de Urresti.
A esto se suma la declaración del periodista Abilio Arroyo, quien recibió similar información.
En mayo pasado el caso se derivó a la Fiscalía Coordinadora Supraprovincial Penal Nacional, a cargo de Víctor Cubas, quien debe emitir su dictamen, definiendo si se inicia un juicio contra el ministro del Interior.
VIUDA DE BUSTÍOS PIDE JUSTICIA
Margarita Patiño, viuda del periodista Hugo Bustíos, pidió la renuncia del titular del Interior, Daniel Urresti. Sostuvo que a primera hora de ayer, una persona que se identificó como su secretaria la llamó por teléfono para preguntarle sobre el crimen de su esposo. Recalcó que ella solo quiere justicia. "Buscamos que de una vez sean juzgados los responsables. Hasta ahora en la mañana no sabía que Urresti era ministro del Interior. Me enteré por la llamada", afirmó. El director del Instituto de Defensa Legal, Glatzer Tuesta, asegura que Urresti miente al negar que tiene impedimento de salida del país. Explica que fue denunciado como autor mediato porque no disparó contra Bustíos pero dirigió la emboscada.
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Matar a un periodista
El presidente Humala y el futuro del ministro Urresti.
Si el gobierno no ofrece una respuesta contundente a la grave denuncia de violación de derechos humanos que pesa sobre el ministro Daniel Urresti, el presidente Ollanta Humala va a tener que buscar, pronto, al séptimo titular del Interior en los tres años que van de su mandato.
Porque lo que sería inaceptable es que el ministro del Interior de un gobierno democrático sea un violador de derechos humanos. Esa conclusión, sin embargo, debe probarse.
Según Ideeleradio, Urresti es investigado desde junio de 2013 como presunto autor mediato del asesinato del periodista Hugo Bustíos –a cuyo cuerpo herido le pusieron un explosivo–, ocurrido el 24 de noviembre de 1988, cuando el hoy ministro del Interior era jefe de la Sección de Inteligencia S-2 en Ayacucho.
Una persona recién es culpable cuando la corte lo declara así tras un debido proceso, y es una lástima que, más de un cuarto de siglo después del asesinato del periodista de la revista Caretas, aún no se haya determinado a todos los responsables por este crimen de lesa humanidad.
Toda muerte es, sin duda, lamentable, pero el asesinato de un periodista constituye, al mismo tiempo, un intento de matar la posibilidad de que la sociedad conozca asuntos que perjudican a corruptos, como narcotraficantes y autoridades mafiosas, o a violadores de derechos humanos.
En el marco de una desordenada conferencia de prensa, Urresti se declaró anoche inocente de la grave acusación por la que se le investiga.
Dijo, además, que sí le informó al presidente Humala de la acusación que pesa sobre él por el asesinato de un periodista, antes de aceptar el cargo de ministro hace poco más de una semana, con lo cual el jefe del Estado está asumiendo plena responsabilidad por esta designación.
Esto nos lleva al tema medular en el caso que se analiza, con la información hasta ahora disponible: ¿conviene tener en el gabinete y, especialmente, en Interior, a alguien sobre quien existe la sospecha de ser violador de derechos humanos y de matar a un periodista?
Por supuesto que toda persona merece la presunción de inocencia, pero en el terreno político hay otras claves que requieren atención y que, en este caso, se refieren específicamente al riesgo de que alguien que enfrenta una acusación tan grave, no esté en capacidad de desempeñar apropiadamente un puesto tan delicado en el contexto actual.
Esa es la decisión crucial que debe tomar el presidente Humala con relación a la permanencia de Urresti en el gabinete ministerial, porque la inseguridad ciudadana constituye la principal frustración de la opinión pública en lo que va de su gobierno, y porque –algo aun no probado– matar a un periodista constituye un crimen imperdonable.
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Bloquean 35 cuentas bancarias de la organización Orellana
Investigación. Según la fiscalía, la organización liderada por Rodolfo Orellana y su hermana Ludith tiene inversiones y cuentas bancarias en Panamá y Colombia. Las inversiones en el extranjero estarían a cargo del detenido Jorge Cortez Martínez. Además, describe que Benedicto Jiménez dirige un aparato con el fin de causar terror y zozobra en la población, amedrentando a las autoridades que los investigan.
César Romero C.
El juez penal nacional Marco Tejada Ortiz dispuso el bloqueo, inmovilización y levantamiento del secreto bancario de 35 cuentas en bancos nacionales de los integrantes de la presunta organización de los hermanos Rodolfo y Ludith Orellana Rengifo.
Además, autorizó el descerraje, allanamiento e intervención de siete empresas del Grupo Orellana, que según la hipótesis de la investigación fiscal estarían siendo utilizadas como instrumentos del delito. En este caso se autorizó la incautación de bienes, documentos, libros contables, equipos informáticos y todo aquello que, de encontrarse dentro de los inmuebles de las empresas, tenga vinculación con el delito.
Estas empresas son Orellana Asesores Consultores, Abogados Peruanos Asociados, Delta Liquidadores y Consultores, Inversiones y Consignaciones San Antonio, Corporación Bioquímica Internacional, Juez Justo TV y Cooperativa de Ahorros y Crédito para Empresas Exportadoras (Coopex).
Van dos detenidos
El juzgado penal nacional tomó la decisión de intervenir las cuentas y empresas, en la misma resolución, fechada el 30 de junio, en la que se dictó orden de detención preliminar de Rodolfo Orellana y otros 19 colaboradores.
Hasta el momento, la policía solo ha podido detener al coronel PNP (r) Benedicto Jiménez, supuesta cabeza del brazo de amedrentamiento de esta organización ilícita, y Jorge Cortez Martínez, pieza principal en las inversiones que se habrían realizado en Panamá y Colombia.
Cortez Martínez se había apropiado, mediante prescripción adquisitiva de dominio, de tres inmuebles en la avenida Argentina, que luego traspasa a su empresa Reswar Corp, que a su vez la alquila a su otra empresa Corporación Bioquímica Internacional.
Panamá y Colombia
Además, la resolución judicial indica que Cortez Martínez ha constituido junto a sus hijos Jorge Antonio y Ruth Nancy Medina Becerra las empresas Reswar Corp y Silver Venture Investment en Panamá, que tienen como representante a William Marchesi Oviedo, quien viene a ser su cuñado, esposo de Edith Esther Cortez Martínez.
Marchesi también representa a la empresa Pastol, que tiene como apoderado especial a Hernán Villacrez Torres, personaje que según el reporte de la UIF está vinculado al narcotráfico.
Villacrez Torres habría realizado depósitos en efectivo en las cuentas bancarias del procesado por narcotráfico Róger Javier Poémape Chávez. Es de recordar que Poémape fue mencionado por Wilbur Castillo como el financista del chuponeo en el Callao, en el que estuvieron involucrados el ex futbolista Roberto Martínez y el alcalde chalaco Juan Sotomayor.
Se busca
De acuerdo con el mandato judicial, la policía viene buscando a nivel nacional a Rodolfo Orellana y su hermana Ludith. Las autoridades sospechan que no ha salido del país y que en cualquier momento podrán ser capturados.
La fiscal Marita Barreto Rivera confirmó que el juez también ha dispuesto el impedimento de salida del país de todos los integrantes de esta organización, por 15 días, contra los que se ha dictado orden de detención.
Según la fiscalía, Rodolfo Orellana y su hermana Ludith Orellana liderarían "una compleja organización criminal" que perpetra delitos de lavado de activos: lavado de "aparentes derechos de propiedad inmueble" (títulos de dominio) y lavado de "aparentes derechos de crédito" que les generan ingentes sumas de dinero.
En las investigaciones, indica la fiscalía, se advierte "una conducta reiterativa de los investigados para hacerse de bienes que, si bien tienen un propietario o posesionario, mediante actos dolosos" logran pasarlos a su esfera de control, "para luego ser transferidos a una primera, segunda o tercera persona, sea natural o jurídica, cuyo patrimonio está siendo administrado por empresas liquidadoras controladas por los hermanos Orellana, todo lo que culmina "con el ingreso de grandes sumas de dinero en diversas cuentas bancarias".
Así, precisa la fiscalía, lograron hacerse de cinco terrenos del Ministerio de Educación bajo un presunto proceso de adjudicaciones y sucesivas transferencias mediante documentos falsos, entre otros casos, como lo sucedido con los inmuebles Plaza de Toros, camal de Yerbateros, Cervatel y el Scotiabank.
Aparato de terror
La resolución judicial también describe las funciones que dentro de la organización estaría cumpliendo, según la fiscalía, Benedicto Jiménez, coronel PNP (r) y director de Juez Justo.
"La organización liderada por Orellana contaría también con un aparato de amedrentamiento a fin de infundir temor a la población. Para ello, por intermedio de "Juez Justo" ataca a diversas personalidades del país que denunciaron o investigan los actos que hoy son materia de investigación, causando zozobra en la población".
"Estos hechos estarían liderados por el brazo derecho de Rodolfo Orellana, Benedicto Jiménez, quien además de ser socio o representante de algunas de las empresas del líder de la organización, al ser ex integrante del GEIN conocería de estas acciones temerarias", precisa la fiscalía.
Todo lo cual, dice, evidencia que se estaría ante una siniestra organización, en la que cada uno cumple sus roles conforme a una determinada estructura organizativa, destinada a cometer delitos que ahora se van a investigar.
Fiscalía podría ampliar los pedidos de detención preliminar
El próximo lunes, a partir de las 10:00 de la mañana, en la sala Bolognesi del Congreso será instalada la comisión especial que investigará al abogado y empresario Rodolfo Orellana Rengifo por un plazo de 180 días.
El presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, Vicente Zeballos Salinas (SN), consideró que el legislador Víctor García Belaunde (AP-FA) es la persona más idónea para presidir el referido grupo investigador.
"Él tiene un mayor nivel de conocimiento de los hechos públicos. Creo que es la persona más adecuada para poder llevar adelante el proceso investigatorio", refirió Zeballos.
Mientras tanto, el vocero y editor de la revista "Juez Justo", Carlos Camacho, anunció que el prófugo Rodolfo Orellana no se entregará a las autoridades y apelará la orden de detención en su contra. "Él considera que no hay garantías para un proceso imparcial", enfatizó Camacho.
La defensa de Rodolfo Orellana la asumiría la abogada Blanca Paredes. Ella fue vista ayer en la sede de las fiscalías de Lavado de activos, en el centro de Lima, reclamando ser notificada de la resolución judicial.
Por su parte, Benedicto Jiménez fue trasladado ayer al Juzgado Penal Nacional para la audiencia de control de identidad. Jiménez permanecerá incomunicado en la sede de la Dirincri, durante los 15 días que duren las investigaciones.
El fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, indicó que de acuerdo con el avance de las investigaciones podrían ampliarse las órdenes de detención. También invocó a los que tengan información de este caso a colaborar con las investigaciones.
La Centralita
La Corte Superior del Santa cumplió con remitir a la Sala Penal Nacional el expediente del caso La Centralita que consta de 1,177 folios, 36 incidentes, 1 sobre con 11 CDs de audiencias y 10 archivadores con medios probatorios.
La fiscalía considera que aún no hay pruebas para incluir en este caso a Rodolfo Orellana.
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Aprueban proyecto para adecuar líneas de base
Respaldo. Comisión Permanente respaldó iniciativa que ajusta legislación a fallo de Corte de La Haya. Norma quedó lista para su promulgación. Expertos y congresistas rechazan que se afecte frontera terrestre, pero canciller chileno dice lo contrario.
Rocío Maldonado Ch.
En sesión reservada, la Comisión Permanente del Congreso aprobó el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que adecúa la Ley de Líneas de Bases del Dominio Marítimo del Perú (Ley N° 28621) al fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, del 27 de enero último.
La norma, que venía de la Comisión de Relaciones Exteriores, fue respaldada por mayoría con la abstención del legislador Yonhy Lescano (APP-FA).
La Comisión Permanente exoneró de segunda votación el proyecto, con lo cual la autógrafa quedó lista para su promulgación.
En el artículo 2 de la iniciativa se precisa que esta se circunscribe estrictamente a adecuar la Ley N° 28621 conforme a lo resuelto por la corte internacional sobre la delimitación marítima con Chile, "sin afectar de modo alguno la intangibilidad de la frontera terrestre ni del inicio de esta en el Punto Concordia, en virtud de lo establecido en el Tratado de Lima entre el Perú y Chile, del 3 de junio de 1929, su Protocolo Complementario y los trabajos de la Comisión Mixta de Límites de 1929 y 1930".
Además, en el artículo 6 se establece que queda sin efecto el Punto N° 266 del sistema de líneas de bases del litoral peruano "al no haberse establecido proyección marítima que se genera a partir de tal punto".
Miembros del Grupo Basadre, como Carlos Ferrero, han cuestionado que se deje sin efecto el Punto Nº 266, pues con ello, sostiene, se debilita la posición del Perú en su defensa de soberanía en el denominado "triángulo terrestre", que Chile reclama como suyo.
Triángulo es peruano
Sin embargo, tras la aprobación de la norma, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, Martín Belaunde, sostuvo que la norma no altera nuestra frontera terrestre.
"El triángulo terrestre es peruano con arreglo al Tratado de 1929 y de eso no se duda. Si nuestro vecino tiene una idea distinta, eso es su problema y responsabilidad (...) nosotros nos basamos en el valor de los tratados", enfatizó.
Pese a todo, el canciller chileno Heraldo Muñoz, en declaraciones al diario El Mercurio de Chile, afirmó que el Tratado de 1929 no estableció límite terrestre específico entre el Perú y Chile sino las normas generales al respecto.
Se trata de las primeras declaraciones de Muñoz sobre el triángulo terrestre.
No se afecta Punto Concordia
El vicealmirante Carlos Gamarra, del grupo de trabajo que elaboró el informe técnico jurídico que propone la modificación de la Ley de Línea de Bases del Dominio Marítimo, subrayó que la adecuación de la Ley N°28621 no afecta la intangibilidad de la frontera terrestre y el inicio de esta en el Punto Concordia.
"El Punto Concordia está en el ámbito terrestre y el Punto N° 266 en el ámbito del dominio marítimo. Mal hacemos en comparar", dijo.
Recordó que según el fallo de la Corte de La Haya, el Punto N° 266 ya no genera proyección marítima.
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Ex agente del SIE afirma que en las celdas estuvieron miembros de SL
Audiencia. Jesús Sosa Saavedra indicó que no sabe si allí estuvieron los estudiantes Kenneth Anzualdo y Martín Roca.
Miguel Gutiérrez Chero
El ex agente del Destacamento militar Colina, Jesús Sosa Saavedra, quien luego trabajó en el Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), admitió ante la 2da. Sala Penal Liquidadora, que en las celdas de los sótanos de esta institución estuvieron algunos miembros de la cúpula de Sendero Luminoso, aunque negó haber tenido conocimiento de que también hubieran estado civiles.
El agente, cuyo seudónimo era "Kerosene", sostuvo que él no le dijo al periodista Ricardo Uceda que en las celdas que allí habían, hayan estado los estudiantes de la Universidad del Callao, Kenneth Anzualdo y Martín Roca.
Sin embargo, agregó que tal vez el periodista recabó esa información de otras fuentes. En la audiencia también estuvo el mayor EP Hernán Roberto Sánchez Valdivia, quien aseguró no tener conocimiento de la detención de los estudiantes universitarios.
También declararon, en calidad de testigos, Félix Anzualdo Vicuña, padre de Kenneth, y Javier Roca Obregón, padre de Martín; este último denunció que fue amenazado por buscar a su hijo. Dijo que por el libro de Uceda "Muerte en el Pentagonito" se enteró que los responsables de su desaparición fueron agentes del SIE.
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El allanamiento ilegal de Alberto Fujimori
Memorias. El abogado José Ugaz acaba de publicar su libro "Caiga quien caiga", un testimonio sobre su papel para ayudar a desmontar la maquinaria de corrupción, siendo procurador ad hoc. La República ofrece un extracto en el que narra cómo descubre que el entonces presidente Fujimori siembra un falso fiscal para intervenir la casa de Montesinos, y apoderarse de evidencias que podrían implicarlo en corrupción.
El mismo día que se abrió proceso con orden de detención contra Montesinos, el lunes 6 de noviembre del 2000, recibimos una Nota de Inteligencia de la Policía que sostenía que Montesinos podría estar oculto en cuatro inmuebles: la casa de Delia Vergara, alcaldesa de Chaclacayo electa en la lista del partido de gobierno; el domicilio de Óscar Medelius, el congresista oficialista involucrado en el escándalo de la fábrica de firmas falsificadas; la casa del general Luis Cubas Portal, cuñado de Montesinos y jefe de la II Región Militar de Lima; o en el departamento donde residía su esposa Trinidad Becerra, en la avenida Javier Prado Oeste 1995, el que frecuentaba muy esporádicamente.
Tan pronto recibimos esta información, solicitamos de inmediato que el Juzgado allanara estos inmuebles para capturar a Montesinos e incautar cualquier elemento probatorio que pudiera ser hallado. Nuevamente fue el procurador Vargas el encargado de tramitar el pedido de allanamiento ante el juez, quien, luego de mucho pensarlo, el mismo 6 por la noche emitió la resolución correspondiente.
Pese a que el allanamiento es una diligencia de exclusiva responsabilidad del juzgado que la dispone, parece que un tanto intimidado por las circunstancias, el juez Vargas consignó en su resolución que esta debía llevarse a cabo "bajo responsabilidad de la Procuraduría", fórmula que, importada del derecho procesal civil, suele consignarse para los efectos indemnizatorios que pudieran derivarse en caso alguna de las partes en un proceso civil haga un pedido malicioso que perjudique a la contraria. Esto, que no parecía ser otra cosa que una fórmula del juez para protegerse en caso alguno de los propietarios de los inmuebles allanados reclamara por la ejecución de la diligencia, fue sin embargo el preludio de un conjunto de irregularidades que desembocaron en un delito cometido por el propio Alberto Fujimori Fujimori, a la sazón Presidente de la República en funciones.
El allanamiento es una diligencia netamente judicial en la que no tiene ninguna participación la Procuraduría, pues esta es parte civil y por lo tanto no puede estar presente en este tipo de actuaciones (como tampoco le compete estarlo en las detenciones o incautaciones). Sin embargo, habiendo sido la Procuraduría la que pidió la realización de la diligencia, debió ser notificada del resultado de su solicitud, lo que no ocurrió hasta el día siguiente de producida la misma.
De otro lado, siendo una diligencia de estricta ejecución judicial, es obvio que quien debe conducirla es el propio juez, lo que por alguna extraña razón que desconocemos hasta la fecha, no ocurrió. En lugar de hacerse presente y dirigir personalmente los allanamientos como manda la ley –más aún en un caso tan sensible como este–, el juez optó por remitir oficios a la Policía Judicial para que fuera esta la que, con presencia de un Fiscal, procediera a ejecutar el ingreso a los inmuebles señalados por la Policía.
Ignorante de lo decidido por el juez, al llegar al día siguiente temprano a la oficina fui interceptado por Lucho Vargas, quien blandía airadamente un ejemplar del diario La República: -¡El juez no estuvo en los allanamientos, Fujimori se entrometió en la diligencia, sembró un falso fiscal y se ha llevado bienes que encontraron en la casa de Montesinos!– exclamó.
Inicialmente pensé que era una de las acostumbradas bromas de Lucho, pero el titular del diario era inequívoco. El juez Vargas había entregado la orden de allanamiento al coronel Hermes Huaroto Zumari, quien a su vez se la llevó a su inmediato superior, el jefe de la Policía Judicial, general Federico Hurtado Esquerre. Hurtado llevó la orden a Palacio de Gobierno y se la entregó en propia mano a Fujimori, quien de inmediato movilizó al personal militar del cuerpo de edecanes a cargo del coronel José Tantaleán Alatrista, dándole instrucciones de reforzar a la Policía en la diligencia de allanamiento y reportarle cada paso o hallazgo que ocurriera en el desarrollo de los allanamientos.
Así, se montó un operativo combinado, integrado por militares de las tres fuerzas armadas y policías. Fujimori llamó personalmente al comandante Manuel Ubillús Tolentino, uno de los oficiales del cuerpo jurídico de la Fuerza Aérea, y le ordenó hacerse pasar por miembro de la 14a Fiscalía Provincial Penal de Lima. Este cumplió la orden identificándose ante la esposa de Montesinos con una medalla prendida a una cinta celeste (que utilizan los abogados en diligencias oficiales), a diferencia de la cinta blanca que distingue a los miembros del Ministerio Público.
Al llegar al inmueble de Javier Prado, fueron recibidos por la esposa de Montesinos quien bajó de su departamento junto con su hija Silvana y los atendió en el recibidor de la planta baja del edificio. Luego de explicarle la naturaleza de la diligencia, Becerra accedió a que revisaran su departamento, donde, efectivamente, tras una minuciosa revisión, no encontraron ni a Montesinos ni evidencia incriminatoria alguna. Según ha referido el coronel Tantaleán Alatrista, al reportar telefónicamente esta situación al Presidente, este dio la orden al comandante Calisto Giampetri de que incursionaran en el departamento 501 del mismo edificio.
Becerra no tenía las llaves de ese departamento, que era utilizado por Montesinos como depósito. Entonces, los militares y policías forzaron la puerta. Al ingresar, encontraron apiladas alrededor de 63 maletas, 5 maletines y 75 cajas. Reportaron este hallazgo a Fujimori, quien dio instrucciones para que todo esto fuera llevado a la suite presidencial del Grupo Aéreo N° 8.
Cuando la defensa de Trinidad Becerra llegó a la Fiscalía para averiguar el destino de lo incautado, se enteraron de que la Fiscalía desconocía totalmente la existencia de esta diligencia. Y, al inquirir por el apellido del supuesto fiscal que intervino en el allanamiento –"Dr. Ubillús Tolentino"–, se encontraron con la sorpresa de que este no pertenecía al Ministerio Público. Eso fue suficiente para los titulares del día siguiente.
Con el apellido del impostor, fue fácil reconstruir la historia, hasta determinar que las maletas habían terminado en poder del propio Fujimori en Palacio de Gobierno.
De inmediato, los tres procuradores nos reunimos. Ya habíamos discutido desde el momento mismo de nuestra designación que, tarde o temprano, nuestras investigaciones iban a terminar involucrando al propio Fujimori, pues éramos conscientes de que Montesinos no había podido cometer todos los delitos que se le imputaban sin conocimiento del Presidente. En más de una oportunidad Fujimori lo había respaldado pese a la existencia de evidencias claras en su contra ("confiaré en él hasta que me prueben lo contrario", había dicho varias veces).
Por otro lado, decisiones como la de ascender a miembros del Grupo Colina, escuadrón de la muerte responsable del asesinato de varias personas, a pesar de todo lo que se había escrito sobre ellos, promover su amnistía o avalar las irregularidades para posibilitar su tercera reelección fraudulenta eran indicios que lo comprometían, cuando menos moralmente.
Sin embargo, luego de discutirlo la primera vez a la luz de nuestros nombramientos, convinimos que no era prudente, dada la fragilidad política en la que nos movíamos, enfilar contra Fujimori hasta que no tuviéramos elementos suficientemente contundentes que nos permitieran enfrentarlo con posibilidades de éxito, pues eso implicaba abrirse un frente adicional cuando aún no estábamos consolidados y nos asentábamos sobre una base extremadamente frágil. Si habíamos accedido a puestos de tanta importancia para perseguir la corrupción, no podíamos arriesgar los objetivos nacionales por un proceder imprudente. Iríamos tras Fujimori, pero había que actuar con inteligencia, pues mientras se mantuviera en el poder podía desactivar la Procuraduría. Pero, tras el allanamiento, nos planteamos la disyuntiva nuevamente, pues los recientes acontecimientos comprometían directamente al Presidente de la República.
Luego de un primer intercambio de ideas, caímos en la cuenta que no estábamos facultados para denunciar a Fujimori por el allanamiento ilegal, toda vez que la Resolución que nos designaba como procuradores ad hoc nos limitaba a investigar los delitos cometidos por Vladimiro Montesinos Torres y los que resultaran responsables (en su condición de cómplices o coautores con el primero de los nombrados), en agravio del Estado, mas no los delitos cometidos contra Montesinos, como era el allanamiento indebido de su morada y la sustracción de los bienes que se encontraban en ella. A quien correspondía denunciar el allanamiento ilegal (además de Montesinos y Trinidad Becerra), era en todo caso al Procurador del Poder Judicial, pues era este el afectado con la ilegal interferencia de Fujimori en la orden legalmente emitida por un juez.
Sin embargo, tampoco podíamos quedar impasibles ante tamaña ilegalidad, que además perjudicaba nuestro trabajo. Por tal motivo, decidimos, a sugerencia de Lucho Vargas, remitir de inmediato un oficio al Director de la Policía Nacional para que nos informe qué había ocurrido en la diligencia de allanamiento, a fin de comunicar lo ocurrido al Juzgado. Ese mismo día nos enteramos de que la propia fiscal Magallanes, de oficio, había iniciado una investigación por estas irregularidades, con lo cual el tema quedaba totalmente fuera de nuestra competencia.
Varios días después, recibimos la respuesta del general PNP Federico Hurtado Esquerre, comunicándonos que la información requerida ya había sido suministrada a las autoridades pertinentes, pues se había abierto un proceso penal militar en la Vocalía de Instrucción del Consejo Supremo de Justicia Militar por esos mismos hechos.
Quedaba por definir qué había ocurrido con las maletas incautadas. El 9 de noviembre, tres días después de la intrusión presidencial en el allanamiento, aparecieron en conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno Fujimori y Bustamante, al frente de unas mesas en las que se exhibían relojes finos y otras joyas encontradas en las maletas. Ambos informaban, en el colmo de la desfachatez, que eran evidencia de los delitos cometidos por Montesinos y que conjuntamente con cientos de videos, serían entregados a la autoridad judicial.
¿Qué tenían que hacer los conspicuos representantes del Poder Ejecutivo con bienes que eran prueba judicial y que habían sido incautados en una diligencia dispuesta por un juez penal?
A eso de las 5 de la tarde del día siguiente, viernes 10 de noviembre –lo recuerdo bien, pues me encontraba en la ceremonia religiosa de Confirmación de mi hijo Francisco–, recibí una llamada del ministro Bustamante, quien con evidente nerviosismo me comentó que el Presidente le había entregado las maletas incautadas en la casa de Montesinos con el encargo de que las remitiera al juzgado. Sin embargo, el juez se había negado a recibirlas alegando que a esa hora ya no tenía personal para hacer el inventario correspondiente, por lo que tendría que entregárselas el día lunes.
Bustamante me pidió que intercediera con el juez Vargas para que las recibiera, pues era consciente que él no debía tener consigo bienes que eran prueba judicial. Le respondí que el Presidente había cometido un hecho muy grave y que él estaba avalándolo con su actitud de complacencia. Luego, consciente de que la prueba podía perjudicarse si permanecía fuera de control judicial más tiempo del que ya había estado, le pedí tiempo para ver qué podía hacer al respecto. Dado que estaba a la mitad de una ceremonia y, además, no tenía confianza con el juez, llamé a Lucho por teléfono, le expliqué lo sucedido y le pedí que hablara con Vargas para que recibiera las maletas.
Al cabo de unos minutos, Lucho me devolvió la llamada. Vargas le había reiterado los mismos argumentos que a Bustamante. Llamé al ministro, le conté esto y él me pidió consejo sobre el mejor proceder en una circunstancia como esa. Le reiteré que la prueba no podía seguir estando expuesta a posibles manipulaciones durante el fin de semana, por lo que había que asegurar su intangibilidad. Lo que se me ocurría, dado que el juez se negaba a recibirla, era que la internara en una bóveda oficial del Banco Central de Reserva o del Banco de la Nación, previa certificación de un Notario Público de lo que se estaba entregando y en qué condiciones.
Bustamante agradeció la sugerencia y colgó.
El día lunes me enteraría por la prensa de que el juez finalmente había recibido por disposición del Ministro de Justicia un conjunto de maletas que, al ser abiertas para inventariar su contenido, revelaron la existencia de cientos de cintas de audio y video, en su mayoría rotuladas con etiquetas que hacían referencia a su contenido ("Reunión del Dr. con…"). Una vez inventariado el material, fue internado por orden del juez en un ambiente acondicionado especialmente en el Palacio de Justicia.❧
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Comando policial da de baja a nueve efectivos corruptos
Cinco de ellos en Lima y otros cuatro en Huánuco.
Cinco suboficiales y un comandante de la Policía han sido destituidos tras comprobarse que pedían coimas amenazando con detener a los intervenidos, anunció el ministro del Interior Daniel Urresti.
Los efectivos trabajaban en la División de Emergencia Norte de Lima y usaban un patrullero inteligente y otro normal para sus ilícitas acciones.
Indicó que en este caso hubo una flagrante falta de control del oficial al mando, por lo que el comandante a cargo será sancionado y advirtió que lo mismo se hará en otras situaciones similares.
Pero las acciones de 'limpieza' no se detienen allí. El comando de la Policía dio de baja a otros cuatro suboficiales implicados en actos de corrupción, en Huánuco. Los suboficiales Wilder Álvarez Quispe (29), David Rentera Santa Cruz (46) y José Maza Prudencio (25) recibieron la sanción por dejar en libertad a los delincuentes Humberto Mallqui Cari (32) y Junior Usuriaga Ronquillo (20). Les permitieron volver a las calles, tras eliminar todas las pruebas que los incriminaban.
En tanto, el suboficial PNP Benjamín Espíritu Miguel Toledo (54) fue dado de baja por extorsionar a Víctor Regín Deza, juez de paz del poblado de Tambo de San José. El magistrado había atropellado con su camión a la ciudadana Dionicia Ortega. La auxilió y concilió con ella, comprometiéndose a costear sus gastos médicos. No obstante, el suboficial le exigió dinero para no meterlo preso.
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Asaltan empresa en San Martín de Porres y roban caja fuerte con 50 mil soles
Jueves, 03 de julio de 2014 | 4:30 am
El administrador de la compañía de servicios e inversiones Maxel S.A., Máximo Luis Vergaray Estrada, corrió peligro de muerte ayer al ser tomado como rehén por un grupo de delincuentes que asaltó a mano armada un local empresarial ubicado en San Martín de Porres. La banda se llevó una caja fuerte que contenía 50 mil soles en efectivo. Los intrusos también se apoderaron de 5 mil dólares que estaban en los ambientes administrativos, así como de tarjetas de telefonía móvil, valorizadas en otros 13 mil soles.
El ejecutivo agraviado fue encontrado por la policía atado y amordazado en una de las oficinas del amplio establecimiento ubicado en la Av. Eduardo de Habich 553.
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Sicarios en moto matan a balazos a escolar de 15 años en San Juan de Lurigancho
Jueves, 03 de julio de 2014 | 4:29 am
Aparecieron sorpresivamente en tres motos lineales y abrieron fuego contra el adolescente. Seis delincuentes asesinaron a tiros a un escolar de 15 años, cuando se hallaba a no más de dos cuadras de la comisaría de Caja de Agua, en San Juan de Lurigancho. El menor Eduardo Arón F. C. recibió cuatro balazos y falleció poco después en el hospital Hipólito Unanue. Su progenitora, Enma Carbajal, pidió investigar a los criminales Kevin Massani Medina Espinoza (18) y Hanse Mendoza Zevallos (20). La madre sospecha que el homicidio fue por celos, porque su hijo había iniciado un romance con una ex enamorada de Kevin Massani.
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Daniel Urresti: "Ollanta Humala sabía de mi proceso cuando asumí el cargo"
El ministro del Interior, Daniel Urresti, reveló que sí le informó al presidente Ollanta Humala que estaba implicado en el caso del crimen del periodista Hugo Bustíos, ocurrido en Ayacucho en noviembre de 1988, cuando le propuso que asumiera el Mininter.
En ese sentido, el exmilitar remarcó que el mandatario le brindó su confianza luego que los abogados y asesores de Palacio de Gobierno determinaron que no tenía ninguna responsabilidad en el tema.
"Cuando el señor presidente me llama para ofrecerme el cargo de ministro, le dije: 'señor presidente, como este es un cargo político, es necesario que usted conozca que yo tengo este tema, yo no tengo nada que ver', y me dijo: 'muy bien tráeme los documentos'. Los revisaron los abogados y me dijo: 'te voy a llamar nuevamente de acuerdo a lo que decida'. Lo han revisado, han visto que no tiene ningún asidero; entonces, el presidente me dijo que todas maneras me haga cargo de la cartera", manifestó ante la prensa.
Respecto a una posible renuncia, Urresti señaló que no tiene pensado alejarse del cargo mientras cuente con el respaldo del jefe de Estado Ollanta Humala y del premier René Cornejo.
Urresti afirmó que es inocente, sus manos "están limpias de sangre" y que "tiene derecho a la presunción de inocencia".Explicó que su nombre recién apareció en el expediente después de 20 años de ocurrido el homicidio, cuando un sentenciado lo sindicó como culpable, pero remarcó que solo es una versión.
Aseveró que el objetivo del oficial que lo implicó en el mencionado homicidio era que las autoridades "revisen su caso" al presentar "pruebas nuevas". Entendió que el testimonio en su contra responde a que él hizo conocer a su jefe superior un informe sobre una inconducta que habría cometido su acusador.
Aseguró haber acudido a todas las citaciones de la justicia para dar su versión sobre este tema, y anunció que continuará haciendo lo mismo las veces que sea necesario.
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Rodolfo Orellana no se entregará a la justicia y seguirá prófugo
El empresario inmobiliario Rodolfo Orellana, investigado por el presunto delito de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, continuará en la clandestinidad porque considera que en la actualidad no hay garantías para que tenga "un debido proceso", así lo informó su vocero, Carlos Camacho.
"Acabo de conversar con él (Orellana) y ha tomado la determinación, junto con sus abogados, de que, por el momento,no existen las garantías de que se lleve un debido proceso",dijo el letrado en diálogo con RPP.
Camacho anunció que Orellana Rengifo presentará una apelación a la resolución de la jueza penal nacional Mercedes Caballero que ordena su detención preventiva por 15 días.
"Él va a estar a buen recaudo. Está presentando una apelación hoy contra la orden de detención preventiva. Se va a esperar que esa apelación lleve su curso ahora que ha entrado en vigencia el nuevo código procesal penal", mencionó.
"Van a ser cuestión de días para tener el resultado de esa apelación y luego vamos a tomar una nueva estrategia", sentenció.
Camacho calificó como "persecución política" la orden de captura en contra de Orellana, Benedicto Jiménez y de 21 colaboradores.
PERSONAS CON ORDEN DE DETENCIÓN POR CASO ORELLANA
Ludith Orellana Rengifo, hermana de Orellana.
Churchill Ríos Vela o Churchil Orellana Rengifo.
Paola Alicia Cortés Guerrero.
Jorge Antonio Cortés Guerrero.
Wilmer Arrieta Vega.
Julio Augusto Azpilcueta Temoche.
Jorge Enrique Flores Yupanqui.
José Alfredo Irazabal Napa.
Veronikha Adrian Santisteban.
Carlos López Noriega o Cayo López Reátegui.
Oscar Omar Pantoja Barrero.
Iris Fabiola Ulloa Infante.
José Antonio Valderrama Contreras.
Rosalia Vargas Shaus.
Jhony Omar Vásquez Hummel.
Manuel Asuncion Villacrez Arevalo.
Hernán Villacrez Torres.
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Policía Nacional: Crean dirección contra el lavado de activos
El ministro del Interior, Daniel Urresti, anunció la creación de una dirección especializada de lavado de activos en la Policía Nacional, con el fin de trabajar con la Procuraduría y la Fiscalía para perseguir y sancionar a los responsables.
Informó que este tema lo propuso en la sesión de este miércoles del Consejo de Ministros, y que ya cuenta con la aprobación del presidente Ollanta Humala.
"Se va a crear una dirección de lavado de activos, que se va a especializar en el tema, va a ser el brazo de la Policía que va a trabajar con la fiscalía en lavado de activos", afirmó.
Según Urresti, esta es una decisión muy importante porque "no hay mayor sanción para un delincuente que congelar sus cuentas y decomisar sus bienes, pues muchos de ellos pasan años en la cárcel y luego salen libres a gozar de sus millones, y eso ya no va a suceder".
Destacó que la nueva legislación penal contra las organizaciones criminales, así como la acción de la fiscalía y la procuraduría respectiva, va a permitir una mejor acción en este delito.
El anuncio del ministro del Interior se produce un día después que su despacho decidiera el fortalecimiento de la Procuraduría del Lavado de Activos de su sector, que incluye un mayor presupuesto, incremento de personal y mejoramiento de su infraestructura.
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Surco: En medio de balacera caen tres 'raqueteros' que asaltaron a mujer
En medio de una persecución a balazos fueron detenidos enSurco tres integrantes de una banda de 'raqueteros', luego que le robaran sus pertenencias a una transeúnte en Miraflores.
El acto delictivo se produjo esta tarde en el cruce de las calles Simón Salguero y Santa Marta, en la urbanización de San Antonio, cuando dos hampones descendieron de un toyota rojo de placa B6G-278 y encañonaron a K.F.V (37), a quien despojaron de su cartera, teléfono celular y una cadena de oro.
"Un patrullero del escuadrón que estaba por el lugar se percató del asalto y emprendió la persecución a los delincuentes, quienes hicieron disparos para evitar su detención. Finalmente fueron capturados en la intersección de las avenidas Tomás Marsano y Próceres a la altura de Plaza Vea de La Bolichera, en Surco", expresó el comandante PNP Emilio Valverde, jefe del Escuadrón de Emergencia Sur I.
Los detenidos fueron identificados como Orlando Rudas Sánchez (29), Jimmy Montes Heredia (30) y Gilberto Pedro Bravo (32), en cuyo poder se les halló las especies robadas a la agraviada y varios envoltorios de droga.
Se conoció que contra ellos existen varias denuncias en diferentes comisarías del sur de Lima. Dos de sus cómplices huyeron en el vehículo.
Para ver el video hacer click aquí:
http://m.youtube.com/watch?v=lvHQSaxCDZ8
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Daniel Urresti jura que es inocente y asegura que presidente Humala sabía de proceso
El ministro del Interior, Daniel Urresti, aseguró que es "inocente" y aseguró que antes de asumir cargo, informó al presidente Ollanta Humala que estaba implicado en el caso del crimen del periodista Hugo Bustíos, ocurrido en Ayacucho en 1988.
Aprovechando una conferencia de prensa de sus sector, Urresti dio su descargo a la prensa al referir que es inocente del cargo de asesinato contra el periodista, pues fue involucrado en el caso "sin prueba" de por medio.
"No hay una sola prueba, soy totalmente inocente, mis manos están limpias de sangre, jamás he hecho nada y tengo el derecho a la presunción de inocencia", dijo.
El ministro señaló que en el proceso que duró 20 años no fue incluido en las investigaciones. "Este caso está judicializado, como cualquier ciudadano tengo derecho a la presunción de inocencia que está intacto, no se ha presentado una sola prueba, solo el dicho de una persona en cárcel", precisó.
Además, indicó que ha acudido a todas las citaciones judiciales del caso y adelantó que los seguirá haciendo si es citado.
Ante el pedido de algunos sectores para que dé un paso al costado en el Ministerio del Interior, Urresti que no dejará el cargo mientras tenga el respaldo del presidente Humala y del premier René Cornejo.
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PCM: sí hay investigación contra ministro del Interior
La asesora legal de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Jennifer Valladares Landeo, confirmó que el actual ministro del Interior, Daniel Urresti Elera, sí es investigado como presunto autor mediato del asesinado del periodista Hugo Bustios.
En declaraciones a RPP, Valladares Landeo explicó que el asesinato del periodista de Caretas, ocurrido en noviembre de 1988, en Ayacucho, "ya ha sido esclarecido, investigado, proceso y sentenciado por la Corte Suprema", y que el nombre del ministro recién apareció en junio del año pasado a raíz de una revisión del proceso pedida por uno de los sentenciados.
"Quien lo sindica es uno de los sentenciados que, aparentemente, pidió una revisión del proceso. Después de 20 años menciona el nombre de Urresti y por eso se abre la investigación. El sentenciado que sindica a Urresti lo hace sin ningún documento probatorio, sin ningún elemento que pueda corroborar su declaración", explicó la asesora de la PCM.
Explicó que en el primer proceso, donde los dos culpables del asesinato del periodista fueron condenados a 17 y 15 años de cárcel, "ni los agraviados ni sobrevivientes ni los que presenciaron el hecho han mencionado al ministro Urresti".
Asimismo, dijo que le parece "extraño" que el juicio se reabra "y estén involucrando al señor Urresti".
La asesora de la PCM no respondió si el ministro Urresti informó al presidente de la República, Ollanta Humala, de este proceso en su contra.
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Poder Judicial procesa a ministro del Interior como autor mediato de asesinato
El ministro del Interior, Daniel Urresti Elera, enfrenta un proceso en el Poder Judicial por ser el presunto autor mediato del asesinato del periodista Hugo Bustios, ocurrido en 1988.
Según el expediente 01145-2013-0-0501-JR-PE-02 -dado a conocer por Ideeleradio-, Urresti Elera es imputado como autor mediato del supuesto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de asesinato en agravio del corresponsal de la revista Caretas en Ayacucho.
El hoy titular del Interior es investigado por este caso desde junio del 2013. El expediente ha sido elevado a la Sala Penal para que se evalúe la posibilidad de iniciar un juicio oral o archivar el caso.
"Se ha logrado acopiar los elementos probatorios que acreditan la participación de Daniel Belizario Urresti Elera, en su calidad de S-2 Inteligencia de la Base Contrasubversiva de Castropampa de la provincia de Huanta, el 24 de noviembre de 1988, y como tal uno de los presuntos responsables del asesinato del periodista Hugo Bustíos Saavedra y de la tentativa de asesinato del periodista Eduardo Yeni Rojas Arce", reseña el expediente.
Los hechos. El expediente refiere que Bustios fue asesinado por un grupo de oficiales del Ejército Peruano luego que un delincuente terrorista capturado, conocido bajo el alias de 'Sabino', señalara al periodista como colaborador de Sendero Luminoso.
El asesinato, ejecutado un comando de la base militar de Castropampa, al mando de Daniel Urresti, fue ordenado, según el expediente, por el entonces jefe político militar de Huanta, Víctor Fernando La Vera Hernández.
Diariocorreo.pe intentó comunicarse con la Oficina General de Comunicación Social e Imagen Institucional del Ministerio del Interior para obtener una respuesta oficial ante esta información pero no respondieron a nuestros llamados.
Puedes leer el expediente completo, hacer click aquí:
http://es.scribd.com/doc/232302402/Daniel-Urresti-Autoapertorio-del-caso-del-periodista-Hugo-Bustios
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Habría conflicto de intereses en buena pro del Gasoducto Sur Peruano
La construcción del Gasoducto Sur Peruano (GSP) se sitúa nuevamente en el ojo de la tormenta, luego de que se pusiera en evidencia una serie de irregularidades en el otorgamiento de la buena pro al consorcio brasileño-español, que extrañamente parecen haber sido pasadas por alto en Palacio de Gobierno.
Resulta que dos de los tres miembros que por más de un año conformaron el Comité de Pro Seguridad Energética de ProInversión -responsable de elegir al postor que ganaría la licitación de esta obra- fueron cambiados pocos días antes de que culminara el plazo fijado para establecer la buena pro.
El Consejo Directivo de ProInversión, compuesto por cinco ministros y presidido por Luis Miguel Castilla, acordó la salida del extitular de la comisión Guillermo Lecarnaqué Molina y de Rosa María Ortiz Ríos -encargados del concurso público desde el 29 de enero de 2013- solo 54 días antes de la apertura del sobre que determinaría al postor que llevará adelante el gas natural barato para el mercado nacional y generar el desarrollo de la industria petroquímica en el país que Ollanta Humala ofreció en su campaña al sillón presidencial.
La Resolución Suprema Nº 020-2014-EF, que dio fin a las encargaturas de Lecarnaqué Molina y Ortiz Ríos, fue publicada -para sorpresa de ambos- el 7 de mayo con las firmas de Humala y Castilla.
AMARRADOS. Los espacios dejados en la comisión especial de ProInversión fueron rápidamente ocupados por dos conocidos asesores en el rubro energético.
El mismo 7 de mayo se designó a Edgar Ramírez Cadenillas como presidente del comité y Raquel Patiño Marca -exjefa del gabinete de asesores del Ministerio de Energía y Minas- pasó a ser la tercera integrante. Solo quedó Gustavo Navarro Valdivia.
Según fuentes del MEM, los cambios se concretaron tras coordinaciones de Eleodoro Mayorga, titular del sector, pese a las advertencias de un nuevo caso de conflicto de intereses que ronda en su despacho.
Y es que Ramírez Cadenillas es gerente general de la empresa consultora en ingeniería y regulación energética Latin Energy Global Services SAC, que ha asesorado a la firma Kuntur durante el periodo 2008 hasta el 2011.
Kuntur Transportadora de Gas no solo es de propiedad al 100% de Odebrecht, sino que es la empresa con la que el conglomerado brasileño logró hacerse con el proyecto Gasoducto Andino del Sur, cuyo costo de inversión fue calculado en $5000 millones en 2012 cuando el costo total fue calculado en $1385 millones en 2008.
De hecho, con Ramírez Cadenillas como gerente general y accionista de Latin Energy, esa firma ha elaborado los proyectos para Kuntur, relacionados con ingeniería conceptual para su proyecto de gasoducto en la sierra sur. Realizó los planos, el diseño y el trazado.
Es en este proyecto donde se afianzó su relación con Eleodoro Mayorga, quien, en ese momento, también habría trabajado para Odebrecht desde el estudio Laub & Quijandría.
Ahora bien, desde esta firma -donde el actual ministro figuró como socio hasta un día antes de su nombramiento- se asesoró además al consorcio Braskem -de capitales de Odebrecht y Petrobras- que buscaba hacerse con el proyecto petroquímico del sur que resultaría como consecuencia de la construcción del Gasoducto Andino del Sur.
MAYORGA. En conversación con Correo, Ramírez Cadenillas confirmó que fue bajo el pedido expreso de Mayorga que asumió la presidencia del Comité de Pro Seguridad Energética de ProInversión.
Desde su despacho en la empresa Latin Energy, donde nos comunicamos, sostuvo lo siguiente: "El ministro me pide el encargo y como yo lo conozco le dije 'bueno, ok, te voy a apoyar en este tema' y tuve que renunciar al contrato de asesoría externa que tenía con ProInversión para presidir este comité".
Según fuentes de este Diario, apenas se hizo del cargo, Ramírez Cadenillas planteó modificaciones al contrato para que su construcción inicie en el 2016. Ello facilitaría las cosas para Odebrecht, ya que era el único de los dos postores que contaba con Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado para ese tramo.
"Con Kuntur no tengo relación hace años, el proyecto ya quedó inviable. Inmediatamente antes de que me pida (Mayorga) que presida este comité, yo estaba asesorando ya a ProInversión en temas técnicos relacionados con gas natural (...). Hay un conflicto de interés cuando uno trabaja en simultáneo y con Kuntur trabajamos hace tres años", sostuvo.
Cabe indicar que Ramírez Cadenillas fungió como gerente de Producción, Petróleo y Gas de la empresa Maple Gas Corporation que el último 30 de marzo renovó por 10 años su contrato para seguir operando los Lotes 31-B y 31-D, y que hoy se encuentra en el ojo de la tormenta por las diversas ramificaciones que lo vincularían al ministro de Estado.
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Cipriani y Rey atacan a médicos tras reglamentación de aborto terapéutico
La decisión del gobierno de publicar oficialmente el reglamento para la aplicación del aborto terapéutico, luego de más de 90 años, ha puesto los pelos de punta al cardenal Juan Luis Cipriani y también a Rafael Rey, exministro de Defensa durante el régimen aprista. Ambos han arremetido con todo y contra todos.
Ayer, nuevamente a través de Radio Programas del Perú (RPP), el arzobispo de Lima criticó el protocolo del aborto terapéutico y lo calificó como "una guía para matar". Cipriani no solo cuestionó el reglamento, sino también exigió que se eliminen varios puntos o, en todo caso, que se anule el documento.
En un primer momento, el cardenal atacó el punto número 11 del protocolo, el cual sostiene que se puede aplicar el aborto terapéutico si es que existe "cualquier otra patología materna que ponga en riesgo la vida de la gestante o genere en su salud un mal grave y permanente, debidamente fundamentada por la junta médica".
Cipriani, claramente tergiversando el punto 11 del protocolo, sostiene que "no puede ser pues cualquier otra patología. Eso no es válido. Yo he escuchado de medicina todo el tiempo. Esta guía no es que sea un respaldo al paciente, esta no puede dejar de respetar que cada persona merece un trato personal".
Sin embargo, cuando uno de sus entrevistadores le consulta si es que estaría de acuerdo con el protocolo en el caso de que se elimine el punto 11, el arzobispo de Lima no quiso responder y, por el contrario, volvió a cuestionar el reglamento pero esta vez con el argumento que la aplicación del aborto terapéutico va a generar coimas y corrupción en los establecimientos de salud.
"Es el primer paso que hay que eliminar. El segundo es todo el tratamiento de cómo se va a resolver estas juntas médicas en los hospitales. Vaya usted a cualquier hospital del Perú, el hacinamiento y el caos que hay ahí, esto es una puerta abierta a que empiecen los pagos y las coimas a los comités médicos porque sabemos pues cómo es el Perú", declaró Cipriani.
INTERVENCIONES POLÍTICAS
En otro momento de la breve entrevista, uno de los periodistas le recordó a Cipriani que sus críticos señalan que la actitud del papa Francisco I es más "conciliadora" en comparación a la suya. Al cardenal no le gustó la pregunta.
"Yo creo que estás queriendo confundir las cosas y al papa Francisco le tengo un aprecio y coincidimos cien por cien. Es muy fácil decir que una persona es muy vehemente porque dice la verdad, pero es que en este país se navega en la mentira. Entonces hay que decir la verdad con cierta firmeza porque si no, no queda nada", manifestó.
De igual manera, cuando le recordaron que la Iglesia no debe meterse en asuntos de políticas públicas, como es el caso del aborto terapéutico, Cipriani respondió diciendo que sus intervenciones no son políticas y que él solo defiende la vida, el matrimonio y la familia.
"Una encuesta que ya la darán a conocer habla que el 70% de la población está de acuerdo con que la Iglesia hable de la vida, de la educación católica, de la moral, del matrimonio, y en lo que no está de acuerdo es en que haga política", explicó.
Asimismo, pidió que no califiquen como políticas sus intervenciones "a favor de la vida, a favor del matrimonio o a favor de la familia, porque es una manera muy elegante de decir cállese la boca. No, señor. La Iglesia tiene una voz clara y yo tengo que defender los planteamientos que la gran mayoría de peruanos también defiende".
Pero minutos después, Cipriani hizo un comentario netamente político y exigió que la ministra de Salud, Midori de Habich, deje el cargo solo por reglamentar el aborto terapéutico, que se encuentra despenalizado desde hace más de 90 años.
"Esta guía es para matar si no se quita esa causal y si no se llama a una consulta de mejorar la salud. No estamos mejorando nada. Lo que tiene salida es el entrampamiento de salud porque la señora ministra personalmente pienso que no está capacitada para gobernar y dirigir. Ahí debo decir, aunque no les guste, que hay una presión muy fuerte de las ONG y de organismos internacionales", sentenció.
"MÉDICO ASESINO"
Por su parte, Rafael Rey, exministro de Defensa durante el gobierno de Alan García, apareció ayer en Buenos Días Perú y lanzó fuertes críticas al protocolo. Increíblemente llegó a decir que un ladrón tiene menos culpa que el médico que realiza el aborto terapéutico.
"Estoy comparando al médico que asesina con el ladrón que roba. El ladrón tiene menos culpa que el médico que ha estudiado para salvar y que mata a una persona. He dicho que la mujer también es víctima, es víctima de la manipulación que hacen algunos médicos con ellas. Pero el médico y el personal que interviene en el aborto es igual de asesino", expresó.
De pronto, Rey tuvo un intercambio de palabras con el periodista Jaime Chincha quien le preguntó insistentemente por qué afirma que "lo natural" es que una madre dé la vida por su hijo, argumento planteado por el exministro de Defensa. A continuación el diálogo.
Periodista: Pero en algún momento, Rafael, hay que primar la vida de uno de los dos.
Rafael Rey: No, los dos son seres humanos.
P: ¿Cómo que no? Tú acabas de decir que la madre tiene que dar la vida por su hijo. ¿Eso quién lo dice?
RR: No. Yo no he dicho que tiene que. Yo he dicho que esa es la inclinación natural de una madre.
P: Pero, ¿cómo lo sabes tú?
RR: Porque es algo natural.
P: ¿Cómo lo sabes tú? Perdóname Rafael, con todo mi respeto, pero no eres padre ni madre.
RR: Ya lo sé. Perdona, no se trata de ser padre o madre.
P: ¿Cómo lo sabes?
RR: ¿Cómo sé qué?
P: Lo que estaban pidiendo los médicos era tener una guía para saber cómo actuar en una situación de emergencia. En todo el mundo ocurre. Los médicos necesitan un protocolo para saber cómo actuar y eso lo reglamenta el Estado peruano y lo que ha hecho es decir "solo en estos casos", y no está la violación sexual, Rafael.
RR: ¿Cual es la pregunta? Pregúntame algo para poder responder.
EL DATO
El Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) pidió que se incluya en el protocolo del aborto terapéutico los casos en el que la mujer queda embarazada producto de una violación
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MINISTRO URRESTI ESTÁ PROCESADO POR EL ASESINATO DE PERIODISTA HUGO BUSTÍOS
** El expediente 01145-2013-0-0501-JR-PE-02 de junio del 2013 comprende a Urresti Elera como imputado en este caso
Por Ideeleradio
El ministro del Interior, Daniel Urresti Elera, es procesado en el Poder Judicial como presunto autor mediato en el caso del asesinato del periodista Hugo Bustíos, corresponsal de la revista Caretas, ocurrido el 24 de noviembre de 1988, cuando el alto funcionario se desempañaba como jefe de la Sección de Inteligencia S-2 en Ayacucho.
Así lo informó Ideeleradio al dar a conocer el contenido del expediente 01145-2013-0-0501-JR-PE-02 (VER DOCUMENTO)de junio del 2013 en el que se comprende a Urresti Elera como imputado del supuesto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de asesinato. El expediente ha sido elevado a la Sala Penal para que se evalúe la posibilidad de iniciar un juicio oral o archivar el caso.
Desde junio del 2013, el hoy ministro del Interior es investigado judicialmente por un presunto caso de lesa humanidad, porque de acuerdo a la investigación del Ministerio Público, se habría logrado recopilar elementos probatorios para iniciar un proceso a nivel del Poder Judicial.
"Se ha logrado acopiar los elementos probatorios que acreditan la participación de Daniel Belizario Urresti Elera, en su calidad de S-2 Inteligencia de la Base Contrasubversiva de Castropampa de la provincia de Huanta, el 24 de noviembre de 1988, y como tal uno de los presuntos responsables del asesinato del periodista Hugo Bustíos Saavedra y de la tentativa de asesinato del periodista Eduardo Yeni Rojas Arce", reseña el documento.
Cabe precisar que el 2 de octubre de 2007, la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, presidida por el doctor Javier Villa Stein, ratificó en setiembre del 2008 la condena de 17 y 15 años de cárcel al coronel EP (r) Víctor Fernando La Vera Hernández y al teniente coronel EP (r) Amador Armando Vidal Sambento, por este caso. No obstante, el tribunal que dictó la pena, en su momento, pidió remitir copias certificadas para que se determine la presunta responsabilidad de otras personas.
Lo que señala la Fiscalía
La Fiscalía señala en la denuncia, la misma que fue acogida por el juez Bladimiro Chuquimbalqui Maslucán, que Hugo Bustíos Saavedra en compañía de su colega Eduardo Rojas Arce se dirigieron a Quinrapa, cercanías de Huanta, Ayacucho, a investigar el asesinato de Primitiva Jorge Sulca y su hijo Gregorio por elementos subversivos, luego de que recibieran una autorización verbal del oficial Víctor Fernando La Vera Hernández, jefe Político Militar de Huanta.
"Siendo aproximadamente las ocho de la mañana, Hugo Bustíos Saavedra, corresponsal de la revista 'Caretas' toma conocimiento de los hechos ocurridos en el pago de Quinrapa [sobre el asesinato de dos personas perpetrado por Sendero] y de inmediato junto con su colega periodista Eduardo Rojas Arce corresponsal de la revista Actualidad y su menor hijo se dirigen al lugar del crimen a fin de cubrir la noticia; al llegar al lugar, los que custodiaban no le permitieron el ingreso, refiriéndose que o deberían contar con un pase del Jefe Político Militar de Huanta, jefe del Cuartel de Castropampa, por tal motivo regresaron a la ciudad de Huanta, donde se encontró con su esposa Margarita Patino, a quien le comentó lo sucedido […]", explica el fiscal.
"[…] Por lo que se dirigieron junto con su esposa y Eduardo Rojas Arce al Cuartel de Castropampa a pedir el permiso. Al llegar al Cuartel, el periodista Hugo Bustíos solicitó hablar con el Jefe, luego de una espera fue atendido por el oficial Víctor Fernando La Vera Hernández, Jefe Político Militar de Huanta, quien le comentó que habían detenido a un subversivo de seudónimo 'Sabino', quien le había referido que le conocía a Hugo Bustíos como colaborador de Sendero Luminoso; en esos precisos momentos por disposición del jefe de Base salió del cuartel un vehículo con militares vestidos de civil con dirección a Huanta. Para luego el jefe de Base Víctor Fernando La Vera Hernández le otorgó a Hugo Bustíos un permiso verbal, señalándose que se comunicarían por radio con los efectivos militares que estaban en el lugar", añade.
El apelativo de 'Arturo'
La Fiscalía explica, además, como fundamentos de los hechos que Bustíos, Rojas Arce y su esposa regresaron a Huanta. Precisa que en su domicilio, Bustíos tomó su moto y enrumbó solo con el periodista Eduardo Rojas Arce, dejando a su cónyuge Margarita Patiño.
"Siendo aproximadamente las 11:30 a.m, del mismo día, en circunstancias que los dos periodistas se encontraban cerca de la vivienda de la familia asesinada, específicamente en el pago de Erapata-Quinrapa, por disposición del Jefe de Base Víctor Fernando La vera, fueron emboscados y atacados por miembros del Ejército Peruano de la Base Militar de Castropampa", relata el documento.
"[Los miembros del Ejército Peruano de la Base Militar de Castropampa estaban] al mando del oficial EP Daniel Belizario Urresti Elera, conocido con el apelativo de 'Arturo', con la participación del Sargento Johny José Zapata Acuña, conocido con el apelativo de 'Centurión' y otros miembros del Ejército no identificados, quienes se encontraban apostados en una vivienda abandonada cerca de la carretera, quienes dispararon contra la moto que conducía Hugo Bustíos Saavedra, siendo alcanzado por los proyectiles de arma de fuego", precisa.
Líneas más abajo se menciona que Bustíos Saavedra quedó malherido y que su colega Eduardo Arce corrió, logrando salvarse, "para luego los atacantes poner una carga explosiva en el cuerpo herido del periodista Bustíos Saavedra, quien murió a consecuencia de dicho ataque.
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FIORELLA NOLASCO SIGUE FIRME EN SU LUCHA
Fiorella Nolasco, hija del asesinado exconsejero regional Ezequiel Nolasco, encabezó ayer nuevamente una marcha hacia el Poder Judicial para exigir justicia y que el gobierno de Ollanta Humala ponga orden en la región Áncash.
La concentración se realizó en la Plaza San Martín. Nolasco recibió el apoyo de organizaciones sociales de Chimbote, Áncash y de algunos partidos políticos, que se han sumado a su causa.
La hija de Ezequiel Nolasco exigió la detención de los implicados en el asesinato de su padre así como por el caso 'La Centralita' y las denuncias por corrupción sobre la gestión del cuestionado presidente regional de Áncash, César Álvarez.
Los marchantes portaban pancartas con las fotografías de Milagros Asián, esposa del detenido presidente regional de Áncash, César Álvarez; y la de los congresistas Víctor Crisólogo y Heriberto Benítez. Todos ellos vinculados a esa cuestionada gestión regional.
QUE INVESTIGUEN A RAMOS HEREDIA
De otro lado, Nolasco exigió que se investigue al fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, y a su antecesor José Peláez Bardales por haber ignorado los actos de corrupción ocurridos en Áncash.
"Por la mano de los fiscales pasaron las pruebas que ahora salen a la luz, no es que recién estén saliendo, ya existían; sin embargo, el caso de 'La Centralita' fue archivado. Que también sean investigados, ¿qué corona tienen por tener un cargo? (…) Mi único objetivo es encontrar justicia", dijo.
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Sigue la persecución de las ONG contra nuestros militares
Jue, 03/07/2014 - 00:00.
POR REYNA CÁRDENAS A.
Otro ministro en problemas. El Poder Judicial procesa al titular del sector Interior, Daniel Urresti, por ser presunto autor mediato del asesinato del periodista Hugo Bustíos el 24 de noviembre de 1988 en Ayacucho, donde el hoy general en retiro se desempeñaba como jefe de la sección de Inteligencia S–2 del Ejército.
El caso fue dado a conocer ayer por Ideeleradio –de la ONG Instituto de Defensa Legal (IDL)–, que además hizo público el expediente 01145-2013-0-0501-JR-PE-02 de junio del 2013, donde se imputa a Urresti Elera el ser uno de los presuntos responsables de la muerte de Bustíos y de la tentativa de asesinato del periodista Eduardo Yeni Rojas Arce cuando ambos cubrían la muerte de dos personas a manos de Sendero en Quinrapa, Huanta.
La investigación de la Fiscalía indica que ambos fueron impedidos de realizar su labor por militares que acordonaban la zona y que por ello fueron a buscar al jefe político militar, Víctor La Vera Hernández. Tras ser autorizados por este último, retornaron a la zona, pero allí habrían sido acribillados por soldados vestidos de civiles de la Base Militar de Castropampa, donde Urresti efectuaba labores. Se indica que el cuerpo de Bustíos Saavedra fue posteriormente dinamitado y que Rojas logró huir.
Para la Fiscalía, habría pruebas suficientes para iniciar un proceso judicial por el caso, por el que ya tienen sentencia tanto La Vera –se le dictó 17 años de cárcel– como el teniente coronel Amador Armando Vidal. El expediente se encuentra hoy en la Sala Penal, que decidirá próximamente si Urresti debe asistir a un juicio oral o si el caso es archivado.
Amenaza de las ONG
Para el ex vicepresidente Luis Giampietri, almirante en retiro que afronta aún un proceso penal por el caso El Frontón, resulta singular que la denuncia se haga pública a poco de haber asumido el cargo Urresti, por lo que la asoció al interés de las ONG de derechos humanos por desprestigiar a militares comprometidos en la lucha contrasubversiva en la década de los '80.
"Esa es parte de la forma en que este grupo de ONGs petardean el sistema y consiguen fondos para seguir alimentando las grandes arcas de dinero, donado por gente de buena fe, que tienen. Los llaman delitos de lesa humanidad para evitar que prescriban y se tumban a todos los 'milicos' que encuentran en vitrina. Faltaba este (Urresti), se había salvado de esta razia", dijo a EXPRESO.
Giampietri Rojas consideró por ello que Urresti no debe dejar el cargo a partir de estas denuncias, pues a él mismo le pidieron lo mismo por El Frontón y hasta hoy los intentos por imputarle responsabilidades por el caso han fracasado.
"Esto (la denuncia contra Urresti) es un periodicazo que están queriendo conseguir estas ONG", opinó.
Por su parte, el ex ministro del Interior Fernando Rospigliosi consideró que Urresti debería renunciar de inmediato al cargo, y si no, el presidente Ollanta Humala debería sacarlo.
Descartó que este último haya podido desconocer la situación legal de su compañero de promoción de la Escuela Militar de Chorrillos, pues lo menos que se puede hacer antes de efectuar un nombramiento es revisar los antecedentes.
"Yo creo que Humala sabía (lo de Urresti) y no le importó. Si él mismo ha estado en una situación igual o peor en Madre Mía, entonces, seguramente sabía y no le importó", opinó Rospigliosi.
Urresti: "Mis manos están limpias de sangre"
Tras participar en una actividad del sector, el ministro del Interior, Daniel Urresti, restó importancia a la denuncia presentada en su contra, sobre un supuesto vínculo suyo con la muerte de un periodista, y aseguró que se trata de un "caso cerrado".
"No hay una sola prueba, yo soy totalmente inocente, mis manos están limpias de sangre, jamás he hecho nada, tengo el derecho a la presunción de inocencia (…). Nunca le di importancia porque es una cosa de locos, ya es un caso cerrado", dijo el general EP en retiro.
Urresti contó que su implicancia nace cuando el teniente coronel EP (r) Amador Armando Vidal lo sindica como responsable de este delito, buscando que se revise su caso y tratando de dar nuevas pruebas, pese a ya haber sido condenado por estos hechos.
Aseguró que nunca hallaron pruebas en su contra y dijo que le informó al presidente Ollanta Humala de este hecho cuando este le propuso hacerse cargo del Mininter. "Han revisado los documentos y han visto que no tiene ningún asidero", agregó al indicar que este caso se reabre por presión de las ONG y la familia del fallecido.
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Nace nuevo impasse en las relaciones con Chile
Jue, 03/07/2014 - 00:00.
De nunca acabar. Todo hace indicar que el triángulo terrestre ubicado en Tacna, que Chile considera es suyo, será un tema que abrirá un nuevo impasse a las relaciones con el vecino del sur, más aún luego que el canciller chileno, Heraldo Muñoz, asegurara que el Tratado de 1929 no establece los límites terrestres.
"El Tratado de 1929 estableció las normas generales sobre el límite chileno-peruano, el que sería fijado y señalado en el territorio con hitos. El tratado no estableció una posición específica para el inicio de la frontera en la orilla del mar, en un punto de la costa que se denominaría Concordia", dijo el diplomático chileno.
Frente a ello, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Martín Belaunde, rechazó tal aseveración y consideró que el denominado triángulo "es peruano con arreglo al Tratado Internacional del año 1929".
"El triángulo terrestre es peruano, con arreglo al Tratado de 1929, y de eso no se duda. Si nuestros vecinos tienen una idea distinta es responsabilidad y problema de Chile, nosotros nos basamos en el valor de los tratados, y este tema permanece inalterable. Como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores no tengo nada más que agregar", dijo el legislador solidario.
En las instrucciones que recibieron los representantes de la Comisión Mixta Demarcatoria del Perú y Chile también se especificó que el Hito 1 no iba a estar ubicado en el punto Concordia para protegerlo de las mareas.
Congreso aprueba Ley de Líneas de Base
La Comisión Permanente aprobó ayer la Ley de Líneas de Base del Dominio Marítimo del Perú, entre ambos países, proyecto que fue aprobado por mayoría, con una sola abstención, la del legislador Yonhy Lescano.
La autógrafa de la iniciativa legislativa aprobada en la víspera será firmada por el titular del Parlamento, Fredy Otárola, así como por el propio Belaunde Moreyra, presidente de RREE, para remitirla a Palacio de Gobierno, donde el presidente Ollanta Humala la promulgará con el refrendo del primer ministro, René Cornejo, y el canciller Gonzalo Gutiérrez.
Al respecto Belaunde dijo que este proyecto va a la par "con el acta de trabajo conjunto realizada con Chile para establecer las coordenadas precisas de nuestra frontera marítima y podrá ser registrada ante la Secretaría General de las Naciones Unidas".
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Toledo se niega a hablar de Ecoteva
POR ÁNTERO GARGUREVICH
"¡No vengo hablar sobre ese tema!". De esta manera respondió el ex presidente Alejandro Toledo cuando un grupo de periodistas le preguntó sobre las afirmaciones de la fiscal Elizabeth Parco, quien advirtió que existe un contubernio entre el Poder Judicial y la Procuraduría para limpiarlo por el caso Ecoteva.
"Se quiere presentar que nuestro informe es la peor denuncia, que tiene falsedades y contradicciones, y quieren tomarlo como excusa para hacer el blindaje", aseguró la fiscal a un diario local.
Sin embargo ayer, durante la presentación de su libro "Crecer para incluir", Toledo dijo que él no se metía en los temas judiciales ni penales en clara alusión a las preguntas de la prensa.
"Yo no me meto en temas judiciales, ni en temas penales. Yo no tengo espacio para la revancha", dijo antes de escudarse en su seguridad.
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Obama es considerado el peor presidente de EEUU
Jue, 03/07/2014 - 00:00.
Una nueva encuesta situó al presidente Barack Obama a la cabeza de una lista de los peores líderes de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. El sondeo, realizado por la Universidad de Quinnipiac, reveló que 33% de los encuestados vio a Obama como el peor de los líderes de los últimos 70 años. Un 28% eligió a su predecesor, George W. Bush.
La Universidad también reveló asimismo que un 35% consideró al republicano Ronald Reagan (1981-1989, como el mejor mandatario desde 1945, seguido de Bill Clinton (18%) y de John F. Kennedy (15%).
La encuesta pareció mostrar un sesgo hacia los presidentes más recientes. Solo 13% dijo considerar a Richard Nixon (1969-1964), que renunció a su cargo por el caso Watergate, como el peor presidente.
Jimmy Carter, un demócrata que tuvo un solo mandato y que a menudo fue ridiculizado, solo fue percibido como el peor mandatario por solo un 8%.
El sondeo de Quinnipiac coincidió con otras encuestas recientes, que muestran mínimos históricos de 40% en la aprobación de la gestión de Obama.
Una serie de controversias políticas y crisis en materia de política exterior mancharon la reputación del presidente. 54% de los encuestados creen que la administración Obama no es competente para gobernar, contra 44% que opina lo contrario.
Solo 40% aprueba su gestión de la economía y 37% su política exterior.
La encuesta, difundida ayer, fue realizada del 20 al 24 de junio entre 1,446 votantes registrados y tiene un margen de error de 2.6 puntos porcentuales.
Alzas y bajas
Los presidentes de EEUU son blancos de críticas mientras ejercen el cargo, y muchas veces reevaluados cuando dejan la Casa Blanca.
Bush fue sumamente impopular al final de su segundo mandato, pero luego ha visto crecer sus porcentajes. Otros como Clinton fueron populares en sus últimos días en el Despacho Oval y han visto que su popularidad ha permanecido fuerte.
De acuerdo con la firma Gallup, que realiza sondeos sobre el apoyo al presidente desde 1937, si la presidencia de Obama concluyera hoy su porcentaje promedio de aprobación sería de 49.0%, por debajo del 49.4% de George W. Bush.
De los 13 presidentes desde que dicha empresa mide esta variable, solo Harry S. Truman (1945-1953, con 45.4%), Gerald Ford (1974-1977, con 47.2%) y James Carter (1977-1981, con 45.5%) tendrían promedios por debajo del que registra Obama.
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Moody's: La calificación crediticia de Perú es A3
Jue, 03/07/2014 - 00:00.
La agencia de calificación financiera Moody's anunció este miércoles que aumentó la calificación de la deuda de Perú de Baa2 a A3, basándose en expectativas de solidez fiscal y optimismo por las reformas estructurales del Gobierno para aumentar la productividad.Según un comunicado de la Agencia, la nueva calificación elevó la deuda dos escalones, de Baa2 a A3, una categoría atribuida a países sólidos, pero susceptibles de ser afectados por los cambios en la situación económica.
Asimismo, se mejoró la perspectiva del servicio de deuda peruana de "estable de positivo".
De acuerdo a información de la calificadora de riesgos, el superávit de las cuentas del Estado peruano en 2013 es el "principal motor" de su decisión de elevar la nota.
También subraya que la decisión se basa en la serie de reformas económicas que el presidente de la República, Ollanta Humala, ha implementado para incrementar la productividad y acompañar las tasas de crecimiento, de las más altas en América Latina.
El Gobierno ha adoptado medidas para la disminución de los costos de transacciones, así como la implementación de las reformas en los sectores de Salud, Educación y en el ámbito tributario.
A ello se suma que según proyecciones oficiales la economía peruana crecerá en 5.5 por ciento este año.
Señales de fortalecimiento institucional
Añade que si bien se podría elevar la calificación de la deuda por las señales de fortalecimiento institucional o un incremento sustancial de los ingresos, sin embargo consideró que ello aún es "poco probable".
No obstante, advierte que una afectación importante de las cuentas externas o una crisis política que perjudique el comportamiento económico del Gobierno podría ejercer presiones para reducir la nota.
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Moody's elevó la calificación crediticia de Perú a nivel "A3"
Agencia dijo que la diversificación de ingresos tributarios ha ayudado a fortalecer la salud fiscal, pese a la desaceleración
La agencia estadounidense de riesgo crediticio Moody's elevó en dos escalones la calificación crediticia del Perú, debido a las expectativas de que se acelere el crecimiento de la economía, se fortalezca su posición fiscal y que reformas estructurales mejoren su potencial de expansión.
Moody's subió la calificación a "A3" desde "Baa2" con una perspectiva estable. Con esto, la agencia es la primera en otorgarle al Perú una nota "A" a la deuda de largo plazo en moneda extranjera.
"El principal motor para la decisión de Moody's de elevar la calificación soberana de Perú es el continuo fortalecimiento del balance del Gobierno. A pesar de una desaceleración cíclica de la actividad económica y una baja de precios de materias primas clave, la diversificación de sus ingresos tributarios ha ayudado a sostener la salud fiscal", explicó la agencia en un comunicado.
Una calificación de deuda más alta, permite a los emisores obtener mejores condiciones de financiamiento cuando acuden a los mercados.
MEDIDAS ACERTADAS
Si bien la economía peruana muestra una desaceleración, la agencia crediticia indicó que el plan reactivador planteado por el Gobierno impulsaría el avance de la actividad productiva nacional.
"El 11 de junio, el Gobierno aprobó un nuevo paquete de reformas estructurales que incluyen cambios en el sistema tributario, una reforma del mercado laboral, la reducción de la burocracia y el aumento de la transparencia en las adquisiciones del sector público [...] Moody's considera que estas medidas impulsarán la producción potencial y la inversión del sector privado, al mismo tiempo que también se ocuparán de las preocupaciones en la comunidad empresarial sobre temas burocráticos que han afectado negativamente a la confianza de los inversionistas", apuntó la agencia en su comunicado.
Moody's estimó, además, que las reformas del Gobierno y el avance de las inversiones en infraestructura, permitirán que el PBI peruano tenga un crecimiento aproximado de 6% en el 2015 y 2016, lo cual sustenta una mejora sostenida de los indicadores crediticios con relación a sus pares con similares calificaciones.
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Humala sabía sobre denuncia de lesa humanidad contra Urresti
El presidente Ollanta Humala sí sabía sobre el proceso que se le sigue al ministro del Interior, Daniel Urresti, por ser el presunto autor mediato del crimen del periodista Hugo Bustíos Saavedra, ocurrido el 24 de noviembre de 1988 en Ayacucho, según afirmó el propio titular del Mininter.
En declaraciones a la prensa, Urresti señaló que cuando fue nombrado alto comisionado para la formalización minera no le dijo nada al jefe de Estado, pero sí al entonces primer ministro,Juan Jiménez Mayor.
"Cuando el presidente me llama para ser ministro, yo le digo que tengo un proceso pero que no tengo nada que ver. Le llevé los documentos, lo revisaron los abogados y tras ello y al ver que la denuncia no tiene ningún asidero, el señor presidente me dijo que 'quiero que de todas maneras te hagas cargo de la cartera'", manifestó.
Al ser consultado sobre el pedido de la oposición para que dé un paso al costado tras conocerse la denuncia, Urresti indicó que continuará en el Ministerio del Interior hasta que el presidente Humala o el primer ministro, René Cornejo, le quiten su confianza.
También dijo ser inocente del crimen de Bustíos Saavedra, que fue baleado y luego dinamitado por una patrulla militar que supuestamente el ministro dirigía.
"No hay una sola prueba (en mi contra), yo soy totalmente inocente y mis manos están limpias de sangre, jamás he hecho nada", refirió.
Urresti señaló que la acusación hecha por el sentenciado teniente coronel EP (r) Amador Vidal Sambento, quien lo vinculó al crimen, solo tiene la finalidad de que el Poder Judicial revise el caso de esa persona.
"Durante más de 20 años, en los que se investigó (este crimen), mi nombre nunca fue mencionado. Uno de los sentenciados me señala y el fiscal me llama. Yo he ido a todas las diligencias y soy inocente […] Por qué esta persona espera 20 años para mencionarme, por qué supuestamente me encubre", cuestionó.
OFICIALIMO LO RESPALDA
Por su parte, el vocero alterno de Gana Perú, Sergio Tejada, expresó la confianza de su bancada en que el ministro del Interior, Daniel Urresti, responderá satisfactoriamente la denuncia presentada hoy en su contra.
"Si tiene algo que responder, seguramente lo va a hacer próximamente. Confiamos en eso", expresó.
No obstante, la Presidencia del Consejo de Ministros informó hoy que muerte del mencionado periodista es un caso esclarecido con sentencia confirmada por la Corte Suprema que no involucra a Urresti.
Al respecto, Tejada expresó su extrañeza por el hecho de que la denuncia sea difundida recién ahora, después de muchos años de ser interpuesta.
No descartó, en ese sentido, que haya sido un intento por perjudicar la gestión del Urresti en el Ministerio del Interior.
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Candidatos piden a Luis Castañeda romper su silencio
Diversos candidatos a la alcaldía de Lima pidieron nuevamente al ex alcalde Luis Castañeda Lossio romper su silencio y dar a conocer sus propuestas y planes para la ciudad. Los postulantes al sillón municipal firmaron un acuerdo para un mejor tránsito en la capital, pero a ese evento no asistió el líder de Solidaridad Nacional.
A consideración de Enrique Cornejo, candidato por el Apra, Castañeda hace gala de "su fama de mudo", pero "además está siendo sordo". "Señor Castañeda, usted ya fue alcalde, pero queremos escuchar qué propone. ¿Hará lo mismo que cuando fue alcalde la vez pasada […] Tal vez tiene proposiciones, por eso queremos escucharlo en una lid democrática […] ¿Por qué esconderse?", se preguntó acotando que la ausencia del ex burgomaestre le parece "una falta de respeto".
Por su parte, el candidato por Fuerza Popular, Alberto Sánchez Aizcorbe, sostuvo que Castañeda confirma su apelativo de "mudo" al haber faltado a la suscripción del acuerdo.
"No creo que Castañeda se corra del debate. Él dirá en qué momento, pero piensa que puede poner la agenda", manifestó recalcando que "nadie es invencible".
A su turno, Fernán Altuve, postulante por Vamos Perú, dijo que todos los aspirantes deben de participar sin ningún tipo de discriminación en los debates. "Hay candidatos con trayectoria eficiente y otros, ineficiente, y eso puede marcar la diferencia. Veremos cómo se enfocan las encuestas cuando todos los aspirantes ya estamos inscritos", refirió.
El acuerdo fue suscrito por la alcaldesa de Lima, Susana Villarán; así como Nora Bonifaz (Somos Perú), Enrique Cornejo (Apra), Jaime Zea (PPC), Fernán Altuve (Vamos Perú), Guillermo Arteta (Alianza para el Progreso), Alberto Sánchez Aizcorbe (Fuerza Popular) y Edmundo del Águila (Acción Popular).
En representación de Luis Castañeda Lossio, de Solidaridad Nacional, acudió Patricia Juárez; y por el Partido Humanista asistió Edwin Espinoza, en ausencia del candidato Moisés Mieses; mientras que los dos ausentes fueron Salvador Heresi (Perú Patria Segura) y Felipe Castillo (Siempre Unidos).
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Ordenando el desorden, por Juan Paredes Castro
En medio de una agenda de reforma institucional rezagada, la vida política peruana intenta, día a día, simplemente ordenar el desorden y, en el extremo, intenta también ordenar el tumulto.
De lo que más carecemos, en este panorama, es de predictibilidad. Ignoramos, dramáticamente, qué es lo que nos espera, en muchas cosas, a la vuelta de la esquina. Es decir, no sabemos cómo ir, por ejemplo, a un pronto recambio de autoridades en los gobiernos municipales y regionales del país, en el nivel de crisis y descrédito que caracteriza a muchos, como enÁncash, Cajamarca, Tumbes y Pasco. Después de los casos de corrupción denunciados y judicializados, ¿a qué orden regional y municipal se supone que debemos asistir desde enero del próximo año?
No hay nada que proyecte por ahora una realidad distinta a la que conocemos, por lo que tendremos el mismo orden de hace más de una década, y con los mismos altos ingresos por canon minero, allí donde este no se distribuye ni administra ni fiscaliza como se merece. Previamente a ello asistiremos a elecciones con las mismas reglas de juego que han hecho irrepresentables a los gobiernos regionales y absolutamente inestables a los municipales. Es más: con vistas al 2016, todo lo que puede rodear, desde ahora, los mecanismos de delegación de poder presidencial y legislativo apenas si ofrece un mínimo sentido de futuro.
No vemos que el Congreso ni el Jurado Nacional de Eleccionestengan el menor interés en mejorar estas y otras reglas de juego. El fin de la actual legislatura deja una vez más truncos algunos esfuerzos importantes, como el de la Comisión de Constitución del Congreso por eliminar el voto preferencial y obligatorio, instaurar una segunda vuelta electoral en las elecciones regionales, establecer el distrito electoral uninominal (que permita una mejor identificación del congresista elegido con su circunscripción), retornar a la bicameralidad (con una mejor representación parlamentaria en número y calidad), restaurar la credibilidad de los partidos y elevar los estándares de control y vigilancia electorales.
El gobierno busca, seguramente de buena fe, encarrilar estrategias y energías para sacar adelante un escalafón de servicio civil orientado a una oferta burocrática estatal eficiente y meritocrática. Pero mientras los mecanismos de toma de decisión, en función de este objetivo, respondan a una institucionalidad política gubernamental precaria y dispersa, son muy pocos y efímeros los resultados que pueden obtenerse.
Lo mismo ocurre en el campo de la administración judicial, donde la inercia obliga a ordenar el desorden, donde un nuevo código procesal penal no puede hacer el milagro de convertir en mejores fiscales y jueces a aquellos que provienen de un sistema de evaluación y selección, como el Consejo Nacional de la Magistratura, cuya estructura, con perdón de quienes la integran, está hace rato desfasada. Tendría demasiada suerte el país si los partidos representados hoy en el Congreso asumieran la sorprendente cruzada de devolver a esta institución siquiera parte del talante que alguna vez tuvo.
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Tras el hallazgo de las fosas, por Eduardo Vega Luna
El reciente hallazgo de fosas con víctimas de Sendero Luminoso en distintas comunidades y centros poblados del distrito de San Martín de Pangoa, Satipo, pone nuevamente en la agenda pública la necesidad de dar una respuesta adecuada al drama de miles de familias que hasta hoy desconocen el paradero de sus seres queridos desaparecidos en la época de violencia.
Buscar a los desaparecidos y exhumar sus cuerpos de los sitios de entierro es una tarea compleja y no exenta de dificultades que, pese a los esfuerzos de diversos sectores del Estado y de las organizaciones de la sociedad civil, se ha venido postergando.
No se sabe con exactitud el número de personas desaparecidas en el período 1980-2000. El Consejo de Reparaciones ha acreditado a cerca de 8.000 personas. Por su parte, el Ministerio Público ha señalado que serían alrededor de 15.000. La CVR tuvo un registro nominal de 8.558 desaparecidos y un registro de más de 4.000 sitios de entierro. Muchos de ellos, como los recientemente hallados, podrían perderse con el paso del tiempo, las inclemencias climáticas, una inadecuada intervención o, lo que es una realidad mucho más triste, la muerte de algunos testigos y sobrevivientes. Todo ello pone en riesgo la preservación de evidencias y la consecuente identificación de las víctimas.
En agosto del 2013 dimos cuenta de esta grave situación y pedimos medidas urgentes para atenderla. Señalamos que se requiere de un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas y de exhumación de sitios de entierro. Entre el 2002 y el 2013, el equipo forense especializado del Instituto de Medicina Legal recuperó 2.478 restos mortales, identificó a 1.483 personas y entregó 1.317 cuerpos a sus familiares. Todo ese trabajo se realizó con escasos recursos y mucha voluntad, pero resulta evidente que de continuar esto así requeriríamos varias décadas para dar una respuesta a todas estas familias.
Además, la labor del Ministerio Público está dirigida a determinar responsabilidades penales, lo que muchas veces deja de lado el aspecto humanitario, que también debe guiar la investigación forense. No existe un adecuado acompañamiento psicosocial a las familias. No existe una estructura dentro del Estado que atienda este tema de manera articulada, multisectorial e interdisciplinaria y con una mirada mucho más sensible y humana.
Por ello, se necesita una política específica de búsqueda, identificación y restitución de restos humanos que no se enmarque exclusivamente en el proceso penal y que atienda las necesidades emocionales, materiales, logísticas y de información de los familiares. En suma, se trata de invertir el orden de prioridad, anteponiendo el aspecto humanitario al penal, aunque no reemplazándolo.
Con esa finalidad, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanostrabajó una propuesta legislativa, con la participación de diversas instituciones y organizaciones vinculadas con el tema. Estamos seguros de que si esta propuesta se convierte en ley, permitirá contar con una política pública que atienda de manera integral esta problemática. Pero, principalmente, permitirá cerrar este proceso de dolor, angustia e incertidumbre de miles de familias que, en algunos casos, dura más de 30 años.
El país no puede seguir olvidando y desconociendo a sus desaparecidos. Sus familiares merecen una respuesta y esta no debe esperar.
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En nombre de la ley, por Patricia del Río
Una vez más, un tema como el del aborto terapéutico ha desatado un debate furibundo. La sola habilitación de una ley, que tenía 90 años de antigüedad y que era inaplicable debido a la falta de este protocolo, ha vuelto a poner en alerta a los que consideran a las mujeres unas vulgares asesinas que están buscando cualquier excusa para arrancarse del cuerpo niños no deseados. Palabras como "infierno", "asesinato de niños", "abortos masivos" "lobbies internacionales" han copado una discusión que tiene mucho más de sufrimiento que de maldad como lo quieren hacer ver.
Y la verdad que ya cansa. Basta de seguir haciéndoles creer a loscatólicos que viven bajo el signo de un Dios odiador. Basta de asustar a una población que tiene derecho a estar informada para tomar sus propias decisiones. El protocolo para la aplicación del aborto terapéutico está hecho con el fin de que aquellas mujeres que llevan embarazos riesgosos para su vida, o que están gestando niños que no sobrevivirán fuera del útero materno, escojan si quieren interrumpirlo con asistencia del Estado y en unestablecimiento de salud seguro. Está hecho para que ELLAS tomen una decisión. La que consideren más conveniente para su salud y para la de su familia. Algunas decidirán seguir adelante con la gestación (la ley no obliga a nadie a abortar) otras no. Pero todas las que se hayan visto en estas circunstancias asumirán los riesgos y las consecuencias de su elección de manera libre, consciente e informada. Sin que las acusen de asesinas, sin que las ataranten por continuar con un embarazo aunque corra peligro su vida.
¿A qué le temen entonces los que se oponen a esta reglamentación? ¿A que las mujeres salgan corriendo a abortar en clínicas y hospitales aunque no cumplan con los requisitos que el protocolo establece? No pues, Cardenal, no se preocupe; esas ya tienen dónde hacerlo. Irán a los miles de establecimientos clandestinos e inseguros en los que nadie les pregunta por qué ya no quieren seguir embarazadas. Irán a esos lugares que están llenos de niñas adolescentes a los que sus padres, casi siempre muy católicos, las arrastran para esconder un embarazo que pudo evitarse con mejores políticas de educación sexual y reparto de anticonceptivos.
Ese no es el problema, así que mejor sinceremos el discurso, y asumamos que lo que no pueden soportar los que se oponen a la estandarización de esta práctica médica es que el Estado peruano funcione como un Estado laico. Que las leyes se dicten al margen de una institución como la Iglesia Católica, que bajo la excusa de que la mayoría de los peruanos profesan su fe, pretende influir en políticas públicas que afectan a todos los demás.
Y están furiosos porque no es lo común, porque ya se habían acostumbrado a imponer su visión confesional en decisiones que afectan a católicos, a ateos, y a feligreses de otras religiones. Esta vez, sin embargo, gracias a la valentía de la ministra de Salud,Midori de Habich, y de autoridades y personalidades que no se dejan atarantar, el Estado protegerá a mujeres que decidan interrumpir el embarazo en situaciones extremas. Las acompañará y las asistirá en una de las decisiones más duras y difíciles de su vida. No las señalará con el dedo, ni las tildará de asesinas, ni las amenazará con que se quemarán en el infierno. Eso lo seguirán haciendo otros, en nombre del Señor.
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Fiscal que ve denuncia a Urresti presentaría fallo en un mes
El proceso judicial contra el ministro del Interior, Daniel Urresti, por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, ya está en marcha.
Hernán Barrenechea, abogado de Margarita Patiño, viuda de Bustíos, indicó que el caso ya pasó la instrucción, por lo que se encuentra en una etapa intermedia, en la que se está elaborando el dictamen fiscal.
Según estimó, el documento, en el que se decidirá si se acusa al ministro, debería estar listo en unos 30 días.
Si lo denuncian por el asesinato de Bustíos, entonces se pasaría a juicio oral para determinar la responsabilidad penal. En el caso de que no sea acusado, apelarán la decisión, adelantó Barrenechea.
El ministro Urresti afirmó que, en el caso de que vuelvan a citarlo en la fiscalía o en el Poder Judicial, asistirá "puntualmente, como siempre lo he hecho".
Urresti también aseguró que el Poder Judicial no le ha dictadoimpedimento de salida del país, como afirmó el abogado Barrenechea.
Respecto al caso, Pablo Rojas, presidente de la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh), que defiende a la familia Bustíos, pidió garantías para estos y para los testigos. Dijo que, si les pasa algo, el único responsable será el ministro.
También solicitó la dimisión de Urresti y exhortó a los fiscales a que realicen su labor con "independencia e imparcialidad".
Margarita Patiño afirmó que ayer recibió varias llamadas para que hable del caso. Una, según dijo, fue de la secretaria del ministro. Asimismo, aseguró que hasta ayer no sabía que Daniel Urresti era el ministro del Interior. "Sabía que el señor estaba implicado, pero no que era ministro".
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La Policía Nacional tendrá una dirección de lavado de activos
Tras responder por la acusación por el asesinato del periodistaHugo Bustíos, el ministro del Interior, Daniel Urresti, anunció la creación de una dirección especializada de lavado de activos en la Policía Nacional, con el fin de trabajar con la procuraduría y la fiscalía respectiva en la persecución de este delito.
Urresti informó que este es un tema que propuso en la sesión de este miércoles del Consejo de Ministros, y que ya cuenta con la aprobación del presidente Ollanta Humala.
"Puedo anunciar [...] que se va a crear una dirección de lavado de activos, que se va a especializar en el tema. Va a ser el brazo de la policía que trabajará con la fiscalía en lavado de activos", afirmó.
Para Urresti, no hay mayor sanción para un delincuente que comete lavado de activos que congelar sus cuentas y decomisar sus bienes, pues muchos de ellos pasan años en la cárcel, y luego salen libres a gozar de sus millones. "Eso ya no va a suceder", recalcó.
CORRUPCIÓN POLICIAL
El ministro también informó que se ha separado a cinco policías, además de su comandante respectivo, de la División de Emergencia Norte, por la detención de un ciudadano al que lo han paseado por todo Lima en dos patrulleros para sacarle dinero.
Asimismo, señaló que se está buscando la forma de acabar con los malos policías que piden coimas cuando patrullan diversos puntos de la ciudad.
Adelantó que se está preparando una norma que establece las causas y el protocolo que debe seguir una patrulla policial en esta función, y cuyo plan piloto será aplicado el lunes próximo en los distritos limeños de La Victoria y San Borja.
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Chorrillos: sujetos asaltaron agente bancario en minimarket
Tres delincuentes aún no identificados asaltaron un agente bancario ubicado al interior de un minimarket en Chorrillos. Las cámaras de seguridad del local grabaron todas las incidencias de lo ocurrido.
Las imágenes muestran cómo los asaltantes llegan y amedrentan a la joven que atiende en la pequeña estación de transacciones.
"Cada uno tenía una pistola. Estuvieron por acá. Se treparon, empezaron a apuntarnos con dos pistolas. Yo no decía nada porque me quería ir", manifestó Megume Palacios a América Noticias.
Al ver que no había mucho dinero a su disposición, despojaron de su dinero a una recepcionista y a dos clientes del minimarket.Esto ocurrió en alrededor de tres minutos. Ningún policía apareció por la zona.
A su turno, Arturo Huamás, administrador del local comercial refirió que no es la primera vez que asaltan su negocio. En esta ocasión, presentó la denuncia ante la comisaría de MateoPumacahua, pero hasta el momento la PNP no le da respuesta.
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El Congresista Modesto Julca pidió cautelar el presupuesto que se está usando en la Región Áncash por los problemas graves de manejo en el tema de corrupción.link video
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