Por medio de la presente Projusticia les hace llegar el artículo: Las Elecciones del presidente del Poder Judicial, esperamos su lectura y comentario. Atentamente CESAR FERNANDO O´PHELAN PEREZ LAS ELECCIONES EN EL PODER JUDICIAL: MIRANDO AL 2011 Equipo de ProJusticia El próximo 2 de diciembre, primer jueves del último mes del año, la Sala Plena de la Corte Suprema se reunirá para elegir a su nuevo Presidente que, por añadidura, lo será también del Poder Judicial y del Consejo Ejecutivo. Ese mismo día y, a la misma hora, sesionarán también las Salas Plenas de las Cortes Superiores de Justicia de los diferentes distritos judiciales del país para elegir a sus respectivos presidentes. A nivel de la Corte Suprema, participarán en esta elección 14 magistrados: el actual presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein; los vocales supremos titulares Luis Almenara Bryson, Elcira Vásquez Cortez, Francisco Távara Córdova, Enrique Mendoza Ramírez, Robinson Gonzáles Campos, Víctor Ticona Postigo, César San Martin Castro, José Luis Lecaros Cornejo, Víctor Prado Saldarriaga, Jacinto Rodríguez Mendoza, Jorge Solís Espinoza, Duberli Rodríguez Tineo y el recién reincorporado Vicente Walde Jaúregui. Los vocales supremos provisionales o suplentes no participan, como tampoco el vocal supremo Hugo Sivina Hurtado, con licencia constitucional por presidir el Jurado Nacional de Elecciones. Las elecciones a la Presidencia de la Corte Suprema son cerradas en el sentido que solo son elegibles y eligen los miembros titulares de la máxima instancia judicial del país. Pareciera entonces, que solo es suficiente contar con 8 de los 14 votos existentes para asegurar el cargo. Sin embargo, esto no es exacto. Factores externos tienen mucho peso en esta elección, sobre todo ad portas de las elecciones generales del 2011 que definirán al nuevo Presidente de la República y la renovación del Congreso para los siguientes cinco años. Justicia: la política no es ni ancha ni ajena En realidad, los procesos de elección de la Presidencia del Poder Judicial nunca fueron ajenos a la coyuntura política existente. Hasta hace unas décadas, las mismas expresaban el claro sometimiento de la justicia al poder político, especialmente cuando la selección y nombramiento de los vocales titulares estaba en manos del Ejecutivo y del Congreso. Hoy, cuando este nombramiento depende formalmente de otras manos y existe mayor conciencia de asegurar un grado de autonomía del Poder Judicial para garantizar el modelo democrático, existen otros factores que son tomados en cuenta al momento de llevarse a cabo esta elección, de los cuales puede relevarse por lo menos tres: a) la capacidad de generar alianzas externas e internas; b) la autoridad mostrada para defender la independencia judicial y las decisiones judiciales; y c) la idoneidad para gestionar y administrar de manera eficiente el presupuesto judicial. Con respecto al primer punto, un candidato a la presidencia del Poder Judicial tendrá más opciones en la medida que sus electores estén convencidos o piensen que puede generar apoyos tanto dentro como fuera de la institución. Estos apoyos no tienen que ser palpables o evidentes antes de la elección, basta la percepción de que los puede conseguir, de allí que, luego, no todos los presidentes del PJ logren salir airosos de su gestión. La importancia de estas alianzas se ha hecho cada vez más visible en los últimos años. Hoy, el funcionamiento adecuado de la justicia requiere no solo del respeto por la ley sino también del respaldo que sus decisiones pueden lograr entre el Ejecutivo, el Congreso y la sociedad civil: la opinión pública, los estudios de abogados, políticos, empresarios, ONGs vinculadas al quehacer judicial y los periodistas. Ejemplo de ello es el trabajo que viene realizando la OCMA para realizar talleres de diálogo con organizaciones sociales en diferentes partes del país, así como su actual campaña para promover las denuncias de casos de corrupción judicial. Sin embargo, para un Presidente del Poder Judicial el frente externo no puede estar desligado del frente interno. Aún cuando los jueces superiores no votan, sus inquietudes, temores y preocupaciones –sobre todo los de carrera- son tenidas en cuenta por los magistrados supremos al momento de decidir a quién se respaldan. Lo mismo sucede con los auxiliares jurisdiccionales. Los trabajadores no votan pero sirven de filtro para evaluar el poder que tiene el candidato para enfrentar los poderes externos e internos de la institución. Es decir, define si gobernará o administrara con tranquilidad o con muchas trabas. Cabe advertir que cada dos años, coincidiendo con la elección del nuevo presidente, hay una huelga judicial importante. En segundo lugar, el Presidente del Poder Judicial debe proyectar fuerza suficiente para defender la institución de cualquier intromisión externa indebida o para saber canalizar esas presiones por conductos "naturales", de manera tal que no afecten la imagen de la magistratura y el respeto del magistrado en las instituciones académicas y organismos internacionales. Y si bien a veces ello se confunde con un "espíritu de cuerpo" pernicioso, lo cierto es que para los jueces en general –más aún para un supremo- es importante que la justicia sea percibida y defendida como un verdadero poder del Estado. Una actitud similar debe mostrar además para hacer cumplir las sentencias y resoluciones del Poder Judicial, ya sean administrativas o jurisdiccionales, porque de otro modo la justicia sería un poder estéril. Finalmente, el candidato a este cargo debe mostrar la fuerza suficiente para asegurar un buen presupuesto institucional, ya sea con sus contactos o respaldo en el Ejecutivo y/o el Congreso, o a través del respaldo que su gestión puede recibir de la opinión pública, la sociedad civil y la prensa. Asimismo, cada vez es más importante que este presupuesto sea gestionado de manera eficiente y equitativa, debido a las mayores exigencias que impone la modernización del sistema judicial, como viene ocurriendo con el actual proceso de reforma procesal penal. En resumen, hoy se vota por un presidente del Poder Judicial no solo por su mayor jerarquía o experiencia –algo que ocurrió aún con Vásquez Vejarano- sino por su capacidad para saber enfrentar estas tres dificultades con carácter fuerte, actitud negociadora y habilidades de gestión; en otras palabras, hoy se opta por un Presidente que se presente como un buen gestor antes que por un Presidente que sea imagen de justicia e imparcialidad, aunque es evidente que este es un factor que mantiene cierto peso. Lo que se viene Las próximas elecciones judiciales se encuentran marcadas, además, por un factor político adicional, como es el temor de un triunfo del fujimorismo en las próximas elecciones generales o un avance importante de esta agrupación política que le permita controlar el Congreso y generar pactos más importantes con un Ejecutivo débil. Los magistrados de la Corte Suprema y más aún los del sistema judicial anticorrupción temen que un repunte importante del fujimorismo en el Ejecutivo y el Congreso resulte en una cacería de brujas contra algunos de ellos por haber juzgado al ex presidente Alberto Fujimori y sus principales líderes por actos de corrupción. En general, saben que se abre una coyuntura de cambio político que va a requerir de un esfuerzo importante para asegurar la continuidad de los avances logrados por el sistema de justicia, por lo menos hasta que el piso vuelva a estar firme. En esta coyuntura, se percibe la necesidad de contar con un Presidente que tenga capacidad de negociación con las nuevas fuerzas políticas –lo que implica cierta neutralidad y bajos anticuerpos- sin que ello lo lleve a quebrar la independencia y autonomía del Poder Judicial. Por el contrario, la investigación de los casos de corrupción que se han venido produciendo en el gobierno actual –como el de los petroaudios- va a requerir de un presidente que tenga la firmeza suficiente para llevar estos procesos hasta su culminación, si no quiere quedarse aislado o llevar al Poder Judicial a una nueva debacle institucional. Los candidatos En este panorama, ¿cuál de los jueces supremos que se perfilan como candidatos puede enfrentar con mayor éxito estas dificultades? De lo que se sabe, actualmente son dos los magistrados que se perfilan como candidatos: Enrique Mendoza Ramírez, actual Jefe Nacional de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), y César San Martín Castro, actual Presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. En el caso de Mendoza Ramírez, este es magistrado de carrera desde los años noventa, siendo nombrado en el 2001 como juez titular de la Corte Suprema. Entre noviembre del 2004 y noviembre del 2008 presidió el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), llevando adelante limpia y eficientemente las elecciones municipales y regionales del 2005 y las generales del 2006. También ha sido Presidente de la Sala Civil de la Corte Suprema, encabezando desde hace unos años una silenciosa pero fundamental reforma de la justicia civil. Por su parte, San Martín Castro es un conocido catedrático de derecho penal, profesor en diversas Universidades de prestigio del país y autor de importantes obras de doctrina penal y procesal penal. Fue magistrado de carrera desde 1976 hasta 1992, cuando fue cesado por el régimen fujimorista, entrando como socio de un reconocido estudio de abogados. En el 2004 regresó a la institución judicial como vocal supremo, logrando notoriedad al presidirla Sala Penal Especial que juzgó al ex presidente Alberto Fujimori por los casos La Cantuta y Barrios Altos. Ante la opinión pública, San Martin Castro el que mejor proyecta en la actualidad una imagen de fortaleza y apoyos externos, a partir de la difusión mediática nacional e internacional del juicio a Fujimori. La famosa intervención de San Martin para controlar a un exaltado procesado: "Acusado Fujimori, aquí mando yo", puso de manifiesto su carácter y le aseguraron el respaldo de un sector político y mediático importante para el futuro. Además, se le vincula a la izquierda política, algo que está de moda gracias al triunfo de Susana Villarán. Sin embargo, luego del juicio al ex Presidente, San Martín ha optado por mantener un perfil bajo y limitar sus apariciones públicas, concentrándose en sus actividades jurisdiccionales y académicas. Esta es, en realidad, su actitud tradicional: la de mantenerse como un académico respetable y un juez intachable pero cerrado, por lo que poco se conoce sus opiniones personales. Tampoco se le conoce mayor capacidad de gestión, dado que su participación pública ha sido básicamente a través de comisiones legislativas y espacios académicos. Por su parte, Mendoza Ramírez tiene otras fortalezas que lo pueden poner en mejor posición el 2 de diciembre. Por un lado, tuvo un destacado paso por el Jurado Nacional de Elecciones, dirigiendo 11 procesos electorales impecables, algo que contrasta con el actual desempeño de esta entidad. En el 2005 impulsó también la creación del Pacto Ético Electoral, que contribuyó a la transparencia y el diálogo entre las agrupaciones políticas nacionales. En general, Mendoza mostró una actitud de apertura e imparcialidad durante su mandato ante el JNE que le permite ser bien visto por las diferentes fuerzas políticas del país. A nivel jurisdiccional, Mendoza no ha participado en juicios controvertidos, lo que no implica sin embargo que no sea considerado un juez honorable y decidido. Esta imagen fue la que llevó a la Sala Plena a designarlo como Jefe de la OCMA en momentos en los que esta institución estaba perdiendo imagen y prestigio, asumiendo las riendas de esta entidad con mano firme. Lo que pocos conocen, sin embargo, es el papel de gestor de reformas institucionales que ha jugado Mendoza Ramírez tanto en el Jurado Nacional de Elecciones –donde impulsó un importante proceso de modernización- como en la justicia civil, algo que también viene iniciando en la OCMA.
Como vemos, cada uno de los candidatos tiene sus ventajas y desventajas, por lo que su elección dependerá de cuan bien puedan aprovechar las primeras y superar las segundas en las pocas semanas que quedan. Un factor importante para ello puede ser el Plan de Trabajo que presente cada uno, lo que además puede ayudar a que esta elección se haga más transparente y abierta. No podemos olvidar que el Presidente del Poder Judicial es la cabeza de un poder del Estado, cuya principal potestad es además controlar los actos de los otros poderes y garantizar los derechos de todos los peruanos, por lo que su elección es algo que no puede sernos ajeno. |
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