Por medio de la presente y por tema coyuntural ponemos a su disposición lo que proponen los principales candidatos a la Presidencia de la República en temas de Justica, Seguridad ciudadana y Narcotráfico Atentamente PLANES DE GOGIERNO DE LOS PRINCIPALES CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA 2011. TEMA JUSTICIA Y SEGURIDAD PLAN DE GOBIERNO DE ALIANZA POR EL GRAN CAMBIO PEDRO PABLO KUCKZYNSKI TEMA 7: SEGURIDAD Y JUSTICIA EFECTIVAS La seguridad y la justicia serán efectivas si contamos con la policía nacional reestructurada a tiempo completo, con un mejor sistema de serenazgo en las grandes ciudades y con jueces que apliquen sanciones proporcionales al delito cometido, es decir, severidad en la pena frente a la gravedad del delito, tales como asesinato de policías, violación de menores, secuestro, tráfico ilícito de drogas. El Perú es hoy un país más inseguro que hace unos años atrás. Hace diez años la tasa de homicidios era baja (5 por 100 000 habitantes), pero hoy ha aumentado a 15 por 100 000, una proporción alarmante. Esta realidad es el resultado del auge del tráfico de drogas: mayor consumo interno, creciente presencia de los carteles colombianos y mexicanos, y proliferación de pandillas en ciudades como El Callao, Lima y Trujillo, entre otras. A partir de allí se hace creciente la sensación de inseguridad en la población. La problemática de la inseguridad se agudiza debido a que las fuerzas del orden carecen de equipamiento adecuado y dotación logística, se encuentran debilitadas financieramente, no cuentan con una remuneración proporcional a las riesgosas labores que desempeñan. Por otro lado, el Poder Judicial es una de las instituciones más desprestigiadas del Perú que, según una encuesta de Datum (2009), el 75% de la población considera que la labor de los jueces es mala o muy mala para el bienestar del país. Lamentablemente el Poder Judicial, a pesar de los esfuerzos, mantiene un nivel de desempeño por debajo de las expectativas de la población. Frente a esta problemática se propone las siguientes medidas con el objeto de lograr un país más seguro: 1. Un nuevo sistema de trabajo para la policía con mayor presencia en las calles y comisarías, trabajando en horarios normales y bien remunerados; 2. Mejor coordinación con los sistemas de serenazgo de las municipalidades, utilizando sistemas estandarizados de vigilancia y comunicación, y aumentando el número de serenos en las zonas más pobres, que hoy no tienen los recursos para pagarlos. 3. Hacer cambios profundos en el sistema judicial: eliminar la tolerancia y los beneficios a los criminales, las condenas leves, las artimañas, los requisitos documentarios que dejan desamparados a los policías honestos y -debemos decirlo- eliminar la corrupción en el Poder Judicial y en la misma policía. 4. Fomentar la mayor colaboración entre la policía nacional y las fuerzas armadas para su actuación conjunta y coordinada, utilizando helicópteros y aviones de carga, entre otros, en casos de emergencias naturales como terremotos y aludes, y también ataques de terroristas financiados por el narcotráfico, que afecta a la población y a la defensa civil. 5. Reforma total de la Caja Militar y Policial de Pensiones, mediante el cual el Estado asume las obligaciones existentes de la Caja, y se crea una nueva Caja para los nuevos entrantes a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional; este nuevo fondo se manejaría por asesores financieros profesionales con experiencia internacional, escogidos a través de una licitación. 6. Modernización de las Fuerzas Armadas y dotación de recursos necesarios para su función básica en un país moderno fronterizo con cinco países: disuasión básica en las fronteras (por ejemplo. en la zona del río Putumayo), capacidad en el mar y el aire para interceptar tráficos ilícitos (por ejemplo, la droga), capacidad interna frente a terroristas en algunas zonas del país. Mejores sueldos y estructuras menos recargadas harán que las Fuerzas Armadas sean mucho más eficientes y competitivas. PLAN DE GOBIERNO DE GANA PERU OLLANTA HUMALA TASSO REFORMA DE LOS PODERES PÚBLICOS La reforma se hará de manera procesal y gradual. REFORMA JUDICIAL La reforma del sistema de justicia peruano requiere de una necesaria política de Estado que, sin vulnerar su independencia, involucre al Poder Judicial, el Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura, la OCMA, el Tribunal Constitucional, los colegios profesionales, la sociedad civil organizada y organizaciones políticas. La reforma del sistema judicial es un paso importante en este proceso democrático, y requiere de la necesaria construcción de consensos básicos entre las principales fuerzas sociales, políticas y comunidad para orientar y hacerla sostenible. Constituiremos el sistema de justicia integral, con autonomía y competencias definidas. Adoptaremos las principales recomendaciones de la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (CERIAJUS) sobre la necesidad de un sistema judicial al que accedan los ciudadanos, que sea confiable, predecible, efectivo, autónomo e independiente en sus decisiones en todos los niveles institucionales. Le será confiada la seguridad jurídica, la protección de los derechos fundamentales y la paz social. Afirmaremos los logros realizados en el plan aprobado y traducido en política de Estado por el acuerdo nacional, pues son avances a considerar e impulsaremos hacer realidad lo faltante. 1. Lucharemos contra la exclusión de millones de peruanos del servicio de justicia. Comuneros, campesinos, ronderos, pobladores originarios, pequeños agricultores y talleristas, mujeres, jóvenes y adultos mayores, infantes en situación de riesgo no acceden al servicio por barreras culturales, lingüísticas (34 lenguas originarias), económicas y políticas. Se considerará la asignación equitativa de las tasas judiciales y se otorgará la exoneración de tasas judiciales a los sectores excluidos en los 516 distritos en 18 cortes superiores de justicia. 2. Se fomentará la justicia comunal y las funciones jurisdiccionales. Consultorios jurídicos populares y defensores de oficio, uso de reglas de conciliación y arbitraje, traductores, eliminación de tasas judiciales, jueces bilingües elegidos y en general una sensibilización sobre la naturaleza multicultural y pluriétnica de la nación. 3. Se buscará la igualdad de acceso. Grandes poderes fácticos, mediante la corrupción, lograron instalar y ventilar rápidamente sus expedientes en salas ad hoc cuando debieron enfrentar a la justicia por sus vinculaciones con redes mafiosas. Mientras que los juzgados de paz, que son los de mayor proximidad a la población, sufren de severas carencias y por ello se retrasan los procesos. 4. Priorizaremos la lucha contra la corrupción en el sistema judicial. Magistrado que infrinja será inhabilitado para todo cargo público. 5. Se incorporará, mediante norma expresa, a la Justicia Militar en el fuero del Poder Judicial. 6. Se impulsará una nueva carrera judicial sobre la base de un sistema meritocrático, se promoverá el acceso a la magistratura con una probada trayectoria democrática y se fomentarán las normas que delimiten el autogobierno del Poder Judicial y el Ministerio Público, sugeridas por el CERIAJUS, y las de articulación y coordinación del Consejo Nacional de la Magistratura y el Tribunal Constitucional. 7. Se creará un órgano de control independiente en el Poder Judicial. 8. El consejo de gobierno del Poder Judicial dictará las políticas y ejercerá el control sobre la formulación, ejecución y control presupuestal del mismo. 9. Se organizarán las funciones administrativas (logística, personal, contabilidad, finanzas, etc.) de suerte que los magistrados estén a dedicación exclusiva a la labor jurisdiccional. 10. Se perfeccionará el sistema de selección y nombramiento de los magistrados al evaluar los conocimientos y experiencia de los postulantes, la moral, honestidad y ética profesionales. Los procesos de evaluación que realice el Consejo Nacional de la Magistratura serán públicos y transparentes. 11. Se convocará a concurso nacional para los niveles iniciales de la Carrera Judicial (secretarios y jueces de paz letrados), entre los graduandos que ocupen los primeros lugares en las facultades de Derecho de las universidades del país. 12. Se implementará el nuevo Código Procesal Penal. La investigación será de responsabilidad del Ministerio Público con el soporte técnico de la Policía Nacional. FUERZA 2011 KEIKO FUJIMORI PILAR 2 CREAR UN GOBIERNO EFICIENTE EN EL QUE LOS CIUDADANOS PUEDAN CONFIAR EJECUTAR LAS REFORMAS INSTITUCIONALES QUE QUEDARON PENDIENTES PARA QUE UN ESTADO EFICIENTE RECUPERE SU LEGITIMIDAD FRENTE A LOS CIUDADANOS EJE 6. REFORMAR EL SECTOR PÚBLICO PARA QUE CUENTE CON CUADROS PROFESIONALES SELECCIONADOS COMPETITIVAMENTE, MEJOR PAGADOS Y CUYA BUENA GESTIÓN SEA PREMIADA. Sí, es posible mejorar la calidad y las condiciones de los funcionarios del Estado. Pero además, resulta imprescindible hacerlo para contar con un Servicio Civil que responda a los retos que el crecimiento pone al país. El gobierno de la década de 1990 cuenta entre sus virtudes el de ser reconocido como un gobierno altamente tecnocrático con cuadros de calidad que hicieron posible hacer las reformas que sentaron las bases del despegue del Perú. Es fundamental establecer las condiciones que permitan que cuadros técnicos de calidad retornen a servir al Estado y vean en éste un espacio de desarrollo profesional. Por ello, impulsaremos las siguientes políticas de Estado: 1. Incrementar las remuneraciones de los funcionarios públicos para hacerlas progresivamente competitivas con las del sector privado, y así poder atraer y retener en el Sector Público profesionales de sólida preparación, experiencia y calidad moral. 2. Consolidar una "Gerencia de Calidad". Fortaleceremos el programa SERVIR para que progresivamente y en aquellas plazas que se abran a partir del inicio de nuestro Gobierno, promueva la selección competitiva de funcionarios públicos para los rangos que representan la capa gerencial intermedia de las instituciones estatales a nivel de dirección, sub-dirección, gerencias y sub-gerencias en todo el Poder Ejecutivo. Estos procesos de selección estarán basados en criterios objetivos de preparación profesional y experiencia en gerencia, abriendo la oportunidad a nuevos profesionales y a profesionales del sector privado que vean atractivo integrarse al sector público. Las remuneraciones de estos niveles de gobierno seleccionados bajo el esquema de SERVIR tendrán automáticamente niveles competitivos con las del sector privado. 3. Carrera pública. Respetaremos los derechos adquiridos por aquellos que ocupan un puesto público. Para el caso de nuevas plazas o de aquellas que requieran ser llenadas pero que no tengan que pasar por el esquema de "Gerencia de Calidad" que promoverá SERVIR, consolidaremos sistemas de acceso competitivo, donde se privilegie a aquellos funcionarios que vienen desarrollando una carrera pública y que puedan acreditar méritos en base a su desempeño que justifiquen su promoción. 4. Protección al Buen Funcionario. Nuestra experiencia en el gobierno de la década de 1990 nos demuestra que, más allá de la indudable deuda que tenemos con el país demostrando que seremos radicales contra la corrupción, nuestro sistema no protege legalmente a los buenos funcionarios públicos y puede llegar a abusos que sólo reducen los incentivos de los buenos profesionales para hacer una carrera pública con dignidad. Por ello, estableceremos un sistema de protección legal especial para todos aquellos funcionarios cuyas funciones pudieran implicar cuestionamientos jurídicos por parte de los afectados o por el propio Estado, siempre que dichas funciones se hubieran ejercido conforme a ley. En coordinación con la Contraloría General de la República estableceremos un sistema que dando protección a los funcionarios que actúan conforme a ley, no debilite la tutela de los intereses del Estado EJE 7. SEREMOS INTOLERANTES CON LA CORRUPCIÓN Hemos señalado con insistencia y humildad que el fujimorismo tiene una deuda pendiente con el país, que piensa saldar. Pero no nos quedaremos en discursos encendidos ni poses mediáticas. Nuestra política propone establecer un conjunto de mecanismos destinados a reducir la corrupción: 1. No permitiremos los recurrentes conflictos de interés. Presentaremos al Congreso un Proyecto de Ley que defina con claridad todos los posibles conflictos de interés para impedir que personas que deben tutelar el interés y prioridades público y del Estado, representen o terminen representando indebidos intereses privados. 2. Impulsar la Política y el Plan de Simplificación Administrativa para reducir los trámites y sus costos, de manera que los ciudadanos, empresas e inversionistas no tengan que enfrentarse a la discrecionalidad de malos funcionarios públicos. Agilizaremos y simplificaremos los procedimientos administrativos, mediante la interconexión de las Entidades del Estado. La información obrante en los Registros y Bases de Datos del Gobierno Central estará "en línea" y a disposición de todas las demás Entidades del Estado, sobre todo de las Gobiernos Local y Regional y del Poder Judicial, a través de la Internet. Durante nuestro Gobierno la mayoría de trámites serán no presenciales (por internet) y a bajo costo para el ciudadano y empresario. Nuestro Gobierno privilegiará la constitución de ventanillas únicas en centros comerciales a lo largo de todo el país para acercar el Estado al ciudadano, con horarios extendidos. Asimismo, se ubicarán ventanillas descentralizadas de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI para que en alianza con la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo solucionen de manera inmediata los problemas que puedan enfrentan los ciudadanos en cualquier trámites ante el Estado y, de ser el caso, sancionen a los malos funcionarios. PILAR 3 SEGURIDAD CIUDADANA PARA TODOS LOS PERUANOS. DERROTAREMOS NUEVAMENTE LA DELINCUENCIA Y EL NARCOTERRORISMO PARA DAR A TODOS LOS PERUANOS UN PERÚ SEGURO Y SIN VIOLENCIA La falta de seguridad en la vida diaria es el principal problema que tiene nuestra población, sin embargo contra lo que podría suponerse la inversión del Estado en seguridad ciudadana no es suficiente y la capacidad operativa de las fuerzas policiales es limitada. Esto ha traído como consecuencia la generación de ofertas alternativas de seguridad (Serenazgo, Vigilancia Privada), aunque esta sólo opera en aquellos distritos o provincias que pueden pagarlos, ¿Qué pasa con los que no pueden pagar estos servicios complementarios? Aunque en los hechos la falta de seguridad perjudique a todos, el delito se convierte en un impuesto prohibitivo para el desarrollo de los más pobres. La pérdida que puede sufrir una familia de escasos recursos víctima de un hecho delictivo puede ser irrecuperable y condenar a sus miembros a la pobreza extrema o limitar su desarrollo por más de una generación. El panorama actual presenta una situación de inequidad de acceso a los servicios de seguridad que, como en la salud y la educación, son servicios esenciales para lograr el desarrollo del país y constituyen derechos fundamentales de la persona. Nuestro gobierno desarrollará las siguientes políticas públicas. EJE 9. DESARROLLO CON INCLUSIÓN SOCIAL Y CULTURA CIUDADANA. Se propone generar las condiciones y mecanismos para mejorar la convivencia ciudadana, por medio del apoyo a un conjunto de intervenciones a nivel regional, provincial y distrital orientadas a fomentar la convivencia ciudadana y prevenir y controlar la violencia social y doméstica, así como a promover factores de protección en comunidades, familias e individuos en riesgo de violencia y crimen. Promover una cultura de paz que permita una sociedad con espíritu conciliador y orientado a resolver los problemas de manera cívica. 1. Planteamos la reducción de toda expresión de violencia, sea ésta al interior de las familias, en las comunidades, en las escuelas. Planteamos igualmente, fomentar acuerdos de auto regulación entre los medios de comunicación, para reducir la exposición de violencia. Promoveremos el uso de mecanismos alternos para resolución de conflictos, tales como la negociación y la reconciliación, evitando llegar al Poder Judicial. Igualmente fomentaremos mecanismos para asegurar el respeto de los Derechos Humanos de todos, empezando por las víctimas de la violencia y la delincuencia. El fomento de la cultura de paz buscará la eliminación de las armas entre ciudadanos y la erradicación de la tenencia ilegal de armas de fuego. 2. Para una ciudad segura, fomentar una activa participación ciudadana. Crearemos Observatorios del Crimen y la Violencia, con activa participación ciudadana, que incentiven una cultura de denuncia: (1) mecanismos simplificados, (2) promoción y comunicación de esos mecanismos y (3) resultado de ellos. Para ello promoveremos la simplificación de los procedimientos y la eliminación del costo para el trámite de denuncias. Asimismo, promoveremos la participación de la comunidad para incrementar la obligación de rendición de cuentas a las instituciones involucradas en la seguridad ciudadana y un verdadero y oportuno apoyo a niños y jóvenes en situación de riesgo. Creemos que los problemas locales requieren soluciones locales y oportunas. EJE 10. MECANISMOS DE COERCIÓN Y CONTROL 1. Ciudadano seguro, centro de la atención. Estamos diseñando mecanismos y sistemas de protección legal y social para las víctimas. Vamos a dotar de recursos, promoveremos y fortaleceremos al Defensor del Pueblo para que actúe de oficio ante situaciones de injusticia y atropello evidente del sistema de administración de justicia. Asimismo incrementaremos el sentido de justicia sobre el legalista, en la administración de justicia. Como siempre tendremos insuficientes recursos financieros y humanos, promoveremos la colaboración público-privadas para la construcción de cárceles, incorporación de tecnologías, y vigilancia electrónica. 2. Acercar los mecanismos de justicia al ciudadano. Incorporaremos el concepto de juzgados de delitos menores, a nivel de comisarías y municipalidades distritales para promover la resolución de manera rápida y oportuna, que incremente el sentido de justicia. Revisar y diseñar claros mecanismos de intervención y responsabilidad de gobierno central y autoridad territorial (regional y local). Promoveremos cambios normativos que permitan la despenalización de faltas menores a cambio de faenas comunitarias, pero fortaleciendo el criterio de severidad ante la habitualidad y reincidencia. 3. Leyes más Fuertes. Aumento de penas para delitos específicos como violación de menores. Reducción o eliminación de beneficios penitenciarios según la gravedad del delito (a mayor delito, menos beneficios). La pena deberá tomar en cuenta la reincidencia en el delito. También es necesario crear medidas extracarcelarias para el delito menor, en especial para aquellos jóvenes que han cometido delitos menores por primera vez se debe dar la alternativa de penas de trabajos comunitarios 4. Trabajo Comunitario. Estableceremos la sanción penal de trabajo comunitario para ciertos delitos tales como el pandillaje, el robo no agravado y delitos menores, con el fin de facilitar la reinserción de aquellos que hayan cometido estos delitos mostrándoles las ventajas e importancia de valores como la convivencia social y el trabajo, y sin exponerlos a los riesgos que actualmente representa internarlos en penales. 5. Aumento del número de centros penitenciarios. La aplicación de una política de mano dura exige la construcción de más cárceles mejores y más seguras, éstas son prioridades que deben concretarse a través del esfuerzo público-privado. El hacinamiento en nuestras cárceles, que en promedio ronda el 43%, no es una excusa para liberarlos por falta de capacidad para atenderlos o no procesarlos por la misma razón. Se deben aumentar el número de centros penitenciarios para dar cabida a la población hacinada actualmente y la que vendrá en el futuro. SOLIDARIDAD NACIONAL LUIS CASTAÑEDA LOSSIO 1.5 Justicia. Contexto general: · El servicio de justicia tiene problemas de acceso, lentitud e impredictibilidad de los fallos y gran desconfianza ciudadana. · La Fiscalía requiere profundizar su tecnificación, tiende a culpabilizar a todos. · Lamentablemente, la corrupción atraviesa todo los componentes del Sistema de Justicia. · La Policía Nacional es poco respetada y no genera confianza. Asimismo, asume una gran cantidad de tareas, que no le permiten cumplir a cabalidad su papel primario. · El Poder Judicial tiene un Sistema de control interno poco eficiente. · Nuestra cultura de judicialización congestiona todos los niveles del sistema. · Aproximadamente un millón de expedientes judiciales se encuentran pendientes de resolver. · Las cárceles están sobrepobladas y en condiciones degradantes. El sistema penitenciario tiene aproximadamente 45,000 detenidos (30% sentenciados y 70% procesados). · No existe una readaptación real y no hay un control permanente ni completo al interior de todos los penales. · El INPE carece de una ley que norme su funcionamiento; insuficiente personal penitenciario. Diagnóstico · Procesos engorrosos y centralizados por el lado de los actores de los servicios de justicia (Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial). Por el lado del ciudadano: Desconfianza, corrupción, desconocimiento y factor económico. · Los procesos tienen una duración excesiva y prácticamente está en la discrecionalidad del Juez su extensión en términos de tiempo. · La resolución de los procesos judiciales se vuelve una incertidumbre total para los ciudadanos, pues no existen elementos de juicio objetivos que permita tener una confiabilidad respecto a los resultados del Proceso. · Falta de predictibilidad en los fallos genera inseguridad jurídica, lo que afecta la competitividad del país. · Escasa cobertura en los sectores populares. Problema 1: El acceso al sistema de justicia es limitado Acciones concretas: · Desconcentrar las Salas de la Corte Suprema, estableciendo sedes regionales. · Implementar un Programa de Promoción de resolución de conflictos vía modalidades extrajudiciales. · Establecer el Servicio Civil de Justicia para abogados recién egresados, de modo que fortalezcan las primeras instancias judiciales (Juzgados de Paz y los mecanismos de arbitraje y conciliación). · Implementar Programas de Asistencia y Orientación especializada de calidad y de carácter gratuito a grupos vulnerables.
Acciones concretas: · Priorizar la Implementación efectiva del Nuevo Código Procesal Penal (NCCP) a nivel nacional. · Promocionar la creación de mayores espacios de conciliación y tipologías de controversias que pueden ser resueltas por medios alternativos de resolución de conflictos. · Fortalecer el sistema de arbitraje y conciliación para problemas comerciales entre privados por montos menores a 10 UIT. · Reducir los tiempos y costos de los procesos judiciales y administrativos. · Establecer pautas de oralización de procesos civiles y contenciosos administrativos. · Fortalecer los juzgados de paz, tanto en cantidad como en calidad, mediante el Servicio Civil de Justicia. · Crear mecanismos de control administrativo de las penas, aliviando así la sobrepoblación penal. Problema 3: Poca predictibilidad en los fallos judiciales Acciones concretas: · Implementar un sistema que permita que las sentencias judiciales puedan ser consultadas en la web, sin restricciones. · Implementar un sistema anual de evaluación de criterios jurídicos aplicados a las sentencias por especialidad; la evaluación estaría bajo responsabilidad del AMAG; resultados de la evaluación serían publicados en web y otros medios de difusión. · Fortalecer el accionar de la OCMA, sobretodo en el ámbito regional. Problema 4: Sistema Penitenciario deficiente Acciones concretas: · Fortalecer el INPE mediante una ley que norme su funcionamiento, dotándolo de los recursos humanos y materiales adecuados. · Eliminar el déficit penitenciario con nuevas cárceles y procesos judiciales más rápidos. · Priorizar la reinserción a la sociedad mediante el trabajo, de modo que el INPE pueda cumplir con su rol. 1.6 Seguridad ciudadana. El contexto general · La paz y tranquilidad ciudadana en el Perú es un Objetivo prioritario, los peruanos no podemos seguir viviendo con la incertidumbre que genera la inseguridad y los efectos de su violencia manifiesta. Entre las posibles causas de esta violencia se encuentra ese 45% de hogares en conflicto, donde los jóvenes que viven esa violencia familiar, la trasladan al barrio conformando pandillas y luego a la ciudad en diversas manifestaciones delictivas. · El Sistema de Seguridad Ciudadana es extremadamente ineficiente, no responde a las exigencias y expectativas ciudadanas y más bien está dejando a la población en la indefensión, llevando a que muchas veces tome de la justicia en sus propias manos. Los operadores de justicia (policías, fiscales, jueces y los encargados de las prisiones) no están cumpliendo con sus finalidades y funciones constitucionales de garantizar el libre ejercicio de los derechos, proteger la vida y la propiedad, mantener el orden y la convivencia pacífica ciudadana, investigar y denunciar el delito, impartir justicia, reprimir el crimen y rehabilitar a quienes infringen la Ley. · No existen instrumentos suficientes para saber con precisión la magnitud del problema de la inseguridad ciudadana y sus tendencias reales; pero las pocas estadísticas y encuestas con las que se cuentan, indican que el problema fundamental de inseguridad es el hurto y robo, tanto a personas como a domicilios; el secuestro en sus diferentes modalidades es otra de las amenazas que más preocupa a la ciudadanía. · En la capital existe 410 pandillas integradas por 12.128 jóvenes y adultos, concentrados en Lima Sur y Lima Norte, cometiendo principalmente delitos contra el patrimonio, agresión e interrupción del libre tránsito. Problema 1 El actual sistema remunerativo de la Policía Nacional afecta la moral de sus integrantes, así como la captación de nuevos miembros y la capacidad de retención del personal actual, abriendo las puertas a la corrupción. · Incrementar racional y progresivamente los niveles remunerativos del personal policial, en función de indicadores de desempeño. Problema 2 La seguridad ciudadana no se aborda de manera integral. Propuestas concretas: · Crear un sistema integral de seguridad que contemple los sistemas, medidas, métodos, técnicas y procedimientos para evitar la comisión de ilícitos y prevenir los riesgos en perjuicios de los ciudadanos, instalaciones y valores. · Diseñar planes y programas que permitan una nueva cultura de seguridad mediante el desarrollo de estrategias comunicativas, cursos, conferencias e inclusión en los currículos escolar, universitario y técnico. · Aprovechar la tecnología disponible para combatir y prevenir los actos delictivos, así como el intercambio de información entre los diferentes actores a cargo de seguridad en el país (Policía Nacional del Perú, seguridad privada, Poder Judicial, etc.). Problema 3 Ineficiente gestión de la seguridad ciudadana e inadecuado marco legal Acciones concretas · Reestructurar en forma integral el Ministerio del Interior. · Revisar las leyes de los sistema de seguridad ciudadana, Código Penal, Defensa Civil, el sistema carcelario y reglamentos, de modo de introducir, entre otras, la acumulación de penas, cárcel efectiva y una verdadera resocialización del interno. · Incrementar de manera efectiva el número de policías patrullando todas las ciudades, debidamente preparados y equipados. · Recuperar la ética, moral y profesionalismo del policía para convertirlo en el capital más importante del sistema de seguridad ciudadana. · Asegurar una calidad de vida digna al personal de la policía nacional, en particular, en aspectos de salud y personal que haya quedado discapacitado en el cumplimiento de su deber. Problema 4 Limitada capacidad de respuesta operativa contra el pandillaje juvenil, crimen y la delincuencia. Acciones concretas · Repotenciar las comisarias dotándolas de nuevas tecnologías, capacitación profesional e incremento de personal. · Mejorar la capacidad y tiempo de respuesta a los pedidos de auxilio y de las emergencias, convirtiendo a la Central de Emergencias 105, como el único Sistema de Atención Ciudadana. · Implementar el Observatorio Nacional del Crimen para desarrollar la capacidad de información de análisis sobre la situación real y tendencia de los grupos delincuenciales comunes, organizados, dispersos y subversivos. · Promover la participación ciudadana organizada en la identificación y prevención de riesgos evidentes y encubiertos, tales como la micro comercialización de drogas y seguimiento de "marcas". · Crear las Unidades Itinerantes de Pacificación Ciudadana contra el Pandillaje y Delincuencia Común, integrada por policía, municipalidad, poder judicial, fiscalía, educación, salud y representantes de la sociedad. PERU POSIBLE ALEJANDRO TOLEDO 13. Autoridad y liderazgo ante la delincuencia: Tolerancia Cero SEGURIDAD CIUDADANA, NARCOTRAFICO Y TERRORISMO: La inseguridad ciudadana es uno de los principales problemas de la población. Atacarla frontalmente requiere liderazgo, capacidad de acción y recursos. Por eso, urge rediseñar los procesos del servicio policial en las Comisarías, mejorando su infraestructura, equipamiento, capacitación y aplicando el modelo de gestión por resultados. Nuestro propósito es reducir los índices de percepción de inseguridad y victimización: robos, arrebatos, pandillaje pernicioso, violencia familiar, robo de vehículos y domicilios, asaltos, estafas, entre otros. Nuestro Compromiso: SEGURIDAD CIUDADANA · Rediseñar los procesos de los servicios policiales en Comisarías, con mejoramiento de infraestructura, equipamiento, capacitación y gestión por resultados, dentro de una visión multianual, que permita reducir la inseguridad. · Optimizar y unificar el Servicio de Emergencia 105: Policía Nacional, Serenazgo, Bomberos, Ministerio de Salud, ESSALUD, Defensa Civil. · Integrar sistemas de video vigilancia mediante el enlace satelital (INCASAT). · Implementar el Observatorio del Delito, como herramienta de gestión para la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas. · Definir los roles y competencias de los diferentes actores de seguridad: Serenazgo, Juntas Vecinales, Vigilancia Privada, etc., para consolidar la participación de las Redes Sociales de seguridad ciudadana. · Diseñar consensos de gestión con los Gobiernos Locales y Regionales, para la formulación de los Planes de Seguridad Ciudadana, estableciéndose objetivos, indicadores y metas que permitan el monitoreo y evaluación del servicio policial, así como comprometer recursos para la mejora de la infraestructura, equipamiento y capacitación. ORDEN PÚBLICO · Implementar las Bases de Operaciones Especiales (DIROES), descentralizadas, a nivel macro-regional: norte, centro, sur y oriente, para el control y mantenimiento del Orden Público. · Optimizar la prevención y manejo de conflictos socio ambientales, económicos, étnicos, culturales y políticos; así como, el monitoreo de los diversos acuerdos de soluciones, teniendo un Estado alerta que favorece el diálogo y comprensión entre las partes. CRIMINALIDAD ORGANIZADA · Crear la Central de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO), que permita la interconexión de las Bases de Datos de referencias criminales, judiciales y administrativas. NARCOTRÁFICO · Concentrar a las oficinas con responsabilidad en la lucha contra el TID en una sola institución, la misma que estará a cargo de la PCM. · Mejorar el control y monitoreo de las acciones contra el desvío de Insumos Químicos Fiscalizados, desarrollando un Plan Nacional de Interdicción de IQF. · Introducir monitoreo de los cultivos de hoja de coca a nivel nacional por sistema satelital propio. · Instalar tres principales Bases Antidrogas: dos en el VRAE (Pichari y Boca Mantaro) y uno en el Huallaga (Monzón - Huánuco). · Modificar el marco legal de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) fortaleciendo sus facultades de investigación. · Bajar el margen de rentabilidad de la coca ilegal, aplicando estrategias diferenciadas en cada cuenca. · Asumir el firme compromiso de dotar con los recursos económicos para enfrentar al narcotráfico. TERRORISMO · Recuperar el pleno de Estado de Derecho en las zonas de influencia del narcotráfico y el terrorismo (Huallaga, VRAE y Putumayo). Para ello se destinarán los presupuestos necesarios para equipar a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas. · Fortalecer los Frentes Policiales del VRAE, Huallaga y Zonas de Emergencia, con la instalación de bases policiales con uso de tecnología satelital (interceptación, perturbación y recepción electrónica de las transmisiones en el espectro electromagnético), para la ejecución de operaciones policiales contra el narcotráfico y los rezagos del terrorismo, garantizando la seguridad territorial para el desarrollo de programas alternativos sostenibles. PERU SEGURO: VIRAJE ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU. · Realizar una reingeniería del sistema educativo policial, fundamentada en la formación integral con énfasis humanístico, donde la Institución asume principios, postulados y estructuras que garanticen la formación educativa con capacidad crítica, reflexiva y analítica, fortalecido con el avance científico y tecnológico para que en el servicio a la sociedad se de prioridad a una mejor calidad de vida, de acuerdo con los procesos de cambio que afecten al país y garantice la gobernabilidad democrática. · Incrementar las remuneraciones con exclusividad para el Estado del servicio policial. · Fortalecer el sistema de control institucional, mediante el rediseño de los procedimientos de control, supervisión y evaluación de los servicios policiales, bajo nuevos enfoques administrativos y estableciendo monitoreo mediante el seguimiento de indicadores, aplicaciones informáticas y sistemas de video. 16. Respeto pleno al Estado de derecho y a la Constitución JUSTICIA Sólo dentro de un Estado de Derecho y bajo la vigencia preeminente de la Constitución, se puede asegurar una vida justa y digna para los ciudadanos, para la sociedad y para el país. Las dictaduras sólo han traído corrupción y abusos. En tal sentido, nos avocamos a la preservación y defensa del Estado de Derecho y del Orden Constitucional. La lucha contra la corrupción será un eje principal de la actuación del Estado, con la finalidad de lograr que el Perú se ubique entre los países menos corruptos, fomentando la transparencia, la participación, y el control de la ciudadanía en este objetivo principal. Se promoverá la transparencia en los actos y la relación entre el ámbito público y el privado, en los otorgamientos de concesiones, licitaciones, compras y contratos de servicios, y evitaremos que la contratación a través de Organismos Internacionales, sea un medio para eludir controles. Nuestro Compromiso: · Dotar al Poder Judicial de los recursos necesarios para la lucha frontal contra la corrupción · Establecer un pacto político contra la corrupcion · Imprescriptibilidad de los delitos cometidos por los funcionarios públicos. · Consolidar las operaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera para enfrentar el lavado de activos. · Fortalecer la capacidad de intervención de la Contraloría General de la República, así como de las oficinas de control interno de todo el Sector Público. · Fortalecer las Procuradurías de la Lucha Contra la Corrupción, impulsando la recuperación del dinero del Estado apropiado indebidamente. · Fortaleceremos el Ministerio Público, reforzando su capacidad operativa para realizar investigaciones eficaces, contra el narcotráfico, terrorismo y la delincuencia organizada. Con ese mismo propósito, incrementaremos la capacidad operativa y de investigación de la Policía Nacional. · Fortaleceremos la privacidad y la protección de los datos e información de los ciudadanos. · Reestructurar el Sistema de Defensa Jurídica del Estado, promoviendo la defensa especializada ante fueros nacionales e internacionales, como el Sistema Interamericano, y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI). · Impulsar la reforma del Poder Judicial, para hacer de ella una institución eficiente e independiente, que facilite el acceso a la justicia como condición de igualdad y libertad, y garantice la solución de conflictos en plazos razonables. · Promoveremos una verdadera reforma integral de la administración de justicia, revalorando los postulados de la CERIAJUS (Comisión Especial de la Reforma Integral de la Administración de Justicia) y lograr así un Sistema de Justicia profesional e independiente, sin corrupción y de fácil acceso como condición de igualdad de los ciudadanos frente a la justicia. · Impulsar la implementación del Nuevo Código Procesal Penal para reducir la carga procesal y agilizar los procesos judiciales. · Fortaleceremos los mecanismos populares de solución de conflictos, como la justicia de paz y la justicia comunitaria, e impulsaremos el uso de los medios alternativos de solución como la conciliación y el arbitraje. · Promoveremos el rediseño del sistema de formación de jueces, abandonando la transmisión de conocimientos sin referencia de la realidad y desprovistas de valores constitucionales, para impulsar una justicia especializada, orientada a la solución de conflictos. · Promoveremos la implementación de mecanismos para agilizar los procesos de los 31,307 internos (69% de la población penal), los cuales tienen la condición jurídica de inculpados. · Dispondremos la separación y drástica destitución de funcionarios, policías, jueces y fiscales que se vinculen con actos de corrupción. · Brindar mayor seguridad a los peruanos. Implementar estrictos sistemas de seguridad y control en los penales. · Implementaremos estrictos sistemas de seguridad y control en los penales. Estableceremos un estricto control al interior de los establecimientos penales, con la finalidad de evitar que los internos planifiquen y ejecuten delitos. · Implementaremos un eficiente control de visitas y de paquetes a través de la instalación de sistemas electrónicos de control, verificación de requisitorias y de la identidad de los visitantes mediante huellas dactilares (Sistema de Verificación Biométrica del RENIEC). · Construiremos y rehabilitaremos la infraestructura penitenciaria a nivel nacional. · Reorganizar COFOPRI, así como la Superintendencia de Bienes Estatales. · Impulsar la formalización de la propiedad inmueble otorgando títulos de propiedad a los ciudadanos más pobres del Perú. · Modernizar los Registros Públicos utilizando nuevas tecnologías de información, reduciendo sus costos y simplificando los procesos registrales. PARTIDO POLITICO ADELANTE RAFAEL BELAUNDE 8.- NARCOTRÁFICO Y LA ECONOMÍA DE LA COCA El problema del cultivo ilegal de la coca aparece con cierta significación a inicios de la década de los 70, durante el gobierno militar y luego que este abandonara los esfuerzos de inversión ejecutados durante el gobierno del Presidente Belaúnde que había iniciado un programa muy intensivo de inversiones en la Ceja de Selva con financiamiento internacional. El drástico y abrupto recorte de la inversión pública, sobretodo en la zona del alto Huallaga, aunado y agravado aun más por los efectos perniciosos del proceso de Reforma Agraria puesto en marcha a fines a mediados del año 69, provocó un decaimiento económico muy significativo, lo que fue terreno propicio para que, con la influencia directa del narcotráfico de origen colombiano, se iniciara un rápido auge en el cultivo de la hoja de coca en esa región de la selva alta del río Huallaga. Desde esos años hasta la fecha, el proceso ha tenido distintas fases en su evolución y lo que era hasta hace algunos años un problema básicamente circunscrito a los sombríos ilegales de la hoja de coca, se ha transformado en la presencia inequívoca de una producción local dedicada aproximadamente en un 95 por ciento al Clorhidrato de Cocaína. Es decir que se ha iniciado en el país un proceso distinto y claramente vinculado al narcotráfico. La situación se torna aún más grave desde que, conjuntamente con este problema, la presencia de grupos armados que dicen defender posiciones políticas ultra radicales, convierten el tema en un asunto altamente delicado y que merece un tratamiento especial. Al respecto corresponde tener presente que el denominado PLAN COLOMBIA ha influido directamente en la situación actual; ya que por lo general se reconoce que los requerimientos del narcotráfico para abastecer la demanda internacional de cocaína implican el cultivo de aproximadamente 200 mil hectáreas de coca. En este sentido un exitoso programa de erradicación de la coca en Colombia hace que el área erradicada sea sustituida cultivos en otras zonas geográficas aptas para el mismo. Ello ha ocasionado que las áreas dedicadas a estos fines en el Perú sean del orden de 60 mil hectáreas y que su cultivo se haya extendido de la zona del Alto Huallaga a Zonas como los valles del Apurímac y del río Ene, con el agravante de haber incrementado su productividad. Dada la complejidad de la situación, debe tenerse en consideración que cualquier planteamiento en busca de lograr enfrentar con realismo el problema requiere partir de las siguientes constataciones: En primer lugar tiene que reconocerse que el narcotráfico genera un efecto pernicioso en la sociedad peruana y que los costos en términos del deterioro de las instituciones, la corrupción y la violencia que le son consustánciales, exceden de manera abrumadora cualquier beneficio que pueda reportar en términos de proveer un medio de vida a un grupo de la sociedad, o como ayuda de ingresos en la balanza de pagos. Una segunda constatación se refiere a la gran cantidad de compatriotas que tienen en el cultivo de la coca su principal medio de sustento y por lo tanto en el remedio del problema, la sola aplicación de acciones represivas no son parte de una solución duradera sino se le acompaña de un masivo esfuerzo para proveer a los campesinos de actividades—no sólo o necesariamente agrícolas—económicas alternativas verdaderas. El estado y sus instituciones deben mantener una presencia real en las zonas de cultivo. De otro lado, las acciones de represión del narcotráfico deberán ser mucho más vigorosas, decididas y creíbles si han de tener éxito y deben involucrar el apoyo de las fuerzas de orden pero también de toda la sociedad civil. · La coca se cultiva en el Perú principalmente en el Alto Huallaga y en los valles del Apurímac y el río Ene. Sin embargo, existen cultivos de relativa importancia en el Huallaga Central, Aguaytía, y algunas zonas de La Convención en el departamento del Cuzco. · El hectariaje se estima en más de 60,000 Has. Con una productividad que ha ido en ascenso debido en parte al mayor uso de insumos agrícolas. · Alrededor del 95% de los cultivos de coca tienen como destino a la producción de narcóticos. · En los años recientes muchos productores de coca han pasado a producir pasta básica de cocaína en pozas de maceración propias. Las acciones del Estado en el área de las relaciones internacionales deben incluir un fuerte elemento encaminado al convencimiento de la comunidad internacional de su corresponsabilidad en el fenómeno de la producción y tráfico de narcóticos y por lo tanto deben afrontar su responsabilidad aportando recursos materiales en proporción conmensurablemente mayor a la que hasta ahora ha estado disponible. Como parte de esta nueva estrategia, debe reconocerse que el comercio ilegal de la coca se mueve con la misma lógica del libre mercado, generando una "economía de la coca", que por sus efectos altamente perniciosos no puede ser tolerada; pero que sólo puede ser frenada si paralelamente se logra crear circuitos económicos integrales sustitutorios, pues hasta la fecha el basarse solo en programas de cultivos alternativos ha resultado manifiestamente insuficiente. Dentro de este orden de ideas el planteamiento de solución debe abarcar aspectos más amplios que deben incluir no solo actividades económicas alternativas, sino además programas definidos de inversión en infraestructura, nuevas fuentes de financiamiento y de medidas que faciliten y promuevan la incorporación de esas zonas al circuito económico legal. El esfuerzo en este sentido debe ser una de las tareas de mayor prioridad, pues el riesgo de fracasar en este propósito generará graves daños al país y sobre todo a su estabilidad política y social; por eso es que desde ya el Estado Peruano debe encarar de manera mucho más efectiva la tarea de eliminar la influencia del narcotráfico en las instituciones fundamentales del País. 11. DEFENSA Y SEGURIDAD CIUDADANA 11.1. Propuestas de seguridad ciudadana 11.1.1. Introducción La mejora de los niveles de seguridad en las zonas urbanas y rurales del Perú es un clamor popular desde hace una década. A nivel vecinal la seguridad ciudadana ocupa el primer lugar en las preocupaciones vecinales y a nivel nacional se ubica en el segundo lugar. Los ciudadanos del Perú tienen la más alta expectativa de la acción del Estado a fin de garantizar la paz social, la integridad física de los ciudadanos, la tranquilidad y la propiedad privada. La consolidación de los logros económicos del país así como la continuación del crecimiento económico registrado en los últimos años dependen en gran parte de los esfuerzos que realice el gobierno en materia de lucha contra la criminalidad. Siendo uno de los fundamentos de la creación histórica de los estados garantizar la seguridad externa e interna; el presente plan no puede pasar por alto la necesidad de realizar modificaciones sustanciales en la gestión de la seguridad ciudadana. 11.1.2. Propuestas · La seguridad ciudadana debe ser re-priorizada como la segunda política nacional del Estado Peruano. Será la segunda prioridad del Estado la de fortalecer el sistema integral de lucha contra la criminalidad. · Siendo la seguridad ciudadana un problema intersectorial e interdisciplinario se creará un Comité permanente de lucha contra la inseguridad ciudadana dentro del organigrama de la Presidencia del Consejo de Ministros, que será presidido por el Primer Ministro e integrado por el Ministro del Interior, el Director de la Policía Nacional, el Ministro de Educación, la Ministra de la Mujer y Desarrollo Social, el Presidente de Devida, el Presidente del Inpe, el Ministro de Justicia, el Ministro de Defensa, el Jefe del INEI, el Fiscal de la Nación, el Defensor del Pueblo y el Presidente de la Corte Suprema. · Implementar y concluir la informatización de todas las Comisarías de la Policía Nacional del Perú a nivel nacional. · Modificar los instrumentos de gestión del Ministerio del Interior creando el Vice-Ministerio de Seguridad Ciudadana que funcione en paralelo con los de Gestión Institucional y el de Orden Interno. · Impulsar la modificación de la Ley que regula el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y su Reglamento otorgando al Vice-Ministerio de Seguridad Ciudadana competencias que vayan más allá de las meras funciones de coordinación y recopilación de planes de seguridad que actualmente ejerce la Secretaría Técnica de la CONASEC. · Impulsar la creación del Sistema Nacional de Estadísticas y otros indicadores de la Criminalidad. Dicho sistema informará a todos los componentes del Comité Permanente de Lucha contra la Criminalidad sobre estadísticas de policía, estadísticas de serenazgo, estadísticas de violencia informada por los hospitales y clínicas, encuestas de victimización trimestrales, encuestas de delincuencia auto-revelada, estadísticas penitenciarias, estadísticas judiciales, y otros indicadores que permitan medir el impacto de las políticas públicas de seguridad ciudadana en un sistema de mejoramiento continuo de la seguridad ciudadana en el país. El sistema permitirá obtener información oportuna y confiable para el diseño de políticas públicas y toma de decisiones en materia de seguridad ciudadana. Incluyendo un sistema informatizado de denuncias que generará automáticamente estadísticas y mapas geo-referenciados de la criminalidad. Para garantizar la metodología del procedimiento de toma de datos y análisis de los mismos se celebrará un convenio de colaboración inter-institucional con el INEI. · Promover el fortalecimiento del equipamiento de la policía nacional para el combate de la criminalidad. · Mejora de la gestión del parque automotor de la Policía Nacional mediante el sistema de gestión de las unidades móviles mediante el sistema de arrendamiento operativo o renting. De esa manera se garantizará el funcionamiento permanente del 100% de las unidades móviles de la Policía Nacional del Perú y un sistema de mantenimiento de calidad, evitando también la formación de cementerio de vehículos policiales. · Fortalecimiento del sistema de patrullaje mediante la racionalización del personal y la afectación de egresados de las escuelas a labores de seguridad ciudadana y patrullaje. · Implementación de una estrategia de acciones combinadas entre los cuerpos de serenazgo municipal y las Comisarías a nivel nacional. · Promoción activa del fortalecimiento del trabajo preventivo de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana a nivel nacional. · Fortalecimiento de la implementación de los laboratorios de criminalística a fin de contar con laboratorios descentralizados completamente equipados que permitan incrementar la eficacia de la investigación criminal. · Reforma Integral del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, de los Concejos Distritales, Regionales y Provinciales de Seguridad Ciudadana mejorando las capacidades de los Comités y puesta en práctica de los planes locales mediante un monitoreo y supervisión sistematizados de su ejecución y cumplimiento. · Una reforma presupuestal progresiva para los componentes del sistema de lucha contra la inseguridad ciudadana comenzando por el nivel remunerativo y equipamiento de la policía nacional. · La puesta en marcha reforma integral del sistema de lucha contra la corrupción en los sectores relacionados con la criminalidad y la inseguridad ciudadana. · La promoción de una reforma integral del sistema de justicia penal. · El reforzamiento integral del sistema de resocialización y reeducación de los penales y centros de menores del país. · La creación de un ente regulador y supervisor de los servicios de seguridad ciudadana brindados por los gobiernos locales por los que los vecinos pagan grandes sumas de dinero sin posibilidad de supervisar y garantizar la calidad y eficacia de dichos servicios. 12. REFORMA EN LA SEGURIDAD Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 12.1. Salas municipales de justicia En línea con la propuesta de reforma política y de descentralización, proponemos una reforma en el sistema de administración de justicia que ponga este servicio fundamental más cerca de las personas mediante la creación de salas municipales para la resolución de delitos menores. Esto traerá como beneficio una rápida resolución de los delitos de mayor frecuencia en el país, con un ahorro sustantivo de tiempo y dinero para los afectados y para el Estado, así como la reducción de la carga procesal del Poder Judicial y el Ministerio Público. Asimismo, dado que la administración de estas salas es municipal, se podrán sancionar estos delitos menores con servicios a la comunidad, ayudando a despenalizar la justicia y a reducir el hacinamiento en las cárceles. 12.2. Modernización del sistema penitenciario Complementariamente y en el marco de la estrategia de provisión de infraestructura social mediante el fomento de la participación privada, se promoverá un programa de concesión de cárceles para construcción de nuevos penales, más seguros, eficientes y sobre todo orientados a otorgarles a las personas privadas de libertad, algún grado de empleabilidad que le ayude a evitar reincidir en el delito y reintegrarse dignamente a la sociedad. Este programa de concesiones se orientará a los sentenciados primarios, por delitos no graves y principalmente jóvenes, ya que en ellos es posible lograr los objetivos de resocialización. FUENTE: |
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