Revista IDEELE
Nº 678, 06 de abril del 2011
La condena a Fujimori dos años después
Carlos RIVERA PAZ
Alberto Fujimori Fujimori purga prisión porque la justicia
peruana lo encontró responsable de graves violaciones a los
derechos humanos y delitos de corrupción de funcionarios. Por
todos los delitos por los que fue extraditado de Chile resultó
condenado. Este hecho -poco frecuente- no solo da cuenta de que
durante los años noventa se instaló en el Estado peruano una
mafia que de manera sistemática perpetro delitos para saquear los
recursos públicos y para violar los derechos humanos, sino
también nos indica que frente a estos hechos solo la acción
decidida de la justicia puede restaurar la dignidad de la nación.
Hace exactamente 2 años la Sala Penal Especial, presidida por el
magistrado César San Martín Castro, dictó sentencia condenatoria
contra el ex presidente de la república Alberto Fujimori Fujimori
por la comisión de delitos graves contra los derechos humanos
(Barrios Altos, La Cantuta y los secuestros de Samuel Dyer y
Gustavo Gorriti). Hoy, a pocos días de la elección del próximo
presidente de la república -en la que la hija del condenado
aspira a ocupar dicho cargo- esa sentencia sigue constituyendo un
hito en la historia política y judicial del Perú que nadie puede
dejar de tener en cuenta, menos aun en circunstancias en las que
se intenta debatir de qué mejor manera se gobierna un país.
Estamos completamente convencidos que el juicio contra Fujimori
fue la mejor expresión de una decisión institucional del Poder
Judicial y del Ministerio Público para hacer justicia y demostrar
al mundo entero que sí es posible investigar y juzgar los
crímenes cometidos desde el poder cometidos por quien tenía la
condición de jefe de Estado, en el marco del respeto más
irrestricto de la garantías fundamentales del debido proceso.
Desde el momento en que se desarrollaba el proceso y más aun
cuando se conoció la sentencia condenatoria estábamos convencidos
que ese proceso y esa sentencia deberían marcar un antes y un
después en la actuación del sistema de justicia y en el
desarrollo de la institucionalidad del país. Ciertamente en ambos
escenarios hay evidentes retrocesos y múltiples resistencias pero
aun así la sentencia sigue siendo un verdadero hito y sigue
siendo un referente obligado, pero -además- sigue siendo un
consistente mensaje para señalar que los crímenes perpetrados
desde el Estado deben ser sancionados con severidad.
Los crímenes que ordenó Alberto Fujimori Fujimori
El proceso contra Alberto Fujimori concentra cuatro graves
violaciones a los derechos humanos: la matanza de Barrios Altos,
los desaparecidos de La Cantuta y los secuestros de Gustavo
Gorriti y Samuel Dyer. Pero si bien en el expediente judicial se
investigó, juzgó y sentenció solo estos cuatro casos la sentencia
señala con mucha claridad que esos crímenes fueron parte de un
contexto en el que se perpetraron violaciones sistemáticas a los
derechos humanos. Dice la sentencia que "∑estos crímenes, por su
modalidad, frecuencia y calidad de los ejecutores, inserción en
los organismos de inteligencia militar del Destacamento Especial
de Inteligencia Colina y características de la misión afectadas,
deben calificarse de crímenes generalizados y sistemáticos,
propios de una violencia organizada desde el aparato estatal".
El papel del SIN y Montesinos
Fujimori fue acusado como autor mediato a través de un aparato de
poder organizado. La sentencia señala que ese aparato de poder es
el Servicio de Inteligencia Nacional que desde el mismo inicio
del gobierno de Alberto Fujimori en 1990 tuvo jefe real al asesor
Vladimiro Montesinos. Sobre Montesinos la sentencia señala de
manera precisa que "La posición que alcanzó el asesor Montesinos
Torres como es evidente, solo pudo concretarse por una
disposición del propio presidente Fujimori Fujimori∑" y luego
asegura que "∑Lo expuesto no hace sino confirmar que Vladimiro
Montesinos Torres llegó a convertirse en una persona de absoluta
confianza de Alberto Fujimori, a quien daba cuenta de sus
actividades, sin reconocer a un superior distinto que el
presidente de la República∑."
Para el tribunal presidido por San Martín "∑el control de
Montesinos Torres como representante directo del acusado Alberto
Fujimori Fujimori, en los ámbitos de Defensa, Interior e
Inteligencia, a partir de lo cual se consolidó, por lo menos en
los primeros años del régimen -objeto de la causa- un atípico
modelo de conducción del Estado en esos espacios del poder∑"
El rol protagónico del Presidente de la República
Pero si bien en el juicio se determinó la existencia del SIN como
un verdadero aparato de poder controlado por Fujimori a través de
Montesinos, también en el juicio se demostró un aspecto
fundamental del caso: la responsabilidad penal de Fujimori y el
rol protagónico que tuvo para la comisión de los eventos
criminales. Fujimori fue el personaje que emitió las órdenes,
disposiciones y políticas ilícitas que el SIN, Montesinos y el
aparato militar ejecutaron aquellos años.
Al respecto la sentencia señala que "∑todas las actividades
reseñadas y probadas en autos del Alberto Fujimori Fujimori, como
jefe supremo de las FFAA y de la PNP, ponen en evidencia el poder
militar constitucionalmente reconocido, al Jefe de Estado. Está
entonces acreditado que el acusado Fujimori ejerció
indubitablemente potestades político militares como potestades
militares efectivas, exteriorizando así su mando y comando máximo
sobre las FFAA y PNP∑" Agrega la sentencia que "∑a la luz de las
evidencias analizadas, que en el SIN, a instancias e impulso de
Vladimiro Montesinos, se gestó la lucha clandestina e ilegal a
través del desarrollo de Operaciones Especiales de Inteligencia
(OIE), autorizada, según se desprende de autos, por Alberto
Fujimori. Su posición como jefe de Estado, su efectiva dirección
del SINA y del Consejo de Defensa Nacional y su jefatura suprema
de las FFAA y PNP así lo determinaba, a la par que sus vínculos
directos y dación en cuenta rigurosa de los asuntos de
inteligencia por parte de Montesinos Torres".
Por ello concluye que de manera categórica que "No hay duda,
entonces, que la aprobación provino del presidente de la
república. Tal asentimiento permitió aplicar procedimientos
especiales en la lucha contrasubversiva que algunos han
denominado de `baja intensidad o de guerra sucia´ por las
técnicas empleadas. Su ejecución fue encargada al SIN conducido
de facto por Vladimiro Montesinos. Fue el asesor Montesinos
Torres, en consecuencia, quien coordinó la ejecución de las
hechos de Barrios Altos y La Cantuta -expresión de las OIE según
las pautas ya afirmadas del desarrollo de la inteligencia
militar- de los que daca cuenta a la única persona o autoridad a
la que estaba subordinada: el presidente Alberto Fujimori. La
relación entre uno y otro y el curso efectivo de los
acontecimientos no permite inferencias distintas: el segundo
procedió bajo la autoridad y autorización del primero."
La condena del autor mediato
El largo juicio oral -161 sesiones- permitió incorporar al
proceso y debatir intensamente una muy significativa cantidad de
evidencias testimoniales, documentales y periciales, directas e
indiciarias todas las cuales apuntaron en una sola dirección: la
responsabilidad de Alberto Fujimori como autor mediato a través
de un aparato de poder organizado de los delitos de asesinato y
secuestro. Por ello se le aplicó la pena más severa -25 años de
pena privativa de libertad- porque correspondía de acuerdo a la
gravedad de los delitos cometidos por quien los perpetró siendo
nada menos que presidente de la República, precisando que en el
caso de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta los hechos de
acuerdo al derecho internacional configuraban crímenes contra la
humanidad.
Esa condena fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la
República el 30 de diciembre de 2009. Y si bien ahora es conocido
que el condenado Alberto Fujimori pretende desarrollar una
estrategia legal destinada a cuestionar esa sentencia
condenatoria a través de una serie de habeas corpus en el
Tribunal Constitucional, es un hecho incontrastable que durante
el proceso la defensa del condenado jamás advirtió y menos
denunció la comisión de alguna violación a sus derechos y por
otro lado la reciente sentencia del TC en la cual declara la
inconstitucionalidad del anulado decreto legislativo 1097 le ha
terminado de restar la posibilidad de intentar discutir la
supuesta ilegalidad de la condena por la comisión de crímenes
contra la humanidad.
Revista IDEELE
Nº 677, 05 de abril del 2010
KEIKO: LA HIJA DEL GOLPE DEL 5 DE ABRIL
Ernesto de la Jara
Entre los innumerables anuncios que hizo Keiko en el debate,
podría haber estado: prometo que en mi gobierno no habrá ningún
golpe de Estado, pase lo que pase.
Pero obviamente no lo dijo. La razón es muy simple: hasta ahora
no cree que su padre haya hecho mal ese fatídico 5 de abril.
Es más, se puede llegar a la conclusión, de que ella misma
estaría dispuesta a dar un golpe similar. No es gratuito que,
cuando se le pregunta por el golpe del 5 de abril, ella no lo
condena de manera categórica. Lo que hace es "dorar la píldora",
al decirnos que ese golpe que dio su padre, respondía a
circunstancias especiales; ergo, si esas circunstancias se
repitieran se justificaría un nuevo golpe de Estado.
Ella es, además, candidata a la presidencia gracias a dicho
golpe. Si no fuera por él, Fujimori tendría que haber terminado
su mandato en el año 1995, sin que legalmente hubiera podido
pasar hasta el 2000 y, menos pretender quedarse tres períodos,
hasta el 2005. Y si habría ocurrido lo que correspondía de
acuerdo a la Constitución, hoy no tendríamos a una keiko
postulando a la presidencia con la finalidad principal de sacar a
su padre de la cárcel.
Ella dice que ya no lo indultará; que se someterá a lo que digan
los Tribunales. Una afirmación que confirma que la "yuca" es
hereditaria, porque con esa afirmación está tratando de
engañarnos al igual que siempre lo hacía su padre y Montesinos.
El caso de Fujimori ya está cerrado. Y si el Tribunal
Constitucional, declarara fundado algunos de los muchos habeas
corpus interpuestos por la defensa de Fujimori, solo podría ser
mediante una sentencia claramente arreglada e irregular, ya que
sería un escándalo que alguien pueda decir que el juicio de
Fujimori no se ha llevado de manera impecable, en cuanto a
garantías del juicio justo. Se puede estar a favor o en contra
del resultado, la justicia ya se ha pronunciado.
Si Keiko y los fujimoristas, usando el poder político y económico
que mantienen logran que caiga las condenas de Fujimori, sería
como volver a dar un golpe de Estado, ya que significaría
burlarse de la legalidad, los tribunales de justicia, las
instancias internacionales y la opinión pública.
NACE ¡DI-SOL-VER!
¿Cómo puede ser que existan sectores que tan rápido se hayan
olvidado de lo que significó PARA EL PAÍS el 5 de abril? O
quienes traten de convencernos que no fue tan grave, porque lo
malo que después ocurrió, estuvo compensado con las otras cosas
positivas que se hicieron durante el régimen de Fujimori y
Montesinos.
El golpe del 5 de abril marca el inicio de la época más nefasta
de la historia republicana del Perú.
Saqueo inescrupuloso de una inmensa cantidad de recursos del
erario nacional de un país miserable. Espantosas violaciones de
derechos humanos. Captura y manipulación de todas y cada una de
las instituciones.
Compra de autoridades, de la mayoría de los medios de
comunicación y de un buen número de periodistas, además de
empresarios, dirigentes gremiales, representantes de otros
países, para solo mencionar a algunos sectores.
Por si fuera poco: casos de tráfico de armas a las FARC y
alianzas con el narcotráfico.
Golpe que trajo una primera re-elección, prohibida explícitamente
cuando Fujimori accedió al gobierno, y, sobre la base de una
cínica ley de "interpretación auténtica", el país estuvo a punto
de vivir un tercer período de dicho régimen.
Un golpe de Estado que hizo que el país no se pudiera dedicar
durante 10 años a la política, retraso que ha ayudado que ahora
estemos como estamos.
Un golpe de Estado que significó también la consolidación de una
mentalidad autoritaria, basada en la "yuca", en el engaño y en
"el roba y mata pero haz obra".
Pero, cuando ya muchos veían ese tercer período como un hecho
consumado, el régimen se vino súbitamente abajo. Son varias las
razones que explican esa feliz caída para el país: la
movilización ciudadana, harta del abuso y de la corrupción; el
video que mostró lo que todos sabíamos; y el cuestionamiento
internacional por la realización de unas elecciones que no podían
ser calificadas de libres y justas.
Fujimori, aprovechándose de un viaje oficial, huyó del país,
luego de una patética y desesperada búsqueda de las famosas
maletas con los videos que lo incriminaban. Una vez en el Japón,
renuncia corajudamente a la presidencia vía fax.
Posteriormente, tal vez por primera vez en la historia no hubo
borrón y cuenta nueva, gracias a la voluntad política del
Presidente de la Transición Democrática, Valentín Paniagua, a un
grupo de sus colaboradores y a unos cuantos jueces, fiscales y
procuradores, a quienes no les tembló la mano para aplicar la ley
a todos por igual, incluyendo a ex ministros. Altas autoridades
de los Poderes del Estado, generales, algunos empresarios, entre
otros.
Esta lucha contra la impunidad ha llegado a tener dos picos
importantísimos y que por momentos se pensó serían imposible de
alcanzar: primero, la captura, enjuiciamiento y condena de
Montesinos, y, luego, la extradición, proceso y condena de
Fujimori.
En ambos casos, las condenas se expidieron luego de juicios en
los que se respetó todas y cada unas de las garantías del debido
proceso, sin recurrir a los tribunales miliares sin rostro,
creados, precisamente por ellos.
Nos tardamos más de 11 años en expulsar a una mafia que se había
apoderado del país. Que absurdo es, por tanto, que hoy estemos
arriesgando que esa mafia regrese, por no hacer frente a quien
claramente representa a esa mafia: la hija de Alberto Fujimori.
Ella tiene mil puntos vulnerables pero nadie la toca, por lo que
ha logrado ponerse de manera "solapa" en un lugar bastante
expectante.
Prueba de que ella es la continuidad de lo que hizo su padre
durante la década de los 90, es que durante el debate se quitó la
careta, y, en lugar de continuar con la estrategia de
distanciarse de su padre, optó por decirlo abiertamente: los
hicimos en los 90 y lo volveremos a hacer ahora.
Imaginemos lo que significaría la vuelta del fujimorismo, con
mucho más poder político que el que tiene ahora, en alianza con
los sectores más perversos del país, con los millones de dólares
robados que nunca devolvió, sabiendo ya cómo no repetir los
errores que permitieron que se les sacara, con las manos en la
masa y con una gran sed de venganza contra quienes les cerraron
el paso en nombre de la democracia, los derechos humanos y la
lucha contra la corrupción.
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