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Date: August 27, 2011 6:18:44 AM GMT-05:00
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Subject: IDL Reporteros
IDL Reporteros
Reciclaje de funcionarios (y camiones)
Posted: 26 Aug 2011 09:10 PM PDT
Hans Heysen, ex jefe de abastecimiento del ministerio del Interior (Foto: IDL-Reporteros).
Por Romina Mella.-
Los funcionarios involucrados en la compra de portatropas para la Policía a la empresa israelí Hatehof, sobrevalorada en casi 2 millones de dólares, protagonizan un nuevo capítulo en esta historia.
Hans Heysen, ex jefe de abastecimiento del ministerio del Interior (Mininter) durante la gestión de Octavio Salazar, fue presidente del comité especial que tuvo a su cargo el proceso de compra de los 31 portatropas, 13 blindados multipropósito y 11 motobombas (pinochos) rompe-manifestaciones. Todos ellos para ser supuestamente enviados al VRAE.
El 14 de febrero de 2010, IDL-Reporteros publicó la primera entrega de una serie de reportajes donde reveló que los camiones portatropas que el Mininter le había comprado a la compañía israelí, a 171 mil dólares cada uno, eran los mismos portatropas Abir que el ex ministro Luis Alva Castro se negó a recibir, en julio de 2007, bajo el argumento de un sobreprecio. En ese momento los vehículos costaban 107 mil dólares.
Cuando se destapó el caso, Samuel Torres, entonces viceministro de Gestión Institucional, defendió la compra bajo distintos argumentos. Octavio Salazar (ahora congresista por el fujimorismo) trató de encubrir a los funcionarios involucrados e hizo todo lo posible por ocultar un informe elaborado por el entonces director de Logística de la Policía, general PNP Mario Obregón, luego de una inspección a la planta de Hatehof, en Nazaret, en el que afirmó que los portatropas no cumplían con las especificaciones técnicas.
Samuel Torres, ex viceministro de Gestión Institucional del Mininter (Foto: IDL-Reporteros).
En junio del año pasado, el ex presidente Alan García anuló la compra. Eso provocó la renuncia de Samuel Torres, quien acaba, sin embargo, de retornar al Estado con el nuevo gobierno. Esta vez como secretario general del ministerio de Justicia.
Pese a la anulación del contrato con la compañía israelí, Hans Heysen continuó como jefe de Abastecimiento, incluso en los primeros meses de la gestión del general PNP (r) Miguel Hidalgo como ministro.
El 21 de febrero pasado, mediante una resolución ministerial, Hidalgo dispuso que la Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios investigara a Heysen, por la adjudicación de motobombas rompe-manifestaciones para el VRAE.
Sucede que el 4 de diciembre de 2009, el mismo día que el Mininter le dio la buena pro a Hatehof por los portatropas y blindados multipropósito, también lo hizo con la empresa mexicana Quiroga Trucks para la adquisición de 11 motobombas rompe-manifestaciones.
Diez días después se anuló la buena pro concedida a la compañía mexicana debido a que no eran fabricantes de motobombas de tipo policial sino únicamente de uso civil.
El pedido de anulación vino de la División de Transportes de la Dirección de Logística de la PNP. En los requerimientos enviados al Mininter para la elaboración de las bases técnicas habían sido claros en pedir pinochos de uso policial y que la empresa seleccionada tenga experiencia en su fabricación.
Ex ministro del Interior, general PNP (r) Miguel Hidalgo (Foto: Andina).
Luego de un proceso de investigación que duró cerca de cinco meses, Hidalgo sacó una resolución ministerial el 27 de julio pasado en la que resolvió sancionar a Heysen con una destitución, lo que implica una inhabilitación de no menos de 3 años para ejercer cualquier función pública.
Heysen presentó un recurso de reconsideración y en menos de un mes el nuevo gobierno se pronunció sobre su caso.
Este martes el ministro Óscar Valdés firmó una resolución en la que determina sancionar a Heysen "con cese temporal sin goce de remuneración por doce meses". Y como ya no se desempeña como jefe de abastecimiento desde febrero de este año ni ocupa cargo alguno en el ministerio, la sanción queda sin efecto.
Lo interesante es que la actual secretaria general del Mininter, Rosario Torres Benavides, que elevó el caso Heysen al ministro, es la hermana del ex viceministro del Interior Samuel Torres, quien tuvo como uno de sus principales colaboradores a Heysen.
IDL-R intentó comunicarse con Rosario Torres, pero no obtuvo respuesta.
¿Sabía el ministro del Interior de este conflicto de intereses? IDL-R le hizo llegar las preguntas sobre el caso pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta alguna.
Notas relacionadas:
Las cuentas con levadura de Odebrecht
Posted: 26 Aug 2011 07:41 PM PDT
Por Emilio Camacho.-
Cuando se hace un examen somero de las principales obras civiles que Odebrecht ejecuta en contrato con el Estado, lo que salta a la vista es que todas registran gigantescos sobrecostos sobre los montos calculados originalmente.
¿Por qué? ¿Acaso las obras de ingeniería civil no pueden calcular razonablemente sus costos en los proyectos?
Odebrecht tiene una respuesta, y la dio Jorge Barata, el principal directivo de la empresa en el Perú, cuya figura se hizo familiar, frecuentemente al lado del ex presidente Alan García, durante el régimen anterior. Barata aseguró, en un correo electrónico a IDL-Reporteros, que "en la industria de la construcción pesada la característica de incertidumbre, por ejemplo, al atravesar un macizo rocoso o al cortar un cerro para comenzar una carretera es mucho mayor que en otras industrias más previsibles. Son variables que muchas veces están fuera del alcance de previsión de los mejores técnicos, o del manejo o previsión del contratista".
El problema es que esa incertidumbre representa, en el cien por ciento de los casos que revisó IDL-Reporteros, siempre un gran sobrecosto para el Estado, nunca un ahorro.
La suma de estos costos adicionales (la 'característica de incertidumbre' de Odebrecht) pareciera revelar, si todas las constructoras operaran igual, que al lado de la ingeniería civil, la poesía es una ciencia exacta.
Si se agregan todos los adicionales cargados al Estado, luego de la adjudicación y la firma de contrato, en los cuatro proyectos más importantes entregados a la empresa brasileña, el resultado es más de 750 millones de dólares (Ver ilustración).
En una presentación de fines del año pasado, el presidente de Ositrán, Juan Carlos Zevallos, puso como ejemplo el caso de la Carretera Interoceánica Sur. Entre el 2005 y 2009, los tramos 2 y 3 de esta vía, adjudicados a Odebrecht con un costo calculado en 253 y 350 millones de dólares, pasaron a costar 602 y 508 millones de dólares respectivamente.
Pasaje en tren
No se trata solo de terminar pagando mucho más de lo proyectado sino hacerlo por obras que en realidad cuestan menos de lo que se cobra. Y en las obras de Odebrecht ese es por lo menos un tema en discusión.
El pasado 18 de julio, días después de que el ex presidente Alan García decidiera inaugurar a la carrera el Tramo 1 del Tren Eléctrico, el contralor Fuad Khoury informó que el valor de esta obra se había incrementado en 100 millones de dólares y anunció el inicio de una auditoría. Un día después y en respuesta a Khoury, el entonces ministro de Transportes, Enrique Cornejo, aseguró que "cada sol del tren eléctrico está justificado".
Pero la tercera veeduría efectuada por la Contraloría al tramo 1 del Tren Eléctrico, de junio de este año, en la que se basó Khoury para anunciar el inicio de su auditoría, pone en duda la aseveración del ex ministro.
Contraloría hizo serias observaciones al aumento de costos de Odebrecht en el Tren Eléctrico.
El Tramo 1 del Tren Eléctrico fue concesionado en diciembre de 2009, su costo original era de 410 millones de dólares pero ahora es de 519 millones. Es decir, hubo un incremento de 26.55% en el costo de la obra, algo que se refleja en el expediente definitivo entregado por la empresa, en el que ya se incluyen los 109 millones adicionales. De la revisión de este documento, la Contraloría advirtió del riesgo de que se efectúen "pagos duplicados". Por ejemplo, el expediente incluye la partida 'interferencias contractuales' (por 7 millones 494 mil dólares), concepto que, de acuerdo a las bases del concurso, ya estaba incorporado en la partida obras civiles.
Cuando se revisa cada una de las 'interferencias' hay más sorpresas. La empresa realizó trabajos adicionales en el cruce de las avenidas Grau con Aviación, y Aviación con Joaquín Madrid. Según Odebrecht, en estos lugares gastó en movimiento de tierras, demolición del pavimento y aprovisionamiento de tuberías y accesorios, pero presentó el costo de cada una de estas actividades de manera global, sin precisar los precios unitarios. La Contraloría considera que esto no permite "determinar la razonabilidad de los costos aprobados, generando el riesgo del pago de montos no sustentados".
Pasa lo mismo con los insumos requeridos por la empresa. Por ejemplo, se consigna un costo de 439 mil dólares por el cerco provisional del viaducto del Tren Eléctrico, pero no se precisa cuánto cuesta cada metro del cerco, a pesar que este detalle debía incluirse. Se habla de un costo de 63 mil dólares por "equipamiento para taller de instalaciones fijas", pero no se indica en qué consiste este equipo, ni los precios unitarios de las herramientas. También se menciona un costo de 408 mil dólares por "equipamiento para taller de M.R", y otro de 213 mil dólares por "equipamiento adicional en patio taller", pero no se dice en qué consisten específicamente estas compras. "No es posible conocer la cantidad de equipos, materiales y otros, ni la calidad de los mismos que se van a adquirir", dice la Contraloría.
Es más, hay partidas que son una total incógnita, como la de "instalaciones varias", valorizada, según Odebrecht, en 505 mil dólares, sin que se tenga ningún detalle de la misma.
¿Así contrata el Estado? ¿Qué tienen en común los contratos estatales con compañías privadas que incluyen cuentas con levadura? Eso lo veremos en la continuación de este reportaje.
(continuará el lunes)
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