Ojo a los nombramientos pendientes en Defensa
Ana María Tamayo
Área Sociedad y FFAA
El nombramiento del general (r) Daniel Mora Zevallos, como
ministro de defensa del primer gabinete del Presidente Ollanta
Humala Tasso, no resultó tan sorpresivo, a pesar del juramento
que hizo el entonces candidato Humala ante la ciudadanía en mayo
pasado, cuando se comprometió que los ministros de Defensa y del
Interior serían civiles, en razón del principio del control civil
democrático de las fuerzas de seguridad. Veamos porqué.
El general Mora Zevallos es miembro fundador de Perú Posible,
asumió la jefatura del Consejo Nacional de Inteligencia durante
el gobierno toledista, periodo en el que no estuvo exento de
críticas por uso indebido del aparato de inteligencia, y
posteriormente fue representante permanente de dicho partido ante
el Acuerdo Nacional desde su creación; ello puede hablarnos de su
desenvolvimiento político en la última década, posterior a su
desarrollo profesional en el Ejército, en el cual, tuvo
participación en el proceso para arribar a la Declaración de Paz
de Itamaraty en el conflicto con el Ecuador en 1995. Así decanta,
que el General Mora, es un personaje controversial, con sus
luces y sombras.
Lo que nos interesa analizar con detenimiento, es en qué medida
el nuevo ministro y el equipo que lo acompañará en la alta
dirección del ministerio de defensa, del primer gabinete del
Presidente Humala, concibe la defensa nacional como un bien
público y por tanto la política de defensa como una política
pública, consideraciones que sirven de soporte para una
concepción civil democrática del sector defensa y las fuerzas
armadas.
A diferencia del Fujimorismo que desinstitucionalizó a la Fuerza
Armada en connivencia con los altos mandos militares de entonces,
el tipo de vínculo que el Ministerio de Defensa, establezca con
los institutos armados y con la ciudadanía, debería dar muestras
de un sello distinto desde un primer momento, por eso la
importancia del nombramiento del general Mora, como el primer
ministro de defensa del nuevo gobierno, en tanto encargado de la
formulación, dirección y supervisión de la política de defensa en
el ámbito militar y de entablar canales de comunicación con los
otros poderes públicos y la sociedad.
En el despacho del viceministerio de recursos para la defensa, el
gobierno acaba de nombrar al teniente general de la Fuerza Aérea
en situación de retiro, Lizandro Maycock Guerrero, quien se
desempeñó como inspector general de la Fuerza Aérea el año 2009 y
quien integró la comisión de transferencia de defensa, presidida
por el Coronel EP (r) Adrián Villafuerte Macha, hoy designado
como consejero presidencial en temas de seguridad y defensa
nacional.
Quedan pendientes de definición dos cargos claves en defensa: el
viceministerio de políticas para la defensa y la secretaría
general. En nuestra opinión, estas designaciones deberían recaer
en profesionales con experiencia política y con labor en gestión
pública, que no provengan de las escuelas de formación militar.
Del viceministerio de políticas para la defensa se desprenden
vastas responsabilidades que tienen que ver con los objetivos de
la política de defensa y su articulación con la política
exterior, lo cual plantea vínculos directos con la Cancillería.
Lo que está claro, es que de la designación de las cabezas de los
viceministerios, dependerán la designación de las jefaturas de
las diversas direcciones generales del Ministerio, encargadas de
implementar las políticas de la nueva administración.
A estos nombramientos pendientes, se suman la jefatura del
gabinete de asesores, y la inspectoría general del Ministerio,
cuyas cabezas imprimirán también un tono en la nueva gestión en
labores propias de sus funciones.
Por eso, todos estos nuevos nombramientos, deberían abonar a la
conformación de un equipo de alta dirección de carácter
multidisciplinario, que se nutra por tanto de profesionales
civiles y militares, caso contrario, pueden generarse condiciones
para que el Ministerio pueda replegarse en términos políticos, y
hacer menos eficaz la toma de decisiones, de cara a los otros
poderes públicos, la ciudadanía y el contexto regional. Cuando
las organizaciones y equipos humanos son muy homogéneos, se
tiende al pensamiento y acción al unísono ante situaciones
complejas, lo cual es moneda corriente en temas vinculados a la
seguridad y la defensa, y ello puede conllevar a decisiones
políticas equívocas, con enormes consecuencias en la vida de las
personas y la disposición sobre los escasos recursos disponibles.
Estaremos atentos a la designación de estas autoridades
pendientes en el sector defensa y a la presentación del Premier
ante el Parlamento, para conocer con más claridad los
lineamientos que adoptará el nuevo gobierno, con relación al
sector defensa, con la expectativa que se retome la tarea de
fortalecimiento y modernización institucional, que no se agota en
la asignación de mayores recursos financieros, sino en el
establecimiento de objetivos y metas para garantizar la provisión
del servicio de la defensa con una doctrina conjunta, en el marco
de las capacidades fiscales de la Nación, y sobre todo, que
atienda a la necesidad de articulación estratégica del aparato
de la defensa con otros aparatos de defensa de la región, lo cual
demanda una labor de articulación muy fina con Cancillería.
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