Sunday, July 11, 2010

[RED DEMOCRATICA] OP.: IDL Reporteros - Columna de Reporteros

 

IDL Reporteros

Columna de Reporteros

  • EEUU ofrece hasta $5 millones de recompensa por ‘Artemio’ y por ‘José’
  • Juez ordena suspensión de actividades de minera Caudalosa
  • Derrame de infracciones

Columna de Reporteros
Posted: 09 Jul 2010 09:30 PM PDT

Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros (Foto: Christian Osés).

Es cierto que el ofrecimiento de recompensas por información que lleve a la captura de personajes dados pertenece al rango de medidas incruentas en las estrategias contrainsurgentes, (o en acciones contra el crimen organizado), pero la experiencia de muchas guerras, guerrillas y acciones anti-mafia y contraterroristas ha demostrado que una política consistente y creíble de recompensas es una de las armas más eficaces en manos de un Estado mínimamente inteligente para los escenarios señalados.

Haber acomodado el ofrecimiento de recompensas dentro de la política de cooperación anti-narcóticos ha sido una transparente excusa estadounidense para no salirse de su propio marco legal. Pero es obvio que Estados Unidos participa desde ahora en forma abierta en las acciones contra las facciones senderistas.

¿Por qué decidió hacerlo? ¿Por haber constatado, quizá, que las operaciones contrainsurgentes del Estado peruano no producen los resultados deseables? ¿Por la poca credibilidad y mayor desprestigio del sistema peruano de recompensas? (Sí. Hay uno y lo coordina la PCM). ¿Por mantener influencia dentro de las fuerzas de seguridad peruanas e impedir que otros Estados o compañías (o una combinación de ambas) compitan con ellos y reduzcan su influencia? ¿Por ejemplo, influencia y gravitación de la experiencia colombiana? ¿Por una combinación de todos esos factores?

Lo sabremos dentro de poco. Por ahora, es evidente que muchas cosas variarán, brusca o paulatinamente. ¿Actuarán a partir de ahora contra Sendero los helicópteros UH1H de las bases antidrogas, que tienen pilotos peruanos y siglas de la PNP pero que en realidad actúan bajo las órdenes de funcionarios de Estados Unidos? ¿Lo harán en coordinación con el Comando Conjunto o en forma autónoma? ¿Seguirá canalizando la Dincote la mayor parte de la información policial sobre Sendero, o fluirá ahora a las direcciones más cercanas a los estadounidenses y que tienen más experiencia en el trabajo con ellos, como la Dirandro? ¿Tendrán los estadounidenses influencia en la planificación y ejecución de operaciones que surjan a partir de información pasible de recompensa? ¿Quién controlará el flujo de inteligencia que los $5 millones estimulen, Perú o Estados Unidos? ¿Quién decidirá los criterios de clasificación y acceso informativo?

No son preguntas ociosas, créanme. Hay, por cierto, asuntos básicos de soberanía (el principio de “no dejes que hagan en tu país lo que el otro no dejaría que hagas en el suyo” es una buena guía para relaciones internacionales sanas); pero también hay temas importantes de incompetencia y corrupción que deben ser enfrentados y discutidos.

El tema debe ser conocido por todos y discutido con amplitud. El secreto y el disimulo pueden ser admisibles en un contexto operativo, pero nunca frente a decisiones grandes (aunque parezcan pequeñas), que afectan potencialmente nuestra soberanía y nuestra capacidad de enfrentar y resolver nuestros propios problemas.

Discutamos el tema como debe hacerlo una Democracia, con convicción y fuerza pero con el vigor de la razón. Y lo primero que debemos responder es la pregunta de si aquello que facilita fortalece o termina, más bien, por debilitar.

EEUU ofrece hasta $5 millones de recompensa por ‘Artemio’ y por ‘José’
Posted: 09 Jul 2010 08:39 PM PDT

Por Gustavo Gorriti.- IDL-Reporteros recabó una información que ha sido confirmada por la embajada de Estados Unidos en Lima: el gobierno estadounidense ha decidido ofrecer “hasta 5 millones de dólares” por información que “conduzca al arresto o convicción [sic]” de los dos principales líderes de las facciones de Sendero Luminoso en el Alto Huallaga (‘Artemio’) y en el VRAE (‘José’).

Fuentes de la embajada estadounidense, que pidieron reserva de identidad, indicaron que el ofrecimiento de recompensa se enmarca en el “programa de recompensas anti-narcóticos”, que tiene “alcance mundial” y fue “establecido por el Congreso de los Estados Unidos en 1986”.

Según las fuentes de la embajada de Estados Unidos, “en el Hemisferio Occidental, el programa ha identificado traficantes principalmente en Colombia y México”. Su propósito es “ayudar a poner a disposición de la justicia a importantes traficantes de drogas”.

¿Cómo se va a administrar la información para la recompensa? Todo indica que será a través de la Policía Nacional, especialmente a través de direcciones (como la Dirandro, por ejemplo), que trabajan más estrechamente con Estados Unidos.

Según fuentes bien informadas de la PNP, la Policía servirá para canalizar la información y los informantes, pero la evaluación y la decisión de concederla o negarla, estará en manos de los funcionarios estadounidenses en el Perú que dirigen la colaboración con la Policía.

No quedó claro si estos serán miembros de la DEA (Drug Enforcement Administration), que pertenece al Departamento de Justicia estadounidense; o de la NAS (Narcotics Affairs Section), del Departamento de Estado.

La recompensa tiene solo dos objetivos: Florindo Eleuterio FLORES Hala, alias ‘José Flores León’ o alias ‘Artemio’ y Víctor QUISPE Palomino, alias ‘José’. Es decir, los principales líderes de las dos facciones de Sendero, en el Huallaga y el VRAE. Ambos son descritos por la fuente de la Embajada de Estados Unidos como “dos traficantes de drogas peruanos que están siendo buscados”. El ofrecimiento es de hasta US$ 5 millones que “pueden ser puestos a disposición por cada uno”.

¿Se busca la extradición de los líderes senderistas en el caso que fueran capturados? Según la fuente de la embajada de Estados Unidos, “el programa no tiene requerimiento de extradición”. La misma fuente no quiso precisar cuál sería el mecanismo para decidir el pago de la recompensa, con la frase usual de: “No discutimos asuntos operacionales”.

Es obvio que la decisión de Estados Unidos, de ofrecer una recompensa cuantiosa (y creíble en cuanto a su desembolso) representa un cambio sustantivo en el papel de Estados Unidos en la lucha contrainsurgente en el Perú. Hasta ahora, incluso los pilotos policiales peruanos de helicóptero, que trabajan en el Huallaga o el VRAE en las bases antidrogas, tenían prohibido, por los estadounidenses, ayudar a la Fuerza Armada en operaciones contra Sendero. Hasta en casos extremos, como la evacuación de militares heridos en choques o emboscadas, los pilotos de las bases antidroga (financiadas por Estados Unidos) de Palmapampa, Santa Lucía, o Tingo María, tenían que obtener una autorización explícita de la embajada de Estados Unidos en Lima antes de despegar para intervenir. La línea entre la lucha contra el narcotráfico y la lucha contra el senderismo parecía estar rígidamente trazada.

La nueva disposición, de pagar recompensa por los líderes senderistas significa que Estados Unidos ha entrado a participar en la lucha contrainsurgente y que, para respetar sus propios mandatos y limitaciones legales, lo hace dentro del marco de la lucha contra el narcotráfico. Por eso define como “traficantes de drogas peruanos” a ‘Artemio’ y ‘José’.

Cuando IDL-Reporteros preguntó a la fuente de la embajada estadounidense por qué se ofrecía recompensa solo por la captura de ‘Artemio’ y ‘José’ y no por la de narcotraficantes de mayor importancia, la respuesta fue una risa ligeramente nerviosa.

¿Cómo se va a ofrecer públicamente la recompensa? ¿Se va a reconocer, a través de funcionarios del gobierno peruano, que la plata proviene de y es controlada por Estados Unidos?

En los próximos días lo sabremos.

Juez ordena suspensión de actividades de minera Caudalosa
Posted: 09 Jul 2010 05:24 PM PDT

Diligencia fiscal del sábado 26 de junio en la zona del desastre ambiental. (Foto: OEFA).

Ante la contaminación ocasionada por el reciente derrame de relaves en Huancavelica, el Primer Juzgado Penal de Huancavelica ordenó hoy viernes 9 de julio la suspensión de las actividades mineras de la empresa Caudalosa. De esta manera, se declaró procedente el pedido de la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito y Medio Ambiente de Huancavelica.

La medida cautelar fue presentada por el Fiscal de Prevención del Delito y Medio Ambiente, Frans Ponce Rosado por el daño ocasionado al río Opamayo en agravio de la sociedad. La admisión de la medida fue notificada por el juez Mario Díaz Giraldez al representante de la empresa minera investigada.

El magistrado también dispuso ampliar la investigación preliminar contra los responsables de la compañía por presunto delito de alteración del ambiente o paisaje y ordenó que se realice las diligencias pertinentes para determinar las responsabilidades de ley.
Un equipo forense en materia ambiental del Instituto de Medicina Legal ya realizó la toma de muestras de agua de los ríos afectados para constatar el grado de contaminación producida.

El fiscal Ponce Rosado llegó a la zona del colapso en la mañana del sábado 26, al día siguiente de producirse el derrame para iniciar las investigaciones.


Derrame de infracciones
Posted: 09 Jul 2010 11:10 AM PDT

Por Milagros Salazar.- El historial ambiental de la empresa minera Caudalosa es tan turbio como los 110 kilómetros del río Opamayo hoy contaminados por 25 mil metros cúbicos de relaves y que han colocado a esta zona de la región más pobre del país, Huancavelica, en emergencia.

Según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) el masivo derrame de relaves ha dañado toda esa extensión ribereña. El río Opamayo cambia de nombres conforme recorre los pueblos de la zona: el tramo más cercano a los depósitos de relaves se denomina río Escalera, luego se convierte en río Huachocolpa, Lircay y otros. Varios nombres pero una sola contaminación.

Antes que colapsara el depósito de relave “A”, cerca de las 6 de la tarde del viernes 25 de junio, la compañía ya había sido notificada hasta en 14 oportunidades, entre 2007 y 2010, por la contaminación de ríos y la ampliación y funcionamiento de esa misma relavera, sin permiso del Ministerio de Energía y Minas (Minem). Pese a las infracciones detectadas por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), éste nunca logró imponer las sanciones.

¿Cuáles fueron esos casos?, ¿por qué Osinergmin no impuso ninguna sanción? Veamos.

Delitos ambientales
El 16 de julio de 2009, la institución fiscalizadora realizó una supervisión especial que incluyó la visita de todas las relaveras de la unidad minera ‘Huachocolpa Uno’ de Caudalosa. Entre estos depósitos, figura la ‘A’, que colapsó recientemente, y la ‘B’ que fue paralizada porque había sido ampliada sin autorización e incumplía con “los estándares, procedimientos y prácticas de trabajo seguro”.


El pastoreo ha continuado en la zona afectada pese a la peligrosa contaminación del suelo.

De acuerdo con el oficio N° 1279-2009-OS-GFM que Osinergmin envió a la empresa el 10 de agosto, la inspección detectó que la relavera ‘A’ también crecía “sin contar con la autorización de construcción” y contenía relaves sin el permiso de funcionamiento del Minem que debe evaluar técnicamente la viabilidad de cambios en la estructura del depósito y el plan de contingencia ambiental en casos de emergencia. Sin embargo, en este caso el organismo supervisor sólo dio recomendaciones y no ordenó su paralización. ¿Por qué?

El presidente de Osinergmin, Alfredo Dammert, respondió que no se dio la orden porque la cantidad de relaves no excedía los “límites permitidos”.  Dammert no dijo, sin embargo, que ya entonces su institución tenía conocimiento que la empresa había ampliado el depósito y acumulaba los relaves de manera ilegal.

La norma, aunque suene increíble, sólo permite paralizar los depósitos de relaves cuando haya un peligro inminente. En los más de tres años que ha tenido a su cargo Osinergmin la supervisión minera, no ha logrado modificar los reglamentos para una fiscalización más eficaz de los depósitos de relaves. Y en este caso, pese al peligro detectado, programó una nueva inspección de las relaveras informales recién para un año más tarde: julio de 2010.


Sedimentos acumulados en el cauce del río Opamayo luego del derrame.

Hoy se sabe de la investigación preliminar del propio Osinergmin que la causa del accidente fue el exceso de relaves que hizo colapsar la infraestructura  y que unos 25 mil metros cúbicos de líquidos tóxicos se derramaron en el río. A la luz de lo expuesto, se evidencia que fue por falta de prevención.

Las infracciones detectadas desde antes son diversas. En el oficio N° 1279-2009-OS-GFM, también se advirtió de “un manejo inadecuado de vertimentos en la cabecera de la relavera A y la salida de relaves sobre suelo natural”.

Tal documento fue la notificación a Caudalosa del “inicio del proceso sancionador” que no constituye una sanción o multa, sino una advertencia a la compañía de que se investigará el hecho y que se han detectado infracciones.

Estos oficios son manejados en reserva entre Osinergmin y la empresa, no son mencionados en la web de esta institución a diferencia de las resoluciones con sanciones emitidas por su gerencia general y consejo directivo, la primera y segunda instancia en la vía administrativa.

IDL-Reporteros pidió a Osinergmin los expedientes que contenían las infracciones cometidas por la empresa. Luego de cinco días de insistencia, siete pedidos por correos y otras tantas llamadas, accedimos a algunos documentos, pero no se nos permitió al final revisar los expedientes sobre la supervisión especial a las relaveras del derrame.


Durante la sesión realizada en la Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos y Afroperuanos intervinieron directivos de la OEFA, Osinergmin y la Autoridad Nacional del Agua. (Foto: M. Salazar).

Cóctel contaminante
Pero en la lista de infracciones hay más. Según el oficio N°1223-2009-OS-GFM con fecha 30 de julio de 2009, la planta concentradora de minerales de Huachocolpa operó entre enero y junio de ese año por encima del 50% de capacidad autorizada por el Minem. Esto quiere decir que se corría el riesgo de procesar los minerales sin contar con un plan ambiental de manejo de residuos considerando el volumen excedente que se producía.
En este caso, tampoco se concretó la sanción.

Para abundar en irregularidades, ese año también se detectó que la empresa construyó el depósito de relaves el N°3 y una planta de tratamiento sin estudio de impacto ambiental.
A lo largo de 2009, Osinergmin realizó tres monitoreos ambientales en agosto, octubre y diciembre en los que tomó muestras de los efluentes y puntos en los ríos cercanos a las operaciones como Escalera, Opamayo y la laguna Choclococha.

En estas supervisiones se halló que las concentraciones de PH (que mide el grado de acidez del agua), de sólidos totales en suspensión (STS) y de zinc superaban los límites máximos permisibles de acuerdo a pruebas de laboratorio. Sin embargo, el regulador recién notificó a Caudalosa por las infracciones detectadas en las inspecciones, varios meses más tarde: el 8 de junio de ese año.


Dimensión del colapso de la relavera 'A'. (Foto: OEFA).

En 2008 se realizaron cuatro inspecciones en mayo, julio, setiembre y noviembre. En la mayoría de las muestras tomadas se detectó niveles altos de PH, STS, zinc y cobre en el río Escalera. Los oficios N°984-2008-OS-GFM,  N°1243-2008-OS-GFM, N°188-2009-OS-GFM y el N°189-2009-OS-GFM y los expedientes respectivos de los casos confirman que estas concentraciones tóxicas eran reiteradas en los puntos de monitoreo a lo largo del año.

Basta un ejemplo. Según los exámenes de las  muestras realizados por el laboratorio Inspectorate, en la supervisión de julio de ese año se detectó concentraciones de zinc cientos de veces más de lo permitido: 182 miligramos de zinc por litro (mg/l) cuando el límite máximo es de 3,0 mg/l.

Entre el 9 y 12 de noviembre de 2008, se realizó una supervisión especial ante una denuncia de los pobladores de la provincia de Angaraes, movilizados en esos días en Huancavelica, por un posible derrame de relaves en el río Opamayo. En el oficio N° 266-2009-OS-GFM, el supervisor asegura que en los efluentes de la relavera ‘B’ se encontró cantidades de STS, cobre, plomo, zinc, hierro y arsénico más allá de lo que exige la norma.

Del 7 al 12 de noviembre de 2007, Osinergmin realizó la primera inspección ambiental a Caudalosa, pero recién el 16 de febrero de 2010, más de dos años después, se notificó a la empresa del inicio del proceso sancionador . Hasta ahora no hay multa impuesta.

¿Por qué no se sancionó ni un solo caso por daño ambiental? “Ahí hubo un problema de tiempo. Pero, además, Caudalosa no es el único caso que vemos”, respondió el gerente de fiscalización minera, Guillermo Shinno.

Osinergmin sólo ha sancionado con 240 UIT a Caudalosa por tres accidentes fatales en las minas subterráneas de ‘Huachocolpa Uno’ que cobraron la vida de cuatro trabajadores por problemas de ventilación durante las operaciones y el manejo de explosivos para la extracción del mineral. Las víctimas fueron Efraín Jayo Cuellar y Nils Oncevay Mulato, Edilberto Trucios Acuña y Félix Segama Huamani.

Las tres resoluciones de la gerencia general impuestas por estas muertes fueron impugnadas por Caudalosa, del grupo Raffo , al mismo estilo de la mayoría de  empresas como ya ha revelado IDL-Reporteros en un reportaje a inicios de junio. El mismo patrón de faltas graves contra el medio ambiente y la vida se repite una y otra vez, sin que las autoridades tomen decisiones enérgicas para evitar desastres como el que finalmente sucedió.

Fuente: http://idl-reporteros.pe/

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