Editorial El Nuevo Siglo: "El mundo raja al país"

Colombia está en la mira de la comunidad internacional. No hay mes en que no sea objeto de informes y denuncias; de instancias de Naciones Unidas, otros niveles multilaterales, o de organizaciones no gubernamentales.

Aunque dicha situación no debe extrañar, sobre todo en una nación sumida por décadas en un conflicto interno caracterizado por la sevicia criminal y alimentado por el narcotráfico y los fenómenos delincuenciales asociados, el hecho de que dichos diagnósticos críticos sean cada vez más frecuentes está generando un deterioro muy acelerado de la ya desgastada imagen externa, a tal punto que crece en el concierto de las naciones la peligrosa percepción de que somos un país en barrena que bien podría enrumbarse al escenario de Estado fallido.

Según el informe publicado por este diario en su edición dominical, en sólo el último mes organismos e instancias extranjeras produjeron tal cantidad de informes sobre la gravedad de la situación en Colombia, que un observador desaprensivo y medianamente enterado no podría concluir nada distinto a que el país camina hacia un abismo humanitario, institucional, social y económico.

A manera de sumario y sin entrar en los detalles de cada diagnóstico, debe citarse el preocupante informe de Amnistía Internacional que advierte un panorama desalentador sobre el respeto de derechos humanos.

Luego, con ocasión del Día de la Afrocolombianidad, se citó un informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos denunciando la endémica problemática que vive esa población. Vendría después un pronunciamiento del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur) condenando las amenazas, a través de panfletos, a activistas humanitarios, indígenas, desplazados y hasta funcionarios de la Defensoría del Pueblo.

Paralelamente, el grave escándalo por las interceptaciones ilegales que perpetró el DAS a las comunicaciones de magistrados, dirigentes políticos y periodistas puso sobre el tapete la urgencia de fijar fecha y hora para la visita del Relator para la Independencia Judicial de la ONU. El siguiente turno fue para la Unicef, según la cual cada año mueren en el país cinco mil niños por desnutrición.

Días después el centro de estudios internacionales Vision of Humanity señaló a Colombia como el país menos pacífico del continente, al ubicarlo en el puesto 130 del ranking del Índice Global de Paz. Por igual el Barómetro Global de Corrupción 2009, de Transparencia Internacional, reveló que nuestra nación reporta la segunda cifra más alta de percepción de corrupción en los partidos políticos, entre nueve países de Latinoamérica.

A la par, en E.U., Canadá y la Unión Europea voceros políticos colombianos y locales así como coaliciones de ONG pedían no suscribir ni ratificar acuerdos comerciales con Bogotá, debido a la creciente crisis humanitaria. A su vez, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos expresó en Ginebra su preocupación por la difícil coyuntura en Colombia a causa del conflicto armado.

La Organización Mundial Contra la Tortura, por su parte, condenó los ataques a comunidades indígenas. Entre tanto, arribó a Colombia el Relator de la ONU para casos de Desapariciones Forzadas, con el objetivo de conocer a fondo la gravedad del llamado peyorativa y exculpatoriamente caso de los "falsos positivos".

Ayer, como para citar un último ejemplo, la Confederación Sindical Internacional alertaba que durante 2008 nuestra nación fue la más peligrosa para el desempeño de la actividad sindical.

Es apenas obvio que la percepción internacional ante semejante cúmulo de diagnósticos críticos difícilmente puede ser reversada por las reiteradas réplicas gubernamentales a esos diagnósticos, así como por las cifras y estadísticas oficiales que se muestran como prueba de que la problemática no es tan grave como se denuncia o que no se valoran en su justa dimensión los avances logrados y los correctivos aplicados por el Estado.

No se trata se tapar el sol con un dedo ni de esconder la realidad colombiana. Sin embargo, es urgente que el Ejecutivo establezca una estrategia diplomática integral, seria y estructurada que permita que la comunidad internacional, influida por ese bombardeo de diagnósticos devastadores, no perciba una imagen del país más grave de la que en verdad se está registrando.

Para ello es necesario que las embajadas y consulados se concentren en contrarrestar las visiones desenfocadas o sobredimensionadas, en lugar de estar distraídas en publicitar las presuntas bondades del reeleccionismo o replicando cada crítica al presidente Uribe.

La diplomacia va más allá de esos asuntos menores, quisquillosos y coyunturales. La diplomacia es sinónimo de alta política y mientras el Gobierno de turno no se aplique a esa premisa, la percepción mundial sobre Colombia seguirá siendo peligrosamente borrosa y sobredimensionada en cuanto a la gravedad de sus problemáticas.

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