La Gestión de Intereses como Freno a la Corrupción
Por el Dr. Juan Pablo Cavero-Egúsquiza Saavedra*
Causan confusión en la ciudadanía ciertas declaraciones de nuestras autoridades en relación a las actividades que realizan los empresarios, profesionales independientes y empleados de los ámbitos público y privado, quienes en su condición de actores de la actividad económica y promotores del desarrollo, realizan gestiones ante la Administración Pública para la obtención, lícita y legítima de las autorizaciones, licencias y exposición de sus respectivas problemáticas para beneficio de sus empresas y o sectores productivos.
Es oportuno recordar que se encuentra vigente la ley No.28024 Ley que Regula la Gestión de Intereses en la Administración Pública, la cual regula el denominado acto de gestión definiéndolo como la comunicación oral o escrita, cualquiera sea el medio que se utilice, dirigida por el gestor de intereses a un funcionario de la administración pública, con el propósito de influir en una decisión pública.
La indicada norma define a la decisión pública como la política o toma de decisiones de cualquier naturaleza que tengan una significación económica, social o política de carácter individual o colectiva o que afecten intereses en los diversos sectores de la sociedad.
Es decir, la gestión de intereses es una actividad legal, legítima y profundamente democrática y positiva en un país en el que la corrupción y el tráfico de influencias son actividades que han deteriorado la institucionalidad. Ello ha creado una extensa creencia en la ciudadanía y en los diversos ámbitos sociales, económicos y políticos que la gestión de intereses, ya sean profesionales o no, (conocida con el anglicismo de lobby) es una actividad nociva, corrupta concepción que es alimentada por las constantes informaciones en los medios de comunicación de casos de corrupción.
Entendemos que esta cuestionable opinión ha dado como resultado que las autoridades del país se pronuncien persistentemente en contra de quienes, honesta, digna y esforzadamente, se desempeñan en esta actividad.
Ante este escenario cabe resaltar la reciente declaración del Señor Presidente de la República, Sr. Ollanta Humala, con ocasión de la VI Cumbre de Ex Mandatarios Latinoamericanos quien manifestó textualmente "así como hay corruptos, también hay gente que corrompe; entonces pido a los empresarios que no hagan lobbies en el Congreso solicitando leyes y muchas veces presionando a los legisladores".
Debe compulsarse que para la adopción de políticas, como lo son, los proyectos de ley, los congresistas requieren de información de los temas que serán materia de regulación, por lo que el concurso de los coordinadores y /o gestores es vital para que aquéllos puedan tomar conocimiento de las materias y estar preparados para plasmar, con mayor dominio y acierto, su labor normativa.
La transparencia y honestidad con la que actúan la mayoría y, por cierto, no podría asegurar que todas las personas que gestionan intereses propios o de terceros, redunda en la eliminación de la corrupción y la cultura del soborno y facilitan la fiscalización de los funcionarios públicos. El ser gestor, cabildero o "lobista" no son oficios ilícitos, ni dicha condición soslaya maniobras irregulares y mafiosas sino que constituye la materialización de labores dignas y decentes.
No deben olvidar nuestros actuales gobernantes que nuestro país contrató los servicios de dos prestigiosas firmas de lobistas en Washington, Estados Unidos de América, para que contribuyan mediante su gestión profesional ante los congresistas del Partido Demócrata, a la suscripción del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América, lo cual evidencia la necesidad de contar con este servicio y de quienes lo realizan, tal como ocurre en forma regular en los países desarrollados.
Por lo expuesto, no resulta saludable que se pretenda etiquetar a todos los que realizan labores de defensa de intereses lícitos y legítimos ante cualquier entidad estatal como sospechosos de corrupción. Lo que sí postulamos es la modificación de la legislación vigente sobre regulación de intereses, debiendo convertirla en una más flexible, sin la exigencia de una profusa documentación y que sea de fácil aplicación.
Finalmente y en aras de la transparencia , saludamos la reciente presentación de un proyecto de ley en el Congreso de la República, el cual propone que los congresistas presenten una declaración jurada de intereses y actividades económicas a las que estén o hayan estado vinculados, durante el año anterior a su elección, así como la obligación de inhibirse de votar en caso de presentarse una iniciativa legislativa vinculada con sus intereses y o los de sus parientes cercanos.
Consideramos que propuestas de esta naturaleza, contribuirán a sancionar los conflictos de intereses y la corrupción en que pudieran, eventualmente, incurrir los parlamentarios frente a las materias que regulan y disipar así cualquier sospecha sobre su actuación pública.
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