La Tecnocracia de "Pro-inversión" contra la Inversión en el Perú
Por: Miguel Morales Castilla
Introducción
El Consorcio PERUVAL & ORIENT- EXPRESS tomó en concesión la ruta Cusco Machu Picchu en estado calamitoso (ENAFER era una empresa que perdía tres millones de dólares al mes). En los últimos 10 años el Consorcio invirtió más de 200 millones de dólares en Hotelería y en reparar los trenes, así como en las vías que no habían tenido mantenimiento en mas de 80 años;
El Consorcio no solo mejoro el servicio local, sino que mantiene un servicio denominado tren social, que era el mal endémico en 80 años, y luego de una inversión muy fuerte, es un tren subsidiado, el turista local paga 8 soles, pero el Consorcio paga al Estado casi 20 soles por pasajero.
Extrañamente han ingresado a operar tres empresas creadas muy recientemente en Panamá, sin tener estados financieros, experiencia ferroviaria, capital mínimo autorizado, pólizas de seguro, y finalmente sin tener garantías a favor del Estado.
Ferrocarril Trasandino del Grupo PERUVAL – ORIENT – EXPRESS, tiene una garantía solidaria, por lo tanto es responsable de cualquier problema que pudiera pasar en la vía, es decir si se produjera un accidente con muerte, y hubiera una demanda por reparación civil, por ejemplo en los Estados Unidos por 30 a 40 millones de dólares, al ser solidariamente responsables, PERUVAL deberá pagar por la negligencia de cualquiera de estas tres empresas.
Primero, el Estado le negó el acceso a estas empresas fantasmas basado en el reglamento, pero sorprendentemente en dos semanas cambian el Reglamento Nacional de Ferrocarriles, quitando todas las condiciones existentes que aseguraban el ingreso de operadores con basta experiencia y fuerte respado: se exigía tener pólizas de seguros de 15 millones de dólares, garantías de 10 millones de dólares en fianzas bancarias, 10 mil kilómetros de experiencia como operadores de vías, experiencias en pasajeros, patrimonio de más de 100 millones de dólares, balances auditados de 5 años, una plana gerencial ya contratada con Currículum antes de comenzar a operar, en total de 10 a15 requisitos.
Con este antiguo Reglamento Nacional de Ferrocarriles, las tres empresas fueron rechazadas, pero en 15 días este instrumento fue cambiado totalmente y ahora exigen una sola condición, que la empresa tenga 100 mil dólares de patrimonio. Este cambio de reglas de juego viola definitivamente la estabilidad jurídica establecida con el contrato de concesión.
PERUVAL tiene un contrato que tiene categoría de ley, ha firmado una concesión con el Estado peruano, invertido entre hoteles y trenes más de 200 millones de dólares.
Al ser solidariamente responsable, por cualquier problema que pueda pasar en la vía, el perjudicado no va a ir a una empresa que tenga un patrimonio de 100 mil dólares, sino irá a reclamar a la empresa que tiene mucho más patrimonio como PERUAVAL, a la empresa que tiene un patrimonio de 5 mil millones de dólares como es Orient-Express y que está listada en la Bolsa de valores de Nueva York.
Las tropelías de Zavala y Puga también en la controversia sobre la ferrovía Cusco-Machu Picchu
El Tribunal Constitucional está a punto de fallar en torno a una acción de amparo presentada por Peruval Corp., accionista de Ferrocarril Trasandino S.A., concesionario de la vía férrea Cusco-Machu Picchu, contra decisiones administrativas y judiciales que permiten la irregular apertura de la misma a dos nuevos operadores privados, mediante concesiones con graves indicios de ilegalidad y fuerte aroma a corrupción, que involucra al ex viceministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Puga Pomareda, así como a la ex ministra Verónica Zavala y a su entorno lobbysta y neoliberal.
Fuentes cercanas al despacho ministerial aseguraron que en el juego de presiones e ilegalidades a favor de las dos operadoras está involucrado el mismísimo Palacio de Gobierno, siempre entre bambalinas en los faenones, y concretamente el secretario general de la Presidencia, Luis Nava, cuyo poder de lobby es considerado inmenso en el mundo político y empresarial. La historia se remonta a 1999, cuando Ferrocarril Trasandino S.A., formada por la peruana Peruval y la inglesa Orient-Express Ltd., ganó la licitación internacional de la concesión de la vía férrea en el sur y sur oriente, incluyendo la ruta Cusco-Machu Picchu, siendo una concesión sobre la vía, similar a las concesiones de carreteras.
Al mismo tiempo, el Estado ordenó al concesionario que constituyera una empresa de igual accionariado para que actúe como operador ferroviario, lo que da lugar a PeruRail S.A., para realizar el transporte de turistas a Machu Picchu con trenes de nivel europeo; todo ello con una inversión de 300 millones de dólares, si se incluyen las inversiones hoteleras del consorcio. Todo ello fue recogido en contratos-ley que entonces daban absoluta seguridad constitucional a los inversionistas de gran envergadura, es decir que los términos pactados, que implicaban la seguridad jurídica para Ferrocarril Trasandino, estaban garantizados. Sin embargo, en junio del 2007, el Ministerio de Transportes de la cuestionada ex ministra Verónica Zavala y Cía., extendió un permiso para operar la ruta Cusco-Machu Picchu a la compañía Andean Railways Corp., el cual fue declarado nulo el 13 de agosto del mismo año, por no cumplir los requisitos legales establecidos, ya que la empresa no había presentado los estados financieros auditados de los últimos cinco años ni el certificado de la autoridad competente de su país de origen, Estados Unidos.
Extrañamente, apenas en 15 días el reglamento que establecía esos requisitos fue modificado mediante un decreto supremo del mismo ministerio, que eliminó las exigencias del Reglamento Nacional de Ferrocarriles, dejando a éste sin aspectos fundamentales para garantizar la idoneidad del servicio. También para facilitar las cosas a las dos empresas –carentes de experiencia, aval sólido, especializació
En la medida que el concesionario original es contractualmente responsable solidario por los daños que los operadores causen a terceros, y al ver vulnerados sus derechos constitucionales, Peruval, dueño del 50% de las acciones del concesionario, interpuso una acción de amparo contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, solicitando la inaplicación del decreto modificatorio del reglamento ferroviario, que el juez de primera instancia de Wanchaq, Cusco, acción de amparo que fue declarada consentida en noviembre de 2008, sin haber sido apelada por el Ministerio de Transportes dentro del plazo de ley, con lo que el asunto quedó en calidad de cosa juzgada.
Pese a ello, el entonces inefable viceministro del MTC Puga, sin tener representació
Abogados consultados sobre el tema, dijeron que el caso puede ameritar además otra denuncia por el delito de colusión desleal, al haber serios indicios planteados por la sospechosa e injustificada modificación ad-hoc del reglamento ferroviario y la celeridad del mismo. Otra denuncia ha sido presentada contra los integrantes de la Sala Constitucional de la Corte Superior del Cusco, por prevaricato, por haberse prestado al "faenón" al declarar infundada la demanda de Peruval, cuando la sentencia que la amparaba ya era cosa juzgada. En buena cuenta, este es el primer caso que se conoce de criminalidad estatal en la cual se utilizan los reglamentos como instrumentos criminales, lo que generaría que la modificación del reglamento y los permisos obtenidos indebidamente sean nulos y por tanto carezcan de todo valor legal.
Las empresas beneficiadas
Las nuevas empresas favorecidas para brindar el servicio Cusco-Machu Picchu son Andean Railways Corp. e Inka Rail, que según expertos en la materia no tienen la calificación necesaria para dedicarse a ello. Andean Railways Corp. basa su experiencia en la de la empresa Iowa Pacific Holding (IPH), pero este es un grupo de cinco empresas dedicadas al transporte de mineral y carga diversa y tres compañías dedicadas a excursiones de fin de semana, en un total de vías férreas de 797 kilómetros, frente a más de ocho mil kilómetros en los que opera, con servicio de pasajeros, Orient Express. Inka Rail basa su experiencia en la operación del TURISTREN de Bogotá, tren de 14 vagones de locomotoras antiguas, que opera en menos de 100 kilómetros de rieles, con locomotoras antiguas, los fines de semana. Tu ha sido creada en el año 2008: no tiene los 5 años que el Reglamento Nacional de Ferrocarriles.
Una verdadera cadena de juicios que dicen mucho de sus cualidades éticas, enfrenta el ex viceministro de transportes y comunicaciones, Carlos Puga Pomareda, que ocupó ese importante cargo y actuó con parcialidad y celeridad sospechosa en el caso de las facilidades para dos nuevas operadoras del servicio ferroviario Cusco-Machu Picchu, bajo la excusa de "permitir la libre competencia". Lo cual estaría bien pero cumpliendo los requisitos exigidos por ley y las normas técnicas mínimas de seguridad. Incluso Puga arrastra un triste récord de acusaciones que se estudian mayormente en el fuero penal y que van desde concusión hasta delitos contra la administració
Pero para los stándares turbios de Zavala y Cía, Puga reunía los requisitos idóneos: asimismo en la 17 fiscalía provincial en lo penal se ve el caso que involucra a Puga Pomareda en apropiación ilícita y abuso de autoridad en perjuicio de Luis Rojas Arce. Tanto en la 39 fiscalía como en la 37 fiscalía especializada, los asegurados del seguro social, la empresa Sistemas de Identificació
Los tentáculos de FCCA
El grafico adjunto forma parte del expediente presentado por Andean Railways el día 12 de abril de 2007, en donde solicitan al Ministerio de Transportes y Comunicaciones permiso de operaciones de eficacia restringida (requisito para operar que el Reglamento Nacional Ferroviario – RNF exige) para prestar servicios de transporte de carga y pasajeros. En dicho expediente, la empresa ARC presenta como material rodante que prestará servicios de transporte ferroviario una "Locomotora Diesel Eléctrica para línea principal servicio mixto…" que tiene como logo las iniciales de "FCCA" material rodante que coincide exactamente con el material rodante concesionado por el Estado a Ferrocarril Central Andino S.A. ("FCCA"). Esto es causal de caducidad de contrato para FCCA y/o nulidad de permiso de operación de ARC, que debió sancionar el MTC.
En la misma solicitud, Andean Railways presentó como personal clave para dirigir la operación en Perú al Sr. Jack Roberson quien en esas fechas fungía como Director Titular de Ferrovias Central Andina –"FVCA"- (Partida Registral Nº 11120812) y de Ferrocarril Central Andino (Partida Registral Nº 11120796), tal como lo demuestran los Asientos Regístrales B0006 y B0007 de la Oficina de Registros Públicos; y es recién el día 19 de Junio de 2007 cuando fue inscrita su remoción como Director Titular de FVCA que "deja de pertenecer registralmente" a dichas empresas. Esto es causal de caducidad de contrato para FCCA y/o nulidad de permiso de operación de ARC, que debió sancionar el MTC.
Lo señalado líneas arriba evidencia una vinculación entre Andean Railways SAC y el Ferrocarril Central, lo que se encuentra prohibido en el contrato de Concesión, que impide que un Concesionario pueda participar directa o indirectamente a través de sus socios, accionistas, participacionistas, en mas de un Operador de Servicios de Transporte Ferroviario y que impide que se le otorgue un permiso a Andean Railways SAC. Situación que se agrava más cuando el MTC le solicita a ARC una Declaración Jurada de no tener vínculos con ningún operador peruano y ésta presenta una, asegurando no tenerlos.
Pero el vínculo no termina ahí, José Daniel Amado presidente ejecutivo de Andean Railways (cuyo paso y salida del estudio Echecopar es muy recordado por todos) es concuñado de Juan de Dios Olaechea, Presidente del FCCA, pues ambos se encuentran casados con hermanas De Romaña. Pero la familia no solo se vincula empresarialmente, pues parecía extraño que tanto Andean Railways como FCCA tuvieran prácticamente tribuna libre en el programa "La Hora N" de Jaime de Althaus, y ahora ya entendemos por que: el yerno de Jaime trabaja en el Estudio de Amado.
Las maquinaciones de la tecnocracia "Pro-inversión" en el Perú
Diversos análisis e investigaciones indican que la cofradía de tecnócratas que el gobierno de Alan García reclutó - y en algunos casos consintió heredar-, han tenido resultados calamitosos o en el mejor de los casos plenamente investigables. La primera en la tristemente célebre lista de tecnócratas "pro-inversión y libre mercado" es Verónica Zavala Lombardi, quien como Ministra de Transportes (MTC), con abuso de autoridad y en una clara política de favorecer el monopolio aéreo, desapareció a una empresa de aviación peruana del mercado regular.
Según el presidente del Instituto Peruano de Derecho Aéreo (IPDA), doctor Julián Palacín Fernández, lo grave es que desde que asumió la ministra de Transportes y Comunicaciones, Verónica Zavala en julio del 2006, se implementó una serie de acciones concretas para cerrar las empresas de transporte aéreo regular nacional, capital 100% peruano y éste es el caso de Aerocóndor a quien el Viceministro Carlos Puga en una acción inusual le paralizó la empresa y en otros casos por acción de la misma ministra Verónica Zavala la sacaron del mercado regular dejando sin los servicios de esta aerolínea a Iquitos, Tumbes, Talara, Piura, Cajamarca, Trujillo, Pucallpa, Puerto Maldonado, Cusco, Andahuaylas, Juliaca, Tacna, Arequipa y Ayacucho.
A propósito, se tiene información que el viceministro Puga, habría ordenando realizar los mismos procedimientos para afectar a Star-Perú y de ese modo con la desaparición de esta aerolínea que tiene 100% de capital peruano, Lan-Chile a través de su sucursal Lan-Perú se quedaría con la mayoría del mercado doméstico peruano y podría cobrar las tarifas cuasi monopólicas más altas de las que actualmente cobra por la coyuntura aero-política, que padece el pueblo peruano y que fue responsabilidad de la ex ministra Verónica Zavala.
Se esperó ingenuamente que el fallido premier Yehude Simon, tomara en cuenta que Verónica Zavala y Carlos Puga eran responsables que en el sector aéreo 700 familias peruanas de la compañía de aviación Aerocóndor se hayan quedado sin sus puestos de trabajo y que ésta línea aérea tuviera que ingresar a INDECOPI por la campaña que se gestó desde el MTC, además de las instrucciones que se dieron desde el más alto nivel para destrozar a esta empresa que venía sirviendo durante 33 años con honestidad, regularidad y eficiencia en el mercado aerocomercial peruano. Por ello, el mercado de transporte aéreo nacional se ha convertido en un cuasi-monopolio de la empresa Lan-Chile que opera a través de Lan-Perú en el mercado nacional.
Pero ya se debería haber tenido prevenciones con el accionar de Zavala, pues su pasado siempre la perseguirá: Zavala "ostenta" el favorecimiento de innumerables intereses ajenos a la nación, además de haber sido convocada sabiéndose que ella había depositado 5 millones de dólares del Estado cuando era funcionaria del FONAFE (2001) en el Banco NBK, el mismo banco que luego quebraría, caso por el cual Zavala quedaría impune (hasta ahora), y muy al contrario fue premiada dos veces por Alan García Pérez.
La negra historia de los US$ 5 millones
No sólo acostumbra hacerse la que no conoce de los asuntos o se desentiende con facilidad desopilante la ex ministra de Transportes Verónica Zavala, también había sido muy "dadivosa" con dinero del Estado, es decir, de todos los peruanos. Por ejemplo, cuando era funcionaria de FONAFE hizo un depósito de US$ 5 millones de dólares en un banco que luego quebró. No es posible que pícaros aprovechen de la tarima episódica que da el gobierno, para hacer de las suyas. Y, lo que es peor, bajo la premisa errónea que no va a pasarles nada. Un documento reservado de la Contraloría General de la República y del que no se sabe si pasó a la Fiscalía de la Nación y si se denunció penalmente a la ministra Verónica Zavala, da cuenta in extenso de una maniobra que fue encontrada irregular. Leamos, partes del este documento oficial suscrito por Samuel Torres Benavides Gerente Central de Asesoría Legal Contraloría General de la República:
"Para: Genaro Matute Mejía; Contralor General de la República. Asunto: Atingencias a Informe de Control. Participación de funcionarias del FONAFE en ilegal depósito de fondos en el NBK Bank. Fecha: 9-4-2002". 1) El Informe Especial producto del Examen Especial practicado al Fondo Nacional de Financiamiento Empresarial del Estado, FONAFE en cumplimiento del Plan Anual de Control 2001 de la Gerencia de Presupuesto y Cuenta General, encontró irregular el depósito de US$ 5 000 000.00, efectuado por la Directora Ejecutiva del FONAFE y ex Secretaria Técnica del Comité Especial constituido por el Decreto de Urgencia No. 052-98, Verónica Zavala Lombardi y la Gerente Legal del FONAFE, Mónica Byrne Santa María, mediante Oficio No. 2296-2000-FONAFE de fecha 17-11-2000 en el NBK Bank entidad bancaria que posteriormente fue intervenida por Resolución de la Superintendencia de Banca y Seguros".
Y prosigue el documento incriminatorio:
" … La comisión auditora encontró responsabilidad penal por estos hechos en el ex ministro de Economía y Finanzas y ex presidente del Directorio de FONAFE, Carlos Boloña Behr, en la ex Directora Ejecutiva del FONAFE y Secretaría Técnica del Comité Especial (Decreto de Urgencia No. 052-98), Verónica Zavala Lombardi y la Gerenta Legal del FONAFE, Mónica Byrne Santa María, atribuyendo en su conducta la existencia de indicios razonables de la comisión de los delitos de Abuso de Autoridad en la modalidad de Omisión de Funciones tipificado en el artículo 377º del Código Penal y Corrupción de Funcionarios en la modalidad de Negociación Incompatible con el cargo, tipificado en el artículo 397º del Código Penal…"
Otras investigaciones alertaban que Zavala siempre amparó a los grupos de poder que ansían los terrenos aledaños al aeropuerto Jorge Chávez; tampoco es desconocido que la ministra en mención ha favorecido múltiples obstáculos para que no se construya la segunda pista del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez; bueno es recordar que Verónica Zavala también es acusada de permitir la escandalosa sobrevaluació
Récord de Zavala: ¿Tolerancia con los 3 mil 500 muertos en las carreteras?
Otro "récord" en el currículum de Verónica Zavala son los más de 3 mil quinientos muertos en las carreteras del país durante su nefasta gestión en que se le encargó el programa "Tolerancia Cero" para disminuir la espantosa escalada de muertes y accidentes en las carreteras del Perú. Por culpa de una ministra de transportes que al parecer solamente ocupó dicha cartera para hacer 'negocios' y para favorecer cual celosa guardiana los intereses de poderosos y voraces grupos de poder como es el caso de la aseguradoras chilenas y pro-chilenas que no pierden el paso ni el apetito en materia de Seguros de Accidentes de Tránsito, tal como lo ha denunciado la empresa peruana más exitosa en materia de Seguros de Accidentes de Tránsito como es la ANFOCAT (Asociación Nacional de Fondos Contra Accidentes de Tránsito).
Sin duda esto se debió a la ineptitud de una Ministra y Viceministro del MTC, a los cuales les ha quedado grande el MTC, aunque no les faltó decisión, maña y tiempo para beneficiar a unos privilegiados: Lan-Chile y Lan-Perú, mientras perjudicaron a otros como Aerocóndor. Peor aún, se firmó un convenio aerocomercial con Chile sin reciprocidad - tal como lo demostró el presidente del Instituto Peruano de Derecho Aéreo, quien cuando se desempeñó en la presidencia de la Comisión Consultiva de Derecho Aeronáutico del Colegio de Abogados de Lima tuvo que emitir un informe donde se prueba que no sólo el viceministro Carlos Puga no le cobró las compensaciones económicas a Lan- Chile que tenían derecho a cobrar el Perú, sino que le otorgaron el mercado norteamericano a cambio de visitar pingüinos en el Polo Sur.
Lo curioso es que el gobierno chileno si le cobró a Lan-Chile en la licitación de rutas peruanas que dadivosamente (¿o corruptamente?
Lo cierto es, que en dicho instrumento bilateral, desaparece el principio de reciprocidad y el Perú le otorga a Chile en quintas libertades el mercado norteamericano, que en venta de billetes de pasajes significa unos US$ 400 millones de dólares anuales aproximadamente, a favor de la economía chilena y para el Perú a cambio de este mercado le otorgan el Polo Sur y la Isla de Pascua, que en venta de pasajes aéreos significan US$ 0.00 dólares anuales, es decir absolutamente nada. Si el Perú no le hubiera otorgado estas quintas libertades a Chile, el mercado a Estados Unidos hubiera tenido que ser atendido por la filial de Lan-Chile en el Perú, en este caso la empresa de aviación Lan-Perú, lo que hubiera significado más rentas para esta empresa de aviación y para el Estado peruano y más trabajo para las tripulaciones peruanas.
Las rutas a Estados Unidos, que regaló Verónica Zavala y Carlos Puga a Chile fueron licitadas por la Junta Aeronáutica Civil de Chile, quien le cobró a Lan-Chile cifras económicas importantes para el tesoro de Chile. En el Perú, la Ley 27261 establece el mecanismo del pago de compensaciones económicas, a favor del Estado peruano en los supuestos del ejercicio de derechos aerocomerciales de líneas aéreas en rutas en las que no hay reciprocidad, es decir, si el negociador Carlos Puga hubiera defendido los intereses nacionales, no se habría prestado a firmar convenio aéreo alguno y mantener el status quo de la simple reciprocidad y exigirle a Lan-Chile unos diez millones de dólares anuales por el uso de las rutas en quintas libertades a los Estados Unidos.
Con diez millones de dólares el Estado peruano pudo fundar una Escuela de Aviación Civil, en cada una de las regiones del Perú y comprar 50 aeronaves Cessna 172 para entrenamientos de sus pilotos. Cabe agregar que existe responsabilidad constitucional de la ex Ministra Zavala, porque igualmente permitió - violando las leyes de migración del Perú-, que pilotos pertenecientes a la Fuerza Aérea chilena, volaran clandestinamente sin carnet de extranjería en las aeronaves de Lan-Perú, lo que es un atentado contra la Seguridad y la Defensa Nacional del Perú, es por eso que muchos consideran que el Congreso de la República del Perú debe comenzar a estudiar una denuncia constitucional que inhabilite por 10 años a la ex Ministra Zavala y al ex Viceministro de Transportes para el ejercicio de cargos públicos en el Perú.
Urge profundizar las Investigaciones
La defensa de los intereses del Perú en este tema, merece pesquisas más serias -tal vez en un nuevo Congreso- que logre la sanción de quienes actuaron a espaldas de los intereses nacionales. Algunos ingenuos pidieron que el Primer Ministro Yehude Simon le permita al Instituto Peruano de Derecho Aéreo realizar una exposición sobre la grave crisis de la aviación civil y sobre el aislamiento aerocomercial de las Regiones para que se encuentren los caminos que permitan que salgan del Ministerio de Transportes y Comunicaciones los funcionarios responsables por acción y omisión de haberle hecho tanto daño al Perú y de haber dejado en la calle a tantas familias peruanas.
Y aunque Verónica Zavala salió del MTC (donde estuvo desde el 28/07/2006 hasta el 29/11/2008), no sólo no fue investigada rigurosamente para una posible sanción, sino que fue premiada como "Directora por el Perú en el BID" con sede en Washington, D.C., y por un período de tres años. Tampoco se propusieron nuevas políticas para que el Perú recupere el espacio y tiempo perdido a fin que el transporte aéreo pueda ser un instrumento eficaz de integración, turismo y comercio entre los pueblos y regiones. Toda vez que gracias a la "política aerocomercial" perpetrada por Zavala y sus compinches, el Perú, aerocomercialmente hablando, no ejerce soberanía aérea sobre su espacio aéreo y está desapareciendo lo último que le queda de la industria aérea nacional, porque además Verónica Zavala hizo todo lo posible para que desaparezca de las instalaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el taller aeronáutico más importante de América del Sur: Aeroinversiones.
Cuando lo que se debió hacer es llamar a los empresarios aerocomerciales 100% peruanos o con socios extranjeros que inviertan con solvencia y visión de largo plazo. Dándoles garantías de que no van a haber represalias contra sus empresas ni cambio en las reglas de juego empresarial y el marco jurídico vigente, permitiendo que expongan todas las irregularidades que se han gestado en el MTC desde que puso el pie en este sector Carlos Puga Pomareda, ya que diversos empresarios están aterrorizados con la represión implementada por la funesta gestión Zavala, que ni siquiera la vivieron en el gobierno militar de Velasco Alvarado, mientras un Congreso anodino no investiga nada porque a espaldas de los grandes intereses nacionales se ha permitido que los intereses chilenos se apoderen de los cielos del Perú, por ejemplo.
Los "PPK Boys" y "PPK Girls"
A esta altura es pertinente remarcar que Verónica Zavala pertenece a una especie de cofradía tecnócrata de derecha, a quienes ya denominan los "PPK Boys", y "PPK Girls" por ser protegidos/as de Pedro Pablo Kuczynski Godard, quien ocupó varias veces el cargo de Ministro de Economía y Finanzas, así como presidió el Consejo de Ministros desde el 16/08/2005 hasta el 28/07/2006. PPK ha laborado para el sector privado en diversas partes del mundo por más de 25 años y es un activo conferencista universitario, promotor del desarrollo y la lucha contra la pobreza, por lo que se le reconoce también como un líder empresarial y técnico. Es un asiduo concurrente de foros tanto en el Perú como en el extranjero en estos temas. Actualmente trabaja en su ONG "Agua Limpia", entidad sin fines de lucro destinada a apoyar a los gobiernos de zonas rurales. El objetivo de esta institución es organizar y financiar proyectos de agua potable y alcantarillado para las comunidades más pobres del Perú. "Agua Limpia" ejecuta decenas de proyectos en las regiones de Ancash, Arequipa y La Libertad, entre otras.
Realmente PPK es el protector de Verónica Zavala y su hermano Fernando Zavala, Cecilia Blume, Luis Carranza, Marisol Guiulfo, Fritz Du Bois y su esposa Cayetana Aljovín, entre otros del mismo pelaje. Y en cuanto a esta última, habiendo sido la ex viceministra de Telecomunicació
Cayetana Aljovín es criticada por la concesión de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) Taboada, por los proyectos azucareros, y por la concesión del Aeródromo de Collique, a la par, su gestión está acompañada de movilizaciones en Chiclayo –tras el proceso de venta de las acciones del Estado en Pomalca- y en Piura por la concesión del puerto de Paita. Debido a ello y por mucho más, en el 2011 se tendrá que agendar en el nuevo Congreso de la República del Perú una investigación estricta contra Verónica Zavala Lombardi, por su presunta responsabilidad constitucional en la firma del convenio aéreo Perú-Chile de 2007, en donde hubo graves irregularidades en agravio del Estado Peruano, y en el caso de Cayetana Aljovín, su paso por Pro-Inversión estaría plagado de desaciertos que le estarían causando graves daños al Estado Peruano.
¿Las gatas de despenseras?
Pero hay más de estas "PPK Girls": el colapso telefónico durante el terremoto de Ica el pasado 15 de agosto del 2007, que dejó incomunicado incluso al presidente de la República frente a sus ministros y el resto del Estado, haciendo que emita un discurso a la Nación erróneo donde afirmó que no había sido cruento el terremoto de Pisco, por ejemplo. Esta situación lamentable encontró a algunos de sus responsables. Y es que -por la arrolladora presión e indignación ciudadana- el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) emitió en setiembre del 2007, un informe técnico según el cual existe responsabilidad de las empresas Telefónica Móviles y Nextel del Perú, pues la infraestructura de estas compañías no cumplían con la calidad requerida, razón por la cual resultó insuficiente para atender la gran cantidad de llamadas que se produjeron luego del sismo.
Según informó la entonces titular del sector, Verónica Zavala, la auditoría técnica (sospechosamente tardía), realizada por la Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones, concluyó que las dos empresas en mención incumplieron con desplegar una red para mantener la calidad de servicio en situaciones de alta congestión como la ocurrida tras el movimiento telúrico. "En concreto, la calidad del servicio que prestan estas empresas, antes de producido el sismo de agosto último, ya se encontraba debajo de los parámetros permitidos", tuvo que indicar Zavala. E intentando eludir su responsabilidad política, expresó que el informe sería remitido al Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telefonía (Osiptel) para que aplique la sanción respectiva a estas dos empresas.
Respecto a este caso, se sabe que con el concurso de especialistas de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y del Colegio de Ingenieros, -lo cual le da una contundencia técnica-, Telefónica Móviles presentó problemas en el despliegue de su servicio, así como en sus centrales y en la utilización de canales, lo que provocó que disminuya la calidad del servicio. En el caso de Nextel del Perú, se encontró deficiencias en el máximo uso de su central, la cual al estar al borde de lo internacionalmente permitido, fue posible que se produjera un colapso del servicio.
Y aunque en el nada confiable desempeño del MTC con Zavala y sus herederos, una inspección técnica no encontró indicios de deficiencias en los operadores de telefonía fija Telefónica del Perú y Telmex, ni en la empresa de servicios móviles América Móviles (Claro). Expertos advierten que "Si todos los usuarios del servicio prepago tuvieran saldo para hacer llamadas, el sistema de esta empresa no estaría en condiciones de garantizar una prestación continua del servicio a todos sus usuarios".
Sobre el particular, se debe recordar que por entonces, los legisladores de Alianza Parlamentaria (AP) Yonhy Lescano, Carlos Bruce y Víctor Andrés García Belaunde declararon que el Congreso debería investigar a Telefónica, luego de que un diario de circulación nacional como La Primera diera a conocer tres documentos que revelaban que la empresa no tenía ningún plan de emergencia inmediato tras el terremoto del 15 de agosto del 2007. Según esos documentos –tres cartas enviadas por Telefónica al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)- únicamente dos días después del terremoto la compañía se puso a disposición del MTC y le pidió instrucciones para solucionar el colapso de la red.
Más aún, el MTC recibió las cartas recién el 20 de agosto del 2007, cinco días después de la tragedia. De modo que lo que aseguró Telefónica en sus avisos publicitarios, haber resuelto "de inmediato" el colapso, quedaría desacreditado. Por ello, los congresistas se pronunciaron de inmediato. Yonhy Lescano dijo que los documentos demuestran que "realmente Telefónica no tenía un plan de emergencia, incumpliendo una vez más el contrato". "Esto debieron verlo en 1994, cuando se firmó el contrato. Aquí hay una grave responsabilidad del Estado y de Telefónica que debe ser investigado por el Congreso, y si se comprueba que en sus comunicados mintió, se puede hasta resolver el contrato y ponerles una fuerte sanción económica". Además Lescano precisó que tanto Verónica Zavala como su viceministra Cayetana Aljovín "son voceras y defensoras de las empresas de telefonía. Aljovín fue funcionaria de Bellsouth, hoy Movistar. Su esposo Fritz Du Bois es asesor del vicepresidente de Telefónica, son gente vinculada a esta empresa no idóneas para el cargo".
El esposo escribidor: Fritz Du Bois
"Me hacía lavarle los pies", dice el titular de Perú 21 aludiendo a la denuncia de María Elena Medianero en contra de la energúmena congresista Rosario Sasieta. ¿Venderá ese titular? Es casi imposible, toda vez que titulares similares ya se han ensayado decenas de veces en ese periódico, y Perú 21 sigue siendo, desde que llegó el nuevo "seudo periodista-director" Fritz Du Bois a su dirección, la "pata coja" del grupo multimedia "El Comercio". Muchos dicen que ese es el problema de sacar a un periodista para meter a un entumecido caballero que se hace pasar por economista cuando su verdadera profesión es lobbista.
Sí, porque el lobbismo, que en el Perú mayormente es sinónimo de tráfico de influencias, soborno y "aceitada" de funcionarios (Rómulo León y Químper dixit), es toda una profesión para Du Bois, que fue asesor de Carlitos Bologna (nada menos), lobbista de éxito de cuanta empresa le pagara en procura de una canonjía y franelero friedmanita desde su autodenominado Instituto Peruano de Economía (IPE), es, desde esa perspectiva, un doctor y todo un maestro. Y sus hazañas financieras están registradas en notarías y bufetes.
Fritz Du Bois y Cayetana Aljovín -quienes se conocieron en el despacho de un Ministro de Economía en los '90-, tienen un maestro y guía difícil de olvidar por los videos en la salita del SIN donde se complotaba con Montesinos para dar un golpe, nada menos que contra su jefe mayor: Fujimori, a fin de colocar a Carlos Boloña como presidente de facto. Aunque ya antes en un claro conflicto de intereses y descaro, Boloña y su corte (donde estaba Fritz Du Bois), pasó de promover como ministro de Economía el sistema de AFP's a dirigir una AFP él mismo, con el agravante de que dicho sistema ahora se ha mostrado como muy rentable para los empresarios que lo manejan y sumamente injusto para los trabajadores más débiles y pobres. Pero con piel de camaleón, hoy en día chequera en mano, Du Bois es alanista acérrimo y forma parte del círculo del poder mediático que Alan García convoca cuando está en dificultades.
"Me hacía lavarle los pies" es un titular que parece dictado por Judas Iscariote. Pero sólo lo parece. En realidad, es un intento desesperado de vender un poco más en una calle tan dura y con lectores tan renuentes. Pero ese periodismo de las declaraciones y las comillas es el que hacen los becarios y los meritorios en las radios más tugurizadas del dial. Es la banalización extrema del periodismo. O sea que mañana sale cualquier anónima a decir que Du Bois le cortaba las uñas a su ex jefe Boloña al que sirvió, y un "diario de circulación nacional" enemigo se sentirá con el derecho de citar esa afirmación sin pruebas, como si de una verdad demostrada se tratara.
El problema de Du Bois, es que es tan periodista como economista. Es decir, nada, porque él es un abogado que no ejerce y un perito en enjuagues que sí ejerce y un caballero tan conservador que le echaría preservante a las tradiciones (las de Palma y compañía) para que nunca se pudrieran. Eso sí: nadie puede negarle prontitud para el olfato. Hace unos meses, cuando el general Edwin Donayre parecía un candidato y no un adefesio, dijo poco menos que el tal uniformado era un héroe. No fuera a ser que por allí hubiera un camino a seguir. Y Álvaro Portales puede dar fe, con sus viñetas censuradas en Perú 21, de la "amplitud de mente" de este Du Bois que no sabe que está allí tan sólo porque Paco Miró Quesada, que no lo aprecia nada, carece de la fuerza accionaria para darle una patada en el trasero, ya que en grupo El Comercio también pesan sus intereses empresariales en el sector construcción dentro de un país cuyo Estado/gobierno tiene dinero de sobra para construir, justo cuando Du Bois y su esposa Cayetana, están metidos de patas y picos en dicho gobierno.
El escándalo de Governa SAC y la frustrada Contralora
Otra prueba de lo torcido que actúan estos muchachos y muchachas de PPK:
El recién nombrado (30/12/2008), secretario de descentralizació
La mención de la empresa consultora Governa SAC no tendría demasiada trascendencia si la candidata de fuerza para el cargo de Contralor General de la República, Mayen Ugarte Vásquez Solís, incluida por "invitación" de la propia comisión evaluadora y escogida para la terna final por ellos mismos, fue directora gerente de Governa. O sea que Governa nos quería gobernar por partida doble, dentro y fuera del Estado. Y, aquí lo más curioso, es que Yehude Simon quizo que le creamos que él no tuvo nada que ver en la inclusión de Mayen Ugarte Vásquez en un concurso en el que ella aparentemente no solicitó participar.
¿Qué clase de complot hubo para que con el argumento de las calificaciones académicas y laborales se arme un perfil y una idea "moderna" del cargo que encaja como un guante en esta señora? Tal vez la respuesta esté en una mayor exploración sobre lo que significa la consultora indicada. Ohhh… sorpresa, en el currículum de Verónica Zavala figura la siguiente referencia: Consultora de Governa, empresa especializada en gestión y políticas públicas. Ha realizado consultorías para el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, Mincetur, Proinversión y otras entidades del sector público y privado en materia de reorganizació
En el mismo año 2002 en que se funda Governa SAC, Verónica Zavala y Mayen Ugarte trabajaban en cargos de alta dirección en la PCM, antes que decidieran la fundación de la empresa de la que quedaría encargada la segunda, mientras que Zavala hacía algunos trabajos antes de volver a la administració
En su convenio inicial, el acuerdo era con la Universidad San Martín y la Escuela de Gobierno por la que pasó Alan García. Pero luego cambiaron la partitura y entregaron la responsabilidad al Instituto Continental, que es de propiedad de una alta funcionaria de la propia Governa. El Instituto Continental, según las referencias, es una entidad de medio pelo, sin plana docente para la tarea, pero que se ha visto beneficiada por intervención de la empresa consultora a pesar de la oposición de las municipalidades.
Analizando el caso: primero, es evidente que cualquiera no se convierte en intermediario de Antamina para la ejecución de los proyectos a través de los cuales entrega sus aportes. De hecho en la nómina de la empresa figuran contratantes notables como Apoyo Consultores, ADRA y CARE (agencias evangélicas), Agua Limpia (ONG de PPK) y otras; los municipios distritales y provinciales deben aceptar estos socios de confianza de la minera; Governa puede decidir trabajar por mayor precio y menor calidad con sus amigos. La pregunta que viene es la siguiente: ¿debe la Contraloría investigar y pronunciarse sobre la forma cómo se emplean estos supuestos aportes, que sustituyen los impuestos por ganancias excesivas y en los que están interviniendo autoridades del Estado a nivel regional y local, por cantidades considerables? Si la respuesta, como es obvio, resulta positiva la pregunta que viene a continuación es ¿si la directora gerente de Governa hubiera llegado a ser contralora, podría intervenir en este caso y por ejemplo sancionar a su propia empresa por subcontratar a una entidad de capacitación que no brinda las debidas garantías?.
Richard Webb ha confesado que los miembros de la comisión conocían y confiaban en algunos de sus candidatos seleccionados. Y no iba a ser. En el manual 2008 de "Buenas Prácticas Gubernamentales" que la ONG "Ciudadanos Al Día" de Beatriz Boza realiza por contrato con el Estado y que lleva como subtítulo "Directorio de la tecnocracia", figura como miembro del jurado calificador el señor Webb, y como parte del equipo técnico Mayen Ugarte, junto con Cecilia Blume, Elena Conterno y otros. Es sólo un ejemplo de cómo se cruzan las vidas de estas personas. Súmenle lo ya señalado sobre la Zavala y el inocente Simon trayéndose un director de Governa, sin contar otras relaciones con la Universidad Católica, el Instituto de Estudios Peruanos, etc., que refuerzan la impresión que Mayen fue más que afortunada porque le hicieron una comisión en la que todos querían que ella fuera la contralora.
En el currículum de Mayen Ugarte Vásquez Solís (no el presentado a la comisión Webb sino el de la Universidad de Ciencias Aplicadas) figura un curioso dato sobre la experiencia de la señora: Miembro del Comité de Concesión para la Privatización del Aeropuerto (1997); Miembro del directorio de CORPAC. Las cosas que doña Mayen debe saber acerca de cómo se decidió poner en concesión el primer terminal aéreo del Perú porque supuestamente no había el dinero para comprar los terrenos y construir la nueva pista de aterrizaje, y la manera como finalmente se retiró esta exigencia de las bases para convertir la actual concesión en un fabuloso regalo ya que por algunas obras de remodelación se entregó la administració
Justamente debería ser la Contraloría la que revise los contratos de privatización de la época de los '90 y los posibles actos de corrupción que hubo alrededor de ellos. Pero eso no puede hacerlo una privatizadora, que el 2001 describió el proceso de esos años como una reforma incompleta. En seis años Governa luce una gran cantidad de contratos con entidades del Estado. Mencionemos algunas de ellas: -Presidencia del Consejo de Ministros, Produce, Instituto Nacional de Cultura, Inrena, Municipalidad de Lima, Consejo Nacional del Ambiente, Mincetur, MEF, Ministerio de Vivienda, Proinversió
Pero detengámonos aquí pues la historia de esta cofradía de las "PPK Girls", acabó muy mal, peor que como empezó: no obstante que Cecilia Blondet –integrante de la junta seleccionadora- detalló que todos los candidatos fueron escrutados por diez bases de datos de distintas instituciones, como el Colegio de Contadores, al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Consucode), a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Infocorp, Indecopi, Ministerio del Interior, Justicia, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Registro Nacional de Identificació
Para no olvidar: la primera reunión de la comisión de transferencia de Gobierno en el 2006, fue presidida por el ministro de Economía y Finanzas, Fernando Zavala, quien reemplazó en la Presidencia del Consejo de Ministros a Pedro Pablo Kuczynski (de viaje fuera del país), y estuvo compuesta del lado de la saliente administració
Lobbistas defienden irregular concesión del puerto de Paita
La Cámara de Comercio ha publicado en octubre del 2009, avisos defendiendo la privatización del puerto de Paita, y todos los lobistas conocidos del régimen, entre ellos Cecilia Blume, están empeñados en una cerrada defensa a través de diversos medios de comunicación. Lo cierto es que la concesión del puerto estaba mal hecha desde el diseño, que fue elaborado por Pro-Inversión de Cayetana Aljovín, pues la exigencia de una carta fianza de 100 millones de dólares por 26 años hacía casi inviable el negocio. Sin embargo, por presiones políticas y de los empresarios interesados el proceso siguió tal y como estaba, con el compromiso, hecho bajo la mesa, de los funcionarios del gobierno aprista, de cambiarle las condiciones al contrato para liberar al ganador de tamaña obligación.
O sea que la valla de los 100 millones solamente fue puesta para que nadie más que el consorcio portugués-chileno se presente. Hoy, algunos meses después de licitada y cuando acaba de ser entregada la concesión al consorcio integrado por Cosmos y Translei (Transportes Portuarios Euroandinos)
No hay que olvidar que este proceso de Paita se dio en segunda convocatoria porque en la primera no hubo postores. Después de la primera se cambiaron un poco las bases. Según el decreto legislativo 1012, Ley de Asociaciones Público Privadas, se necesitaba que pasen tres años de firmado un contrato de concesión para que recién la empresa concesionaria pudiera incorporar o solicitar cambios en el contrato a través de addendas. En el 2008, con todo este proceso ya en marcha, el Ministerio de Economía y Finanzas publicó el Decreto Supremo 146-2008-EF que quitaba el plazo de tres años para solicitar addendas. Así quedaba preparado el terreno para el faenón dirigido por Cayetana Aljovín. Con este cambio en la ley de APP's más el compromiso de los citados funcionarios de aceptar incorporar la addenda con la cual disminuyen los requisitos para la carta fianza. Sin embargo, esto no era suficiente para los representantes del consorcio ganador, que pidieron la elaboración previa de la addenda para su aprobación. Esto se hizo en una reunión reservada y la addenda quedó en manos del personaje de más confianza para funcionarios gubernamentales y empresarios. Cada uno de los presentes en la reunión se llevó un borrador de la misma, y uno de esos borradores obra en poder de un medio de comunicación.
Por su parte, a comienzos de octubre del 2005, los trabajadores portuarios y la población en general anunciaron en los puertos de todo el país, que buscarán la anulación del controvertido convenio de concesión del Puerto de Paita en favor del consorcio Transportes Portuarios Euroandinos (TPE), que ganó la adjudicación de este terminal portuario en medio de "groseras irregularidades que perjudican al Perú y a toda la zona norte de nuestro litoral". Y la "ciega política privatizadora del gobierno". Estas movilizaciones son convocadas por la Unión Portuaria Nacional, que reúne a trabajadores portuarios de Enapu, estibadores y transportistas; a ellos se sumarán organizaciones sociales, frentes de defensa y población civil. El rechazo popular a la entrega de Paita ha crecido porque el puerto sería entregado a la concesionaria el 8 de octubre, fecha en que se conmemora el "Combate de Angamos", día en que se inmoló el "Caballero de los Mares" durante la Guerra del Pacífico.
El secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de Enapu, Gustavo Gutiérrez, reiteró su denuncia de que el gobierno pretende entregar Paita a una empresa insolvente como TPE, que no ha demostrado tener la capacidad financiera necesaria y que va a poner en serio riesgo las operaciones de ese puerto. El interés de la agencia de privatización por favorecer al concesionario, señaló Gutiérrez, quedó en evidencia cuando a TPE le concedieron hasta tres prórrogas para la firma del contrato de concesión, debido a que no podía cumplir con la entrega de las cartas fianza ofrecidas en el marco de la adjudicación de la buena pro, donde dieron por ganador a TPE sin tomar en cuenta las graves denuncias de corrupción durante el proceso que culminó para los privatizadores el pasado 9 de setiembre, cinco días antes de la fecha final establecida para la firma del convenio.
La cercanía de la entrega oficial del terminal portuario de Paita indigna también a políticos y personalidades nacionales. "Se sigue regalando servicios estratégicos a capitales extranjeros, con el agravante de que proceden de Chile que es un país hostil con el Perú. Con la entrega de Paita se está redondeando la faena, porque ya se han entregado los aires del Perú a capitales chilenos a través de Lan- Perú", sostuvo el congresista David Waisman, quien añadió que empresas chilenas ya realizan en nuestro litoral actividades que incluyen el transporte de petróleo, algo que resulta muy peligroso para la seguridad del país. El ex viceministro de Relaciones Exteriores, Luis Solari Tudela, suscribió las críticas que se hacen al contrato de concesión suscrito con el consorcio TPE para que se encargue de la administració
El diplomático sostuvo que hay un conflicto de intereses, pues los capitalistas chilenos participantes influirán en la competencia que existe entre los puertos peruanos y chilenos por constituirse en la puerta de entrada y salida del Pacífico Sur hacia el Asia. Asesores legales de la Unión Portuaria Nacional y de la Federación Nacional de Trabajadores Portuarios del Perú presentarán la denuncia penal por el delito de colusión desleal contra la jefa de Pro-Inversión, Cayetana Aljovín, el Contralor de la República, Fuad Khoury, entre otros personajes que facilitaron la entrega del puerto de Paita pues, según explicaron, existen indicios razonables de que se produjo irregularidades en el proceso de adjudicación de este puerto con la finalidad de favorecer a la empresa ganadora.
Colofón
La idea de este documento es develar que la asociación encubierta y la participación en el sector transportes de Verónica Zavala, Cecilia Blume, Fritz Du Bois y su esposa Cayetana Aljovín; no es una casualidad. Ha existido, y así se ha demostrado a lo largo del presente documento, que las llamadas PPK Girl´s han sabido ingresar a las instancias correctas para hacer y deshacer en el sector transportes.
Por otro lado y con la anuencia de estas "ilustres autoridades" personas como Juan de Dios Olaechea, José Amado y Carlos Puga, han complotado para que empresas que han demostrado eficiencia, buen servicio y garantía, y que amparados en sendas inversiones, fuertes capitales y una experiencia de décadas, se vean perjudicadas al permitir el ingreso de operadores con requisitos mínimos, que lo único que ocasionara, es la inseguridad de la ruta.
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