Estimados amigos
Les envio un Informe sobre la Reforma de la Administració
Saludos CESAR FERNANDO O´PHELAN PEREZ 1. Lineamientos generales. En la actualidad, los modelos de desarrollo social y económico se basan en una mayor dependencia de los mercados y de los sectores privados, siendo el papel del Estado el actuar como facilitador y regulador importante de la actividad y del desarrollo del sector privado. Incluso la reciente crisis financiera internacional, si bien ha mostrado la necesidad de un reformular y fortalecer el papel regulador de los Estados, no ha reducido la importancia de los mercados como motor de desarrollo. El ordenamiento jurídico de un país establece los principios básicos esenciales para que la economía funcione bien. La capacidad de hacer cumplir dichas leyes, a su vez, es crítica para el desarrollo económico y social sostenible. Ello requiere un Poder Judicial que preste servicios de primera calidad de una forma puntual, equitativa, efectiva y transparente. Como una vez dijo James Wolfensohn, ex Presidente del Banco Mundial, "No es posible un desarrollo equitativo sin la protección de los derechos humanos y de la propiedad dentro de un marco jurídico integral. El gobierno tiene que asegurarse de que cuenta con este marco para proteger la propiedad, los derechos personales, las relaciones laborales, y tiene que asegurarse que este sistema está administrado de forma eficaz y equitativa por una administració Las instituciones judiciales son entonces la piedra angular de cualquier sistema jurídico, pero las demoras crónicas, la falta de confianza del usuario, la falta de acceso a la justicia, la corrupción y el deterioro de la infraestructura y la capacidad de servicio afectan su rendimiento. Estas situaciones se ven complicadas por la falta de modelos adecuados para transferir de un país a otro lo que funciona bien pues puede no ser adecuado a su contexto político y constitucional. Sorprendentemente, como resalta Malik[2], se ha realizado muy poca investigación acerca de la cuantificació Al respecto, debe tenerse en cuenta que la cantidad y la complejidad de las querellas relacionadas con las empresas aumenta en la medida en que lo hace la actividad del mercado. A su vez, la capacidad del sistema judicial y jurídico de manejar el volumen de querellas cada vez más complicadas afecta el nivel de la inversión empresarial privada; la eficiencia de los mecanismos de mercado; la percepción del riesgo inherente a las actividades mercantiles; el grado de competencia, y la equidad y transparencia de las transacciones mercantiles, todo lo cual muestra la existencia de una relación tensa entre eficiencia del mercado y eficiencia judicial. A fin de evitar que las disfunciones judiciales generen disfunciones e incluso colapsos en el sistema económico, es necesario por ello que los Estados definan y ejecuten políticas públicas en justicia que, dejando de lado invocaciones retóricas, se encuentren provistas de sentido estratégico y plausibilidad empírica. Como ha señalado el ex Decano de En este marco, corresponde precisamente a las instancias de gobierno del Poder Judicial –Presidencia, Sala Plena y Consejo Ejecutivo- el formular los lineamientos y directrices que deben guiar estas políticas públicas en materia de justicia. Este es un papel fundamental y cada vez más impostergable. La pregunta es, si en el caso de nuestro país, estas instancias están cumpliendo este papel de manera cabal, o existen vacíos y deficiencias que deben ser cubiertos. 2. El caso peruano. Al igual que en el conjunto de América Latina, la información existente sobre la dimensión económica de la justicia y del funcionamiento del Poder Judicial es bastante limitada, lo que constituye un fuerte impedimento para la definición de políticas públicas al respecto. Por ejemplo, Schalk y Porras señalan en un reciente estudio[3], que en el caso de Perú, el gasto del Poder Judicial ejecutado per cápita aumentó de US$ - Mayor participación del gasto del Poder Judicial ejecutado en el gasto del Sector Público ejecutado de 1,2% a 1,5%. - Incremento del PBI per cápita de US$ - Mayor gasto del Poder Judicial ejecutado por juez que pasó de US$ - Incremento del número de jueces de - Mayor gasto del Poder Judicial ejecutado por Sentencia Producida de US$ Respecto a la productividad media por juez, Chile cuenta con el mayor ratio en la región (US$ 1945,1) que representa más de cuatro veces la productividad media por juez del Perú (US$ 434,8). Además, la cantidad de sentencias producidas por juez en Perú es similar a las obtenidas en Venezuela y Panamá. Asimismo, Venezuela (US$ 1 938,0) presenta el mayor gasto por sentencia producida en la región, el cual representa aproximadamente seis veces el gasto ejecutado en Perú (US$ 297,8). Por el lado contrario, el Poder Judicial de Chile (US$ 100,8) realiza el menor gasto por sentencia producida alrededor de dos tercios del gasto realizado en Perú. En general, Schack y Porras concluyen que, en el caso del Poder Judicial del Perú, el incremento de la tasa de gestión de expedientes ha tenido relación directa con el incremento de la tasa de crecimiento del costo medio, es decir, si cabe el término dentro de un visión economicista, y sin considerar la calidad de las sentencias expedidas, lo que ha ocurrido es que en los últimos años en promedio, producimos más pero cada vez más caro. Las conclusiones del estudio de Schack y Porras, si bien deben también ser evaluados y validados por otros trabajos similares, dan en todo caso una pauta de lo que esta ocurriendo con el funcionamiento de la justicia a nivel económico. La pregunta es si los órganos de gobierno del Poder Judicial, y en especial el actual Presidente del PJ, Javier Villa Stein, son conscientes de esta realidad, que mostraría que la gestión de los recursos económicos no es aún tan eficiente como se quisiera. La situación actual En la actualidad, el Poder Judicial se encuentra abocado en un proceso de modernización tecnológica que, a primera vista, parece estar dirigido a resolver algunos aspectos económicos relevantes, como el manejo y sistematizació En su reciente discurso, el Presidente del Poder Judicial anunció así una serie de acciones que se vienen tomando al respecto, tales como: - La implementació - La unificación de un Sistema Integrado Judicial (SIJ) en todas las Cortes Superiores; - La unificación del Sistema de Expedientes a nivel nacional; - La interconexión electrónica entre todas las Cortes Superiores, así como con otras entidades del Estado, como - La implementació Si bien todos estos procesos son importantes, no existen datos que nos permitan conocer si el actual proceso de modernización tecnológica en que se encuentra inmerso el Poder Judicial reducirá el costo del funcionamiento de la justicia, solo se presume que así será a partir de determinados indicios. Por ejemplo, se sabe que el costo del envío de notificaciones –especialmente entre provincias- es alto, pero no se sabe en qué medida las notificaciones electrónicas ayudarán a reducir este costo de qué manera, o qué otros problemas económicos pueden generarse. No se sabe si el costo de inversión vs. resultados es el adecuado, qué otros costos ocultos pueden haber, o qué otras alternativas existen y si fueron evaluadas. Por tanto, esperamos que el Presidente del Poder Judicial pueda dar respuesta a algunas preguntas que permitan determinar si estas medidas lograrán reducir los altos costos que aún tiene la administració [1] Citado por Andrés Rigo, Reforma Judicial y Jurídica, Experiencia y Papel Futuro del Banco Mundial, Conference of the Supreme Court Justices of the Americas in Caracas, Venezuela (1999). [2] Waleed Haider Malik, El Desarrollo Económico y [3] Nelson Schack y Herless Porras, A propósito de la discusión presupuestaria: intentando caracterizar cuantitativamente los Presupuestos Judiciales en |
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