El senador demócrata Robert Menéndez, el activista afromericano Jesse Jackson, y otros líderes cívicos y sindicalistas, presentarán mañana mismo un proyecto de ley con ese fin, que lleva la sigla en inglés "POWER" ("poder"). La presentación de la iniciativa no podía ser más oportuna, tomando en cuenta la racha de incidentes en los que los trabajadores han sido víctimas de represalias cuando luchan por sus derechos bajo la ley.
Los inmigrantes indocumentados han sido aún más susceptibles a los abusos laborales, ya que, según activistas, muchos empleadores han aprovechado los resquicios legales o han recurrido incluso a la amenaza de deportación.
La iniciativa, según adelantaron fuentes legislativas, busca proteger a los trabajadores de "la explotación y la represalia", en particular cuando denuncian violaciones a sus derechos civiles y laborales ante el Gobierno federal. La medida "garantizará" que las empresas ya no puedan intimidar o tomar represalias contra trabajadores tanto estadounidenses como inmigrantes.
La idea es que aun cuando las autoridades federales tienen que hacer cumplir las leyes de inmigración en los centros laborales -lo vienen haciendo con redadas-, esas medidas policiales no minen los derechos básicos de los trabajadores. Los promotores de la medida parten de la premisa de que cuando se permite a las empresas abusar de los derechos laborales, disminuyen también las normas para todos los trabajadores, con o sin papeles.
Los grupos defensores de inmigrantes y los despachos de abogados han registrado abundantes denuncias de los abusos laborales. Como muestra un botón: en un sonado caso contra Signal International, en Misisipi, varios testimonios revelaron que ejecutivos de alto rango de la empresa al parecer trabajaron estrechamente con las autoridades de inmigración para sofocar las protestas de unos trabajadores de India.
Centenares de trabajadores de India vinieron a estas costas en 2006 en busca del "Sueño Americano", aún cuando ese viaje les costó a cada uno un promedio de hasta 20.000 dólares a cambio de una promesa de trabajo y residencia permanente.Segú
Tampoco tenían escapatoria porque, bajo un programa de visas H2B para trabajadores extranjeros, si los trabajadores renuncian o son despedidos por la empresa que los patrocina quedan inmediatamente en calidad de indocumentados. Cuando los trabajadores intentaron hacer valer sus derechos, Signal buscó la ayuda de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) para ver cómo podía deshacerse de los "revoltosos", según la demanda colectiva.
Que una disputa laboral se resuelva a favor de una empresa mediante la deportación de sus trabajadores es algo que exige una extensa investigación: se supone que el sistema judicial en EEUU garantiza los derechos de todos y no sólo de unos cuantos.
Los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional han abierto ya sus propias investigaciones, mientras que la Comisión de Igualdad en el Empleo determinó en septiembre pasado que hay "causa razonable" de que los trabajadores de India afrontaron discriminació
Maclovia Perez
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