Por medio de la presente les hago llegar el Informe: EL PODER JUDICIAL FRENTE AL PODER DEL NARCOTRAFICO EN TIEMPOS DE VILLA STEIN elaborado por ProJusticia
EL PODER JUDICIAL FRENTE AL PODER DEL NARCOTRAFICO EN TIEMPOS DE VILLA STEIN INFORME PROJUSTICIA Finalizando este mes de julio, dos controvertidas decisiones judiciales han caído como una bomba en la alicaída imagen del Poder Judicial, mostrando una actitud de claudicación de la justicia peruana frente a sendos personajes acusados del delito de lavado de activos por narcotráfico, permitiéndoles un nivel de impunidad totalmente contrario a lo que debería primar en un estado de derecho y mostrando la escasa efectividad que puede tener la acción del Estado frente a este tipo de delitos, a menos que se hagan los cambios necesarios. 1. Valdéz, otra vez… El martes 27 de julio, mientras la mayor parte de peruanos esperábamos con alegría el inicio de las Fiestas Patrias, el ex alcalde de Pucallpa, Luis Valdéz Villacorta, tenía un motivo adicional para celebrar, y a lo grande: el juez supraprovincial Omar Pimentel le había concedido el cambio de régimen de prisión efectiva –como debería corresponder a la gravedad del delito que se le imputa, como es el lavado de activos productos del tráfico ilícito de drogas- por el régimen más bondadoso del arresto domiciliario, el que cumplirá además en una residencia de la zona de Monterrico, una de las exclusivas de Lima. De acuerdo al diario La República, dos habrían sido los motivos esgrimidos por el magistrado para favorecer a Valdéz: por un lado, el reciente archivamiento de dos investigaciones por narcotráfico que se seguían contra el ex alcalde y su presunto socio Lester Marina Pastor; y del otro la atención especial que requeriría Valdéz ante supuestos problemas del corazón, atención que no podría ser brindada al interior del penal Castro Castro, donde aún se encuentra recluído. Este último argumento suena, sin embargo, demasiado parecido al esgrimido en su momento por José Enrique Crousillat para que se le otorgue el indulto, con las consecuencias por todos conocidas; por ello, no deja de generar suspicacia que nuevamente un aparente problema de salud sea un motivo para que un personaje involucrado en una serie de delitos obtenga beneficios impropios, aunque ellos se adecuén a la ley. Además, esta decisión implica un peligroso antecedente para este tipo de casos, debido a que el cambio de régimen permitirá a Valdéz mayores facilidades para recuperar sus contactos y el poder fáctico que fue construyendo en Pucallpa durante los años que fungió de alcalde. Un indicio claro del poder que aún tiene Valdéz en esta zona del país es la decisión –igualmente irregular e inexplicable- adoptada por el Jurado Electoral Especial de Coronel Portillo de aceptar la candidatura de éste para postular nuevamente a la Alcaldía de Pucallpa, a pesar de encontrarse en prisión y ser procesado por un delito de máxima gravedad, por no mencionar su claro involucramiento en el asesinato del periodista Alberto Rivera, a pesar de la escandalosa absolución de este delito hecha por parte de la TerceraSala Penal de Reos Libres de Lima meses atrás. Lamentablemente, tanto el Presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, como el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Hugo Sivina Hurtado, han coincidido en afirmar, frente a este caso, que prefieren no adelantar opinión y esperar que las decisiones de ambas instancias sean apeladas, lo que de alguna manera implica lavarse las manos ante estos hechos y aceptar pasivamente la claudicación de la justicia penal y electoral frente al poder de facto de Valdéz. 2. Sánchez Paredes: buscando un juez El mismo día que Valdéz celebraba su "suerte", otro juez –Luis Lévano Ojeda, del 32vo. Juzgado Penal de Lima- admitía a trámite un hábeas corpus presentado por Segundo Manuel Sánchez Paredes y sus hijos Fidel y Miguel Sánchez Alayo para que se archive la investigación seguida contra ellos por el Fiscal Especializado en Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, por el presunto delito de lavado de activos en la modalidad de narcotráfico, alegando un exceso en el "plazo razonable" en el que se debería llevar a cabo la indagación fiscal. Esta acción reproduce los mismos argumentos de la demanda de hábeas corpus declarada fundada el pasado 6 de julio por la Cuarta Sala Penal Especializada de Lima a favor de Orlando Sánchez Paredes y Belisario Estevez Estolaza –en su calidad de propietario y gerente general de la empresa de servicios mineros ATIMMSA e involucrados también en dicha investigación- permitiendo que estos implicados queden fuera del proceso, dejando prácticamente sin implicados a una de las investigaciones más relevantes hecha en el país en los últimos años en materia de lavado de activos, la misma que inicialmente involucró a más de 100 personas. Cabe señalar que la presentación de hábeas corpus es un mecanismo que ha venido siendo utilizado constantemente por los Sánchez Paredes para eludir la acción de la justicia. Así, en la Corte Superior del Santa presentaron un primer hábeas corpus que fue desestimado en primera instancia, y que fue debidamente confirmado por la instancia superior, mientras que en Cajamarca –específicamente en la zona de Chota- si bien lograron que un hábeas corpus fuera declarado fundado en primera instancia, la Sala Penalde Cajamarca revocó este fallo, permitiendo que la investigación fiscal continúe su curso. En enero del presente año, Alfredo, Orlando, José y Silvia Sánchez Miranda, miembros del clan Sánchez Paredes e involucrados inicialmente en la investigación de Chávez Cotrina, lograron que la Cuarta Sala Penal -integrada por los vocales Carlos Ventura Cueva, Herminio Vigo Zevallos y Demetrio Ramírez Descalzi- confirmara un hábeas corpus a su favor para quedar fuera de la investigación, siendo la primera acción que se funda en el argumento del exceso de "plazo razonable", sobre la base de lo dictaminado por el Tribunal Constitucional en este tema, por lo que ya existía una puerta abierta para que otros miembros de dicho clan pudieran ser excluidos de la persecución fiscal. Ante ello, Orlando Sánchez Paredes y Belisario Estevez presentarán un hábeas corpus ante el 58vo. Juzgado Penal de Lima –a cargo de la jueza Antonia Saquicuray –con los mismos argumentos, el que sin embargo será rechazado valientemente por esta magistrada sobre la base de la complejidad de la investigación fiscal y ante el hecho –distinto al primer caso- de que para la fecha de presentación de esta medida el fiscal Chávez Cotrina ya había formalizado denuncia contra estas personas. A pesar de ello, los integrantes de la Cuarta Sala mantuvieron su criterio y declararon fundado este hábeas corpus, ordenando el archivamiento de la investigación fiscal con respecto a estos últimos. ¿Porqué esta Sala ha seguido un criterio a todas luces favorable para la impunidad de un clan sobre el que pesan tantos indicios en su contra? De acuerdo a nuestras fuentes consultadas, los Sánchez Paredes y su equipo de abogados defensores –liderado por César Nakasaki y Roy Gates- habrían aprovechado la actitud "garantista" propia de esta Sala, la cual suele declarar fundados todos los hábeas corpus que se les presentan. Por lo menos el juez Herminio Vigo es conocido en la Corte de Lima por esta posición garantista in extremis. Por su parte, el vocal Ventura Cueva suele apegarse también a esta corriente aunque desde una posición más constitucionalista, la que habría servido para recoger la postura adoptada al respecto por el Tribunal Constitucional, tal como se colige del contenido de la sentencia. Cabe mencionar al respecto la cercana amistad que existiría entre este vocal y Gerardo Eto Cruz, actual miembro de dicho Tribunal, quienes al parecer habrían compartido criterios al respecto. Por su parte, el fiscal Chávez Cotrina anunció ya que el Procurador del Ministerio Público, Carlos Bazán Lora, denunciará a estos magistrados por el delito de prevaricato ante la Fiscalía Suprema de Control Interno y ante la Oficina de Control de la Magistratura( 3. Conclusiones. Como señalamos arriba, lo que viene ocurriendo con ambos procesos judiciales muestra una preocupante claudicación del Poder Judicial frente a un delito de tanta gravedad como es el lavado de activos proveniente del narcotráfico, a pesar de los compromisos hechos por el Estado Peruano para combatir con firmeza este tipo de delitos en recientes tratados internacionales y al anuncio hecho por el Presidente Alan García de llevar a cabo la investigación sobre los Sánchez Paredes cueste lo que cueste. Por tanto, las máximas autoridades del Poder Judicial y el Ministerio Público deben dejar de lavarse las manos y tomar las medidas necesarias para evitar que ambas decisiones surtan sus perniciosos efectos. La posición adoptada por la Procuradora Especializadacontra el Tráfico de Drogas y Lavado de Activos, Sonia Medina, constituye así una posición valiente y decidida que debe ser seguida por otros si es que queremos que el tema del narcotráfico no se le siga escapando al Estado de las manos, tal como ya se están escapando algunos de sus implicados. |
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