| 16/7/2010 Hace ya 16 años el terrorismo fundamentalista islámico se adueñó de 85 vidas y dejó un tendal de heridos en el corazón de la comunidad judía en Buenos Aires. Dos años antes, el blanco elegido fue la embajada de Israel en nuestro país. La suspensión primero, y la cancelación definitiva después, de contratos de suministro de tecnología nuclear con la República Islámica de Irán, suscriptos en la década de los 80 por la Argentina, fueron los motivos por los cuales las máximas autoridades de la teocracia iraní de aquel entonces decidieron castigar una decisión soberana del Estado argentino, adoptada ante las evidencias que la utilización de dicho material distaba mucho de la finalidad alegada por los adquirentes. El brazo ejecutor del plan criminal fue la organización terrorista libanesa Hezbollah, quien actuó en Buenos Aires como un mero apéndice de la voluntad de Teherán. |
En marzo de 2007, por unanimidad de sus miembros, el Comité Ejecutivo de Interpol hizo lugar a la petición de circulares rojas -máxima prioridad de búsqueda para su posterior captura- de la mayoría de los acusados, decisión que fue avalada por la asamblea general de dicho organismo en su reunión anual, en Marruecos, en noviembre del mismo año, en una votación en la que una abrumadora mayoría de países apoyaron la postura argentina y llevaron a calificar de "altamente profesional" la labor de los investigadores argentinos que expusieron el caso, luego de que estos valoraran los elementos que concurrían para acreditar la responsabilidad de cada uno de los acusados. La Argentina no está sola en esta lucha. La justicia de países como Alemania, Francia y Suiza, entre otros, también encontró contundentes evidencias de la participación de funcionarios del régimen de los ayatollas en atentados y asesinatos de disidentes iraníes en sus respectivos países, contemporáneamente al atentado a la AMIA, y cuyas matrices y toma de decisión resultan notablemente coincidentes con los adoptados en el ataque a la mutual judía. En una actitud desafiante y provocativa a la que ya nos tiene acostumbrados, la República Islámica de Irán se ha negado sistemáticamente a cuanta colaboración le fue requerida por la Justicia y el Estado argentinos. No responde las rogatorias, amenaza a los investigadores, desoye los reiterados reclamos, formulados por el Poder Ejecutivo Nacional ante Naciones Unidas, no entrega a los acusados para que sean juzgados y, eventualmente, demuestren la inocencia que tanto vociferan, pero a la que poco y nada contribuyen, rechaza la realización del juicio en un tercer país o en un tribunal internacional que dependa de las Naciones Unidas, y nombra en cargos públicos con inmunidad diplomática a varios de los prófugos por el ataque. El caso del ministro de Defensa, Ahmad Vahidi, con pedido de captura y circular roja por su participación en el ataque a la AMIA, y respecto de quien la Unión Europea, el 24 de junio de 2008, recomendó a sus estados miembro congelar fondos destinados a su ministerio e impedir su entrada y tránsito por sus territorios, es un ejemplo elocuente de ello. La conducta del régimen está, en el mejor de los casos, claramente dirigida a la protección e impunidad a los acusados de terrorismo. Es hora, en este punto, de que las sociedades libres y democráticas redoblen sus esfuerzos a fin que la República Islámica de Irán cumpla con las compromisos internacionales a los que se encuentra obligada. Hace unos pocos días, la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos, en una resolución conjunta, aplaudió los esfuerzos y avances en la investigación del caso, y requirió la entrega de los sospechosos para su extradición y juzgamiento en la Argentina. En otro orden, se advierte como necesaria la implementació No seríamos los primeros. Ya los Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, Canadá y Holanda, entre otros países, han incorporado a Hezbollah a sus listados de organizaciones terroristas (tanto a la organización como a sus facciones militares o de seguridad exterior) . En el mismo sentido, el Parlamento Europeo (10 de marzo de 2005) emitió una resolución no vinculante para urgir a la Unión Europea a incorporar a Hezbollah como una agrupación terrorista. Es imperativo, entonces, que el país que debió padecer sus demenciales ataques en dos oportunidades adapte su legislación interna en aras de tan justo objetivo. Fuente: La Nación |
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Claudio E. Gershanik
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